Tarde se publicó el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, sin justificación del retraso. Roberto Rodríguez, en su columna para Campus Milenio, escribió que el programa se entregó a finales del año pasado y probablemente lo detuvieron en las instancias donde deben aprobarlo: Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

El documento que leí, de 176 páginas en formato PDF, desarrolla seis objetivos prioritarios, 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

Inicia con un diagnóstico incompleto titulado “Análisis del estado actual”, sin datos, sin evidencias, solo con enunciados que afirman intenciones y descalifican a las administraciones pasadas. Después, en la explicación de las prioridades de cada uno de los seis objetivos, ya agregan indicadores en los renglones donde colocan la atención, en especial, en materia de inequidad de acceso, resultados y condiciones.

Emitido cuando el gobierno cumplió 18 meses pudo contener el resumen de las acciones emprendidas (supongo que habrá) para subsanar o comenzar a atender problemas; ruboriza leer, por ejemplo, que no hay un censo de las condiciones físicas de las 12 mil escuelas públicas de educación media superior y mil escuelas de educación superior. Eso ya lo sabíamos, debieron saberlo ellos hace un buen rato: ¿qué hicieron en estos meses?

El mismo déficit aparece cuando aluden al objetivo prioritario 5: garantizar el derecho a la cultura física y la práctica del deporte, para combatir los graves problemas de sobrepeso, sedentarismo y obesidad infantil, que colocan a México como campeón del mundo. Afirman que la SEP y la CONADE “trabajarán conjuntamente en el diseño e implementación de programas que fomenten la actividad física y el deporte…”. Desarrollarán también, expone, un modelo integral y multisectorial por nivel educativo para propiciar hábitos saludables en tres componentes: alimentación, hidratación y actividad física. De nuevo, confiesa no disponer de un inventario de infraestructura deportiva e instalaciones.

¿Cuándo vamos a tener dichos programas? ¿Cuándo los aplicarán? ¿A la mitad del sexenio? ¿Era tan complicado haber presentado ya primeros avances de dicha tarea? Ya sé que es un programa y no un informe, pero como digo, nos acercamos al primer tercio, y hace dos años comenzaron los trabajos del equipo que hoy dirige la Secretaría de Educación Pública.

Las lagunas son notorias en uno de los renglones donde se supone que los gobiernos que se declaran progresistas no darán pasos atrás: la infraestructura para hacer válido el derecho a la educación. Denunciado el abandono y la corrupción, traducido en carencia de condiciones, afirman que el recurso será insuficiente y, además, estarán concentrados en resolver los problemas derivados de los sismos de 2017 y 2018. ¿Entonces?

“El marco normativo que ha regido al SEN no ha estado a la altura de los retos resultantes de los constantes cambios sociales y mucho menos de los desafíos del siglo XXI”, afirma al explicar la relevancia del objetivo 6. Aquí la pregunta se desliza sola: con la nueva Ley General de Educación y las leyes secundarias adoptadas, ¿ya tenemos el marco para el siglo XXI?

El Programa pondera en todos los casos la búsqueda de la equidad y la inclusión; el énfasis es loable. Hay repetición de propuestas inconclusas, como la creación de un espacio común de educación superior; y otras interesantes, como la “democratización de la lectura” o “garantizar el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”. También omisiones tremendas: a punto de cumplir 100 años, las misiones culturales fundadas por José Vasconcelos no tienen una mención siquiera: ¿desaparecerán?

Vimos y seguiremos observando la congruencia entre las herramientas, condiciones, recursos y las pretensiones del Programa, porque algunas parecen inalcanzables, como el combate al grave problema del abandono escolar en media superior con distintos programas de tutorías y acompañamiento, en escuelas donde no existen profesores de tiempo completo o pagados para realizar esas actividades.

Las metas son, como es habitual, ambiciosas, pero luego se acompañan de una nota: “el cumplimiento de la meta está sujeto a la disponibilidad presupuestal”. Hay algunas deseables pero desmesuradas, como aumentar la cobertura de educación superior de 39.7% en 2018 a 50% en 2024, por tres razones, al menos: por el financiamiento que se precisaría, por la ampliación de cupos y la solución del grave problema de abandono en ese tipo educativo.

Desde el voluntarismo y la declaración de buenas intenciones alcanza para resolver algunas cuestiones, pero no los problemas estructurales. Ojalá las etapas porvenir sean más convincentes en lo que prometieron la transformación más profunda del sistema educativo.