Una ley para la educación superior

La semana anterior participé en el foro abierto por el senador Joel Padilla para analizar los alcances de la propuesta de Ley General de Educación Superior que se elaboró en el Senado. A continuación, la parte inicial de mi discurso, en la cual expongo algunos de los retos que enfrenta la educación superior, especialmente la universitaria. Retomo algunos ideas del capítulo escrito para el libro “35 años de Pedagogía. Balances y perspectivas”, de aparición próxima.

¿Es necesaria una Ley General de Educación Superior en México? Sí, sin duda. Los rezagos y desafíos que ahondó la pandemia volvían imperativo un nuevo marco para conceptualizar, regular y operar la instituciones de enseñanza superior. Pero es insuficiente.

Quiero referirme, de manera breve, a algunos de esos rezagos producto del modelo instaurado hace 30 años desde la Subsecretaría de Educación Superior.

Primero. La educación en México como derecho sigue siendo una eterna e incumplida promesa. De acuerdo con información de este gobierno, por cada 100 niños que comienzan la primaria, sólo 24 terminan una carrera profesional. De esos 100, ocho abandonan en la primaria. El abandono escolar, la mal llamada deserción, se encarniza en la educación media superior, de la cual son expulsados cada año más de 700 mil estudiantes. Tenemos todavía un sistema educativo y social inequitativos, cuyos efectos perniciosos se volvieron visibles con la pandemia.

Segundo. Hay un crecimiento considerable de la matrícula entre la última parte del siglo 20 y la segunda década del 21. Un informe reciente de la OCDE registra un crecimiento de 2.4 millones de estudiantes entre el año 2000 y el ciclo 2017-2018. La tendencia representó el acceso de jóvenes de sectores sociales que no tenían esa posibilidad, destacando la feminización. No obstante, en cobertura estamos lejos de los países más desarrollados o los del continente. Además, la matrícula se concentra en algunas carreras y estudios de licenciatura, en desmedro del posgrado.

Tercero. Domina un discurso de la calidad educativa convertida en tótem, en medio que sustituye los fines, que pliega la acción formativa a las prescripciones del rendimiento y privilegia los paradigmas oficiales de capacidad y competitividad académicas. Esa visión tecnocrática requería estrategias para comprobarla; creo una industria evaluadora para certificarla, un mercado de evaluación regado generosamente con recursos públicos que subsidiaban las evaluaciones para la acreditación. El resultado puede resumirse en la expresión con la que Luis Porter tituló su libro: La universidad de papel.

Cuarto. Reconfiguración de la profesión académica, que fragmentó al cuerpo docente entre profesores de carrera y de tiempo parcial, con distintos estamentos entre ellos. Con precarización para los de tiempo parcial, la gran mayoría, que sostiene el esfuerzo formativo de las instituciones.

Quinto. La mayor parte del esfuerzo cotidiano de las instituciones se invierte en la formación de varios millones de estudiantes, muchos de los cuales siguen proviniendo de hogares donde no hay títulos. La acción principal, en la mayoría de ellas, se deposita en la docencia. Pero no se estimula a los profesores para que enseñen mejor, sino para elevar la productividad. Si la docencia es una tarea socialmente respetable, su precarización laboral y profesional se exacerbó con los esquemas de estímulos que nacieron también, no podemos olvidarlo, como estrategias de compensación salarial frente a la pauperización.

Sexto. En general, existen pocas evidencias contundentes de una elevación de la calidad de los procesos formativos: no hay más rigor o más innovación educativa; los grupos académicos no maduran orientados por la necesidad de realizar mejor sus funciones sustantivas y las de sus facultades, centros o universidades. El mundo de indicadores gana la batalla: importan el número de programas acreditados por organismos autorizados; el nivel de consolidación de los cuerpos académicos; el grado de habilitación de sus profesores; los procesos de gestión certificados con normas ISO; las tasas de retención, egreso y titulación… la cuantofrenia, como si cada uno fuera garantía indiscutible de la calidad y rigor.

Séptimo. Severa restricción económica: presupuestos limitados para la operación de la universidades e instituciones públicas, que restringen las posibilidades de usar recursos en la renovación del “parque pedagógico”, con escenarios de austeridad, recorte de funciones y limitaciones extraordinarias. Un serio problema, no privativo de las universidades, es la financiación de los fondos de pensiones, fantasma que se tornará más dramático.

Octavo. Los procesos de multirregulación y fiscalización asfixian. Vivir bajo presiones externas y a veces insustanciales, atados por procedimientos burocráticos, obligados a aportar “evidencias” de reuniones, comisiones, tutorías, asesorías… no ofrecen el clima intelectual y laboral más estimulante. Una ventaja tienen esas condiciones: forzar la rendición de cuentas, la transparencia. Aquí cobran sentido las reflexiones sobre la autonomía, que no es el fin de la universidad, sino medio que garantiza libertad académica, pensamiento crítico y ejercicio intelectual riguroso.

Podríamos enunciar otros rasgos del diagnóstico, pero bastan para argumentar la necesidad de transformaciones profundas y eludir las cosméticas. La semana siguiente abordaré los alcances de la Ley propuesta ante esos retos.

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