El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior es una eufemística manera de llamar a un programa que no es nacional ni pretende financiar a toda la educación superior: está focalizado a un sector financiero y al ámbito de la enseñanza superior privada. Es, además, irónico que se llame programa nacional de financiamiento a una bolsa de recursos que excluye a las universidades públicas, sometidas año tras año a tirones que la obligan a ajustes y dinámicas alejadas de sus funciones.

Su despliegue, después de un pilotaje reconocido por el propio presidente, es un paso más en la historia -no breve ni reciente- de la privatización y mercantilización de la educación superior mexicana. Dicha historia no nació con el Partido Acción Nacional, pero sus dos sexenios en el gobierno federal profundizaron las medidas que directa o indirectamente favorecen a la instrucción privada y descalifican a la pública.

Diversas objeciones al nuevo programa ya están expuestas por periodistas y expertos en la materia. Recojo aquí una parte para ilustrar el enorme impacto financiero y simbólico del anuncio hecho en el corazón de la educación elitista del país.

Ciro Murayama recuerda tres hechos relevantes: “donde la educación depende más de las reglas del mercado, los niveles de desigualdad son mayores, como ocurre en Coreas o Chile… las deudas educativas acumuladas por los estudiantes universitarios rebasan los 600 mil millones de dólares (en Estados Unidos), los costos de la educación superior han crecido tres veces por encima de la inflación y se habla de una ´burbuja´ de la educación superior… es el grado de privatización y mercantilización de los sistemas educativos lo que les resta democratización en el acceso y los convierte en espacios inequitativos”.

Sólo agregaría a Murayama, en el final, que el grado de privatización y mercantilización del sistema educativo también es una consecuencia de un Estado neoliberal en otros órdenes.

Con la bandera de “queremos más becarios y menos sicarios” el presidente esgrime argumentos que, no dudo, cree, pero que deben ser puestos en cuestión por su fragilidad; hay evidencias palmarias. También se filtran “curiosidades”: varios medios advirtieron que los oradores no aludieron a la protesta que se llevaba a cabo para exigir el esclarecimiento de la muerte de dos estudiantes del propio Tec de Monterrey. Y ese silencio es una ominosa afrenta, especialmente para el rector de la sede, donde estudiaban los caídos.

La educación pública no necesariamente es antagónica de la privada, pero aquí está claro que hay una menosprecio, visible en hechos y discursos. Mientras se regateó el presupuesto para las universidades públicas, se destinó una cantidad imprecisa (hay dos datos: 2,500 millones dijo el presidente, 3 mil millones dijo Nafinsa) y una promesa presidencial: todo el recurso que sea necesario. Literalmente dijo: “Le vamos a meter mucho más. ¿Cuánto?, todo lo que se necesite para que cualquier estudiante que no tenga recursos para pagar su universidad pueda obtener un crédito accesible dentro de este programa.” Tal vez ignora las evidencias sociológicas: los estudiantes realmente pobres suelen no llegar hasta este tramo de la pirámide escolar.

Que dicho programa cambiará el destino de los estudiantes no hay duda. Por lo pronto, los que logren cubrir los requisitos (Banco Santander fue el primero en establecer quiénes puede ser becarios-deudores) y se conviertan en sujetos de crédito-estudiantes ya tendrán una deuda. Mientras cursan sus licenciaturas o posgrados empezarán a pagar intereses y el seguro, como explicó en un comunicado el banco español.

De entre los muchos comentarios al respecto, quiero compartir lo escrito por Manuel Gil Antón en su columna del 11 de enero en “El Universal”: “Ahora el gobierno dará dinero público a la educación superior particular: sus dueños ganan; los endeudados serán los que acepten el financiamiento, y los que sostendrán este despropósito seremos nosotros, los contribuyentes… Filantropía con dinero ajeno es una trampa: beneficia a los negocios educativos de grupos empresariales como el Tecnológico de Monterrey y, a pesar de ser un Estado laico, a entidades educativas confesionales como el Opus Dei (Panamericana), los Legionarios de Cristo (Anáhuac) o los jesuitas (en Guadalajara).”

Y mientras las universidades públicas están expuestas a las vicisitudes financieras, los bancos recibirán las transferencias en automático, en este idílico mercado que soñaba Milton Friedman. Un sector del público, por ignorancia o convicción, aplaude. La privatización de la educación superior continúa con pasos firmes, salvo que la historia por venir contradiga la tendencia.