En un texto sobre las universidades públicas mexicanas (La universidad pública en México, Miguel Ángel Porrúa/UNAM-SES, 2009) Humberto Muñoz, investigador de la UNAM, escribe un capítulo que examina las relaciones entre el subsidio federal de las casas de estudio, el tamaño de la matrícula, el número y porcentaje de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores y el porcentaje de cobertura estatal que atienden en sus entidades. Una de sus conclusiones explicaría parte de la problemática en la educación superior mexicana: “la diferenciación –tema central en su reflexión- de las universidades está ligada al monto del subsidio federal que reciben, al apoyo económico de los gobiernos estatales, al tamaño de las instituciones, al contexto demográfico y educativo en el que operan y a sus potencialidades para hacer investigación”.
A su juicio, el panorama descrito no es consecuencia de un proceso natural sino resultado de políticas educativas. La política educativa, dice Muñoz en alusión los dos más recientes programas sectoriales, insiste en ampliar la matrícula y equilibrarla territorialmente, apoyando a las instituciones educativas y entidades con menor cobertura. Además de elevar la matrícula se les exige, continúa, mejorar sus resultados, pero se escatima el subsidio, que suele entregarse con retrasos que provocan dificultades, entre otras, pasivos cuantiosos y plazas no reconocidas.
Agrega otra variable: se les pide generar recursos por fuentes alternas, en un contexto que no siempre es propicio. Y las dificultades económicas tienen otros impactos: líos en la gestión administrativa, las formas no siempre adecuadas que adoptan los rectorados y la gobernabilidad institucional.
El cuadro no termina allí. Se imponen criterios homogéneos para todas las universidades públicas estatales y una premisa común: que los rectores controlen a las comunidades y mantengan relaciones de sumisión frente a las políticas dictadas a nivel central. Los rectores no aceptaría tal conclusión, pero Muñoz construye una argumentación plausible.
Entre otros rasgos (como las alianzas políticas por el financiamiento o la mayor presencia de estructuras centrales rígidas), estos son algunos de los que definen hoy la gestión de la educación superior y la sobrevivencia de las universidades públicas frente a una política financiera restrictiva. Los efectos son, como podrá inferirse, poco estimulantes de la vida académica y de la mejora de los procesos sustanciales de la universidad; y sólo ello nos obliga a su examen crítico.
La problemática de las universidades no se puede entender lejos de sus finanzas y de su vida política, condicionadas por el entorno, pero en la medida que las instituciones educativas sean capaces de construir proyectos sólidos, menos sujetas estarán a los vaivenes tan característicos en la política y en la vida nacional. Lo que resta a las universidades, en consecuencia, es construir tal fortaleza y espera mejores tiempos, resistiendo los que hoy no son favorables. La pregunta que ahora me ronda es: ¿podemos esperar otros vientos que soplen en su favor o empezamos a trazar un itinerario distinto? (twitter@soyyanez)
Fuente: Periódico El Comentario