En el balance del año que se nos escapa hay claroscuros en materia educativa, aunque predominaron los grises.

El sistema educativo colimense no escapó al desastre del sexenio fallido.

Buena parte de la atención a lo largo del año la ocuparon los adeudos gubernamentales con el magisterio. Son injustificables los rezagos en el pago de nómina y prestaciones a la Sección 39 y la situación de los docentes de telebachilleratos comunitarios y educación media superior a distancia.

El problema sigue irresuelto con el nuevo gobierno, mientras aparece la varita mágica de la gobernadora.

No es asunto menor el descuido de las escuelas y las carencias materiales luego del confinamiento. Todas deberían ser modernizadas en condiciones para una enseñanza distinta. Necesitamos auténticas escuelas dignas.

De la deuda con la Universidad de Colima y las denuncias presentadas no tenemos noticias. Habrá que esperar algunas semanas, supongo, para tener novedades.

También son inquietantes los resultados en los indicadores que se usan para medir los progresos. En cobertura, abandono escolar, reprobación y eficiencia terminal la entidad debe ingresar al área de cuidados intensivos.

Habrá otros ámbitos donde encontremos saldo rojo, pero me concentré en los grandes y visibles.

Entre las razones para un cauto optimismo encuentro la conformación de un nuevo equipo en la Secretaría de Educación. Sé poco del secretario en su papel magisterial, pero algunos colegas en puestos clave me inspiran confianza para enderezar la nave con destino promisorio.

En el medio, entre grises claros y oscuros, ubico dos temas: el nuevo Plan Estatal de Desarrollo que presentó la gobernadora. Aunque lo intenté, todavía no consigo leerlo (ni siquiera tenerlo). Seguiré esperando. Ahí se trazarán las grandes coordenadas y nos podrían ilustrar si la transformación educativa llegará a Colima o será un remedo, como en el país.

Dejo en último sitio a dos actores secundarios. Primero, a la Comisión de Educación del Congreso Local. Tendría que jugar un papel relevante, pero podría conformarse con tareas menores. El otro son los ayuntamientos, a quienes tendríamos que exigir más, porque son corresponsables del sistema escolar, si hacemos caso al artículo tercero constitucional.

2021 no fue un buen año para las políticas y la gestión del sistema educativo. Ojalá tengamos pronto señales distintas para el 2022. Si no es así, estaremos condenados a perder la década.