Durante la campaña electoral pasada escuchamos de todos los actores políticos, en mayor o menor medida, declaraciones en torno a la relevancia de la educación. Sobre el ámbito de la educación superior, en específico, se insistió en su importancia para la transformación económica y política del país con adjetivos desmesurados respecto a las propuestas. No es novedad: prevalecen discursos demagógicos, semivacíos y propuestas poco originales; por ello, poco se podría rescatar de las miles de proclamas vertidas.
Para el caso de la educación superior la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuies, como en las dos elecciones presidenciales previas, preparó un documento que entregó a los candidatos, obteniendo de ellos aquiescencia y compromisos de apoyo, durante las reuniones celebradas en la sede del organismo. Se llama “Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior”. Contiene cinco pequeños apartados: “Avances y limitaciones en las políticas de educación superior”, “La inclusión social como principio rector de las políticas de educación superior”, “Ejes estratégicos y propuestas”, “Acciones prioritarias” y “Corolario”.
Por la extensión, en sucesivas entregas me dedicaré a analizar distintos aspectos. En esta ocasión, quiero dedicarme al balance hecho a las políticas, programas e instrumentos aplicados en la educación superior desde hace un par de décadas.
El tema que elijo me parece de suma importancia, por la propuesta central que hace el organismo, y que a la letra dice: “Construir una nueva etapa de desarrollo de la educación superior en el país, cuyos ejes sean garantizar la inclusión de los jóvenes en los procesos de formación avanzada, así como la consecución de niveles superiores de calidad y responsabilidad social de las instituciones y actores participantes en los procesos de transmisión, generación y divulgación del conocimiento”. Esto significa que, si vamos a iniciar una era, es menester que sea a partir de la revisión meticulosa de lo que antes hicimos bien y de lo que no pudimos para lograr el cometido (inclusión de los jóvenes, mayores niveles de calidad y responsabilidad en las funciones universitarias). Si no hacemos tal ejercicio, las posibilidades del error o la repetición de fórmulas fallidas será mayor. Empezar por lo que tenemos es, pues, una tarea preliminar básica para trazar otro horizonte.
Desde esa perspectiva, lo que tenemos es, a mi juicio, un diagnóstico descriptivo y plano, poco crítico y hasta cierto punto complaciente, que no profundiza en las explicaciones. Es entendible. En otros momentos estos documentos han provocado fricciones entre la Anuies y la SEP, pues las autoridades gubernamentales son muy sensibles a los señalamientos críticos y esta vez no habrá sido distinto. Por eso el tono y el contenido.
Los problemas que resalta el documento como de “urgente atención”, ya advertidos algunos de ellos, dice, desde 2006, son los siguientes: inexistencia de una política para la educación superior, la ciencia y la tecnología con visión de Estado; alcances limitados en cobertura y equidad social; escasa correspondencia entre las formas de coordinación y regulación vigentes y el tamaño y diversidad del sistema de educación superior; la persistencia de IES y subsistemas con desiguales niveles de calidad y pertinencia académica.
El balance parece tacaño. Cinco son los problemas de urgente atención: no existen otros que podrían derivarse de aquellos pero que, por su impacto, merecerían mención especial, como el financiamiento, la capacidad de sus profesores o las autoridades y los sistemas de pensiones y jubilaciones.
Dichos problemas obligan a plantearse otras metas y una visión renovada de las políticas. En su justificación, tímidos, aparecen más desafíos: el desconocimiento de la diversidad institucional y el reconocimiento de que “el actual ciclo de políticas enfrenta rendimientos decrecientes, como sucede con las políticas aplicadas en el ámbito de la evaluación y el reconocimiento de la calidad de los programas educativos, los estímulos al desempeño docente, el crecimiento desarticulado de las IES (públicas y particulares), y las acciones seguidas en materia de financiamiento por medio de programas y fondos extraordinarios que no tienen asegurada su continuidad y que han llevado a una excesiva burocratización del quehacer académico y de la gestión institucional”.
Hasta aquí un apretado balance de los problemas y retos que asoman en el documento multicitado. No tengo duda de que todos esos problemas existen, pero sí la tengo en que sean los únicos y las explicaciones, las más plausibles. No se puede plantear, por ejemplo, el tema de los estímulos al desempeño docente sin consideraciones sobre las políticas salariales, o la cobertura sin mirar al conjunto del sistema educativo y la insuficiencia del derecho a la educación de buena calidad.
En fin. Si los buenos diagnósticos no garantizan la solución de los problemas, los diagnósticos errados nos alejan de una aproximación a la solución. No creo que falte visión para ubicar los problemas en su justa dimensión, más bien, que se opta por mantener una tersa línea de continuidad con el pasado.
La comentada parcialmente es la propuesta de los rectores. Veremos qué ofrecerá el nuevo gobierno. La pregunta que me inquieta es si la próxima dirigencia educativa en el país será capaz de convocar a una propuesta realmente novedosa y atrevida para la educación superior, o mantendrá un rumbo inalterado ya después del paso del PAN por la presidencia nacional.
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