Leo en distintos portales que se anunció la creación del Consejo Municipal de Seguridad Integral en la capital de Colima, acatando lo dispuesto en la ley estatal en la materia, aprobada durante el sexenio pasado. Leí también dicha ley.

El nombre del consejo tiene su “punch” y sería muy bienvenido si no pareciera pirotecnia política, puntadas inocuas. El consejo colimense lo conforman: el propio alcalde, presidente; un regidor, como vicepresidente; la síndica, el director de seguridad pública, la directora general del DIF municipal y una madre de familia.

El Consejo, según se informó: “realizará acciones de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, instituciones y agrupaciones civiles, para trabajar en temas de seguridad de los menores, dentro y fuera de sus centros educativos”.

La cosa pareciera sensata si no tuviera varios hoyos enormes. Aclaro: la crítica no tiene foco en el municipio, pues ellos cumplen disposiciones. Vuelvo a los huecos. Por un lado, es un consejo que procurará contribuir a la seguridad dentro y fuera de los centros educativos, pero en el organismo no están los centros educativos, esto es, la Secretaría de Educación, ni siquiera la directora o director de educación y cultura (o como se llame la oficina) del municipio, y tampoco están los maestros ni los directores de las escuelas de la jurisdicción, representados de alguna manera.

Respecto a la autoridad educativa estatal, ¿con quién se va a coordinar el municipio? La Secretaría de Educación es responsable y autoridad. Por otro lado, Si la ausencia de la máxima autoridad del estado es inadmisible, la de directores de escuelas y maestros no tiene explicación ni sentido. No se puede pretender cuidar a los niños con un trabajo serio, efectivo, responsable y no meramente demagógico sin la comunidad escolar.

Podrían decirme, y lo admito, que ya luego los tomarán en cuenta, los invitarán y bla bla bla. Y puede ser que lo hagan, pero los proyectos pedagógicos, que no pueden dejar de ser políticos, hoy deben ser construidos democráticamente. Pueden proceder de arriba, como la iniciativa, pero no pueden dejar de ser empujados desde abajo, salvo que se les condene al fracaso.

A los alcaldes del estado, y a los gobiernos estatal y federal, con lastimosa generalidad, se les olvidan las primeras dos líneas del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando afirma: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.”

El enunciado es mandato: los municipios tienen una responsabilidad educativa. Falta que, además, entiendan la lección más urgente: la educación no es solo aquello que ocurre en las escuelas. Olvidan, o ignoran, que las ciudades y los pueblos educan, que las calles educan. Que la tarea educativa trasciende los muros y horarios escolares.

Lo que ahora se propone en el municipio puede ser una iniciativa loabla, deseo sinceramente que así se cuente en un par de años, pero con las escuetas notas que leo solo reconfirmo incomprensión de su tarea pedagógica e incapacidad. Otra vez espero estar rotundamente equivocado. Y de paso, que revisen y actualicen la ley estatal.