Adrián Acosta en su libro “Príncipes, burócratas y gerentes. El gobierno de las universidades públicas en México”, publicado por la Anuies en 2009, afirma que entre 1940 y 1990 en México hubo tres grandes tipos de gobiernos universitarios, definidos a partir de quién y cómo se decide el nombramiento de su rector.

El primer tipo, denominado “gobierno unicéfalo”, es aquel en que el consejo universitario, su máxima autoridad, elige al rector a través de dos vías: elección directa de toda la comunidad , o indirecta, mediante el voto ponderado de los miembros del consejo universitario. En el segundo, “gobierno bicéfalo”, coexisten una junta o consejo de gobierno y el consejo universitario, y el primero tiene la facultad de nombrar al rector y a los directores de escuelas, con el apoyo de distintos mecanismos de consulta a la comunidad. En el tercero, el gobernador del Estado designa al rector, con base en una propuesta del consejo universitario o de la consulta por su parte.

Las diferencias entre los tres son notorias. La elección del rector, dice Acosta, es “la llave maestra” de los sistemas de gobierno universitario. A la primera corresponde una fórmula de gobernabilidad “político/burocrática”, a la segunda, “colegiada/burocrática”, y la tercera es “política”.

En los años ochenta la mayor parte de los gobiernos universitarios funcionaban con estructuras basadas en el predominio de los consejos. Por su parte, los gobiernos bicéfalos tenían entonces poca presencia, mientras que siete universidades públicas tenían como rector a quien designaba el gobernador de la entidad o el gobierno federal (el Instituto Politécnico Nacional, como hasta ahora).

En los años noventa cambió el panorama: las formas de gobierno y de gobernabilidad pasaron de esquemas unicéfalos a bicéfalos. Así, al empezar la década actual 22 universidades tenían gobiernos unicéfalos, 14 bicéfalos y uno subordinado (IPN). Para 2007, del mismo universo fueron ya 16 las que conjugaban consejos universitarios y juntas de gobierno.

Los anteriores son los hechos. Las interpretaciones pueden variar. Hay conclusiones más o menos inobjetables: la desaparición de los gobernadores como actores en la elección del rector, la mayor presencia de actores sociales externos a las universidades, que restan conflictividad y despolitizan la elección de autoridades, pero que también son apoyos y legitimación para los rectores.

En su análisis de cinco universidades mexicanas, Adrián Acosta concluye con lo que parece una obviedad, pero resulta crucial en el destino de las instituciones educativas: “un mejor gobierno universitario (un buen gobierno institucional) facilita un mejor desempeño institucional. Es decir, en la medida en que se configura un gobierno eficaz con alta legitimidad de origen o de desempeño, será posible no solamente asegurar la estabilidad de las universidades (el bien mayor en términos de muchos actores universitarios y de los gobiernos local y nacional), sino también permitir un mejor rendimiento de los procesos y resultados académicos, administrativos y financieros de las universidades”.

La elección de rector no es, en consecuencia, la oportunidad de montarse en una plataforma política, ni un triunfo individual, sino la clave para la gobernabilidad universitaria y para su desempeño responsable en la sociedad.

Fuente: Periódico El Comentario