La universidad frente a la crisis social

Los problemas de la sociedad interpelan a las universidades. Que las universidades se sientan aludidas es cosa distinta.

En las décadas reciente, la mayor resonancia de ese imperativo quizá brotó de París en 1989, durante la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. El artículo 6 de la Declaración emitida el 9 de octubre es un mandato inapelable; transcribo casi completos los cuatro incisos que lo componen, por su urgencia en una sociedad convulsionada por los lacerantes problemas de violencia, inseguridad, fragilidad económica e impunidad.

a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente.

b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario.

c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de planes de estudio e investigación educativa.

d) La educación superior debería apuntar a la creación de una nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, formada por personas cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría.

Además de la necesaria revisión de prioridades, políticas y actuaciones, las universidades públicas, cada una y en su conjunto, deben examinar con rigor cada peso ejercido en sus instalaciones y programas, sea para investigación, docencia, difusión de la cultura o la administración. El tema de fondo es muy relevante, por eso complejo; en Estados Unidos, según ilustra Philip G. Altbach, forma parte de un debate álgido: ¿cuál es la mezcla adecuada entre autonomía académica y responsabilidad social?

Nunca hubo tiempo ni dinero que perder en las universidades; jamás se justificó una universidad de espaldas a la realidad social, pero hoy, menos que nunca. Y como nunca, se vuelve un grito potente lo declarado por el rector honorario de la Universidad de Lisboa, António Nóvoa: es impensable la universidad sin el ejercicio del pensamiento crítico. Y ese ejercicio solo puede realizarse con autoridad moral desde la coherencia, conjugada con rigor y transparencia.

Las universidades públicas no son negocios privados o de grupos, y su trascendencia en países como el nuestro es máxima cuando la sociedad enfrenta niveles mayores de turbación. Es de las universidades de donde cabe esperar siempre las luces de la inteligencia y la cultura, aunque la historia no siempre les dé la razón, ni respalda esa ilusión.

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