Los desencuentros en materia educativa no cesan desde el comienzo del gobierno federal. Apenas anunciada la iniciativa para modificar el artículo tercero constitucional, el presidente abrió varios frentes y recibió andanadas de un sector combativo, pensante y acostumbrado a marchar contra la corriente: la pretensión de borrar la educación inicial o la embestida contra la autonomía universitaria, disfrazadas de erratas, son ejemplos.
Los episodios se suman con preocupación, aunque desde la oficialidad se desdeñan e, incluso, se asumen con cierta alegría, como estertores del pasado corrupto, oscuro y deleznable que debe enterrarse. Así se observaron el rechazo a las medidas contra las estancias infantiles o los recortes presupuestales a distintos programas federales, para privilegiar los del régimen. Otras protestas fueron francamente despreciadas, como la designación de los miembros del Consejo Técnico y la Junta Directiva del organismo que se encargará de la mejora educativa por parte del Senado, convertido en oficialía de partes de la presidencia, como casi siempre ocurrió, aunque la promesa era transformadora.
La más reciente protesta del personal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, integrado por una prestigiada membresía científica, parece confirmar que este podría ser el signo del sexenio, si se empeñan en la misma línea de conducción política.
En las próximas semanas otra nube negra asoma en el horizonte: los mal llamados “rechazados” de las universidades, problema añejo, pero que será enfrentado, por vez primera, con otros estilos. Además, el gobierno tiró un chorro de alcohol en la hoguera con decisiones aplaudibles pero que exigen acciones consecuentes: abrió la puerta para la obligatoriedad de la educación superior, cuando el país todavía no garantiza el acceso ni en secundaria o media superior; las becas masivas en bachillerato; estancamiento del presupuesto para las universidades públicas y la creación de la red de universidades Benito Juárez.
Si ya la demanda superaba a la oferta tiempo atrás, este año no será distinto, y es incierto que las instituciones de la tal red resulten atractivas por la precariedad con que nacen. La propia denominación es grandilocuente: ¿universidades con una carrera?, ¿universidades sin realizar todas las funciones sustantivas?, ¿en el siglo 21, universidades sin profesores de tiempo completo, sin relaciones con el mundo académico, sin condiciones apropiadas?
Es prematuro el juicio, pero es inobjetable también, hasta ahora, que faltan señales para avizorar una época promisoria en la educación superior. Por lo pronto, los rechazados de las universidades son otro reto delicado para el gobierno federal; ojalá lo solucionen mirando el futuro, privilegiando el derecho a la educación y no el clientelismo. Pero cuidado: ofrecer instrucción de pobre calidad a los marginados de siempre no será, de ninguna manera, un paso adelante en la necesaria universalización de la enseñanza superior.