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Analfabetas en Colima

A propósito del Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre), declarado por la Unesco en 1965, el portal Afmedios publicó una nota de Citlally Vergara que titula: “En Ixtlahuacán vive la población con más porcentaje de analfabetismo”; su fuente, la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Las cifras, tomadas con tino por la periodista, recuerdan que en Colima, en ese año, vivían 523,309 personas de 15 años y más, grupo con el cual se calcula el analfabetismo. De ellas, 95.58 % se declaró alfabeta y 3.88 %, analfabeta; el resto no lo indicó. La mayor proporción de analfabetas son mujeres (53.79%). En el país, el analfabetismo se fijó entonces en 5.5 %, con extremos en Chiapas (14.8 %), Guerrero (13.6 %) y Oaxaca (13.13 %), y en Ciudad de México, Nuevo León y Baja California, con 2 % o menos de su población iletrada.

En Colima, por municipios, el más avanzado es Villa de Álvarez, con 1.71 %, como en los mejores estados del país; el rezagado, Ixtlahuacán, con 10.56 % de analfabetas, cerca de las entidades con peores números. También con cifras elevadas, Armería (8.68 %) y Tecomán (7.31 %).

Un programa federal lanzado posteriormente redujo las cifras nacionales y estatales, pero no la crudeza del problema, porque el concepto que se usa para medir el analfabetismo es bondadoso: personas que no saben leer ni escribir un recado, definición obsoleta en una época donde las tecnologías democratizan el acceso a la información (fidedigna o basura), pero también profundizan brechas. Un ajusto del concepto estallaría las cifras de analfabetas, cosa que políticamente resulta indeseable, por supuesto.

Otra cara del problema educativo es el grado de escolaridad de la población en México, actualmente de 9.2 grados. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre 1970 y 2016 la escolaridad promedio se elevó 1.3 grados cada 10 años, así que faltarían 22 años para llegar a los 12 promedio de escolaridad, y dos décadas más para cubrir los 15 grados que la Constitución decreta como obligatorios para el Estado y derecho para el ciudadano, esto es, más allá de la mitad del siglo.

Finalmente, en un día que conmemora los progresos mundiales y nacionales en la materia, conviene recordar siempre a Paulo Freire, para quien el analfabetismo no es una hierba dañina, sino expresión de sociedades injustas.

Dos años del INEE en Colima

En julio de 2016 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación abrió su casa en Colima. En estos días celebramos los primeros dos años, con ánimo renovado y proyectos en construcción, con equipo integrado y entusiasta.

La historia es corta y puede resumirse en un tuit: en abril de 2016 asumí el cargo de director general adjunto, en junio del mismo año seleccionamos el equipo de trabajo, en julio abrimos el edificio y la maestra Sylvia Schmelkes inauguró en enero de 2017.

Los 24 meses han sido intensos; unos más que otros, sin tregua. En momentos el desafío fue extremo: como personas y como equipo, por fortuna, los sorteamos y crecemos en ambas dimensiones. Somos un grupo en aprendizaje perpetuo, en movimiento incesante, como la vida del Instituto.

Cuando se hizo público mi nombramiento, muchos amigos en el ámbito educativo me felicitaron. Algunos de ellos, con buena o insana intención, me preguntaron por qué trabajaría con el secretario de Educación estatal; algunos aludían a la delegación federal de la SEP. Ese elemento es constante todavía: se conoce poco al Instituto, o no tanto como sería deseable. Es común empezar las conversaciones informales o charlas aludiendo a la condición legal del INEE, a la Junta de Gobierno o su estructura orgánica. La sorpresa de sus rostros dibuja una de las zonas urgidas de aceleración: la comunicación social. La autonomía es una de las víctimas principales.

Comunicar mejor, más ampliamente, a nuevas audiencias, con mayor impacto y reinventando la interlocución permitirá que los reportes, informes, estudios y documentos que genera el Instituto se conviertan en herramienta útiles y apreciadas por los actores principales del sistema escolar. La tarea es colectiva, no de una oficina; el desafío, global.

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Si el pueblo leyera… y AMLO


Estos días he leído abundantes comentarios en Twitter acerca de la frase que algunos atribuyen a Pedro Ferriz y concluye así: “…Si el pueblo leyera, AMLO no sería presidente”. Se acuñó a propósito de la consulta sobre el aeropuerto nuevo para la Ciudad de México, pero es irrelevante para la intención que anima estas líneas.

Aclaro de una vez y sin ambages: no soy abogado de AMLO (ni fustigador). Mi centro es otro. Me indigna la intolerancia que azuza aquel tipo de definiciones; la fatuidad de suponer que quienes no son iguales o piensan distinto son detestables.

En principio, la frase de marras cree que ser lector gestiona un pasaporte de infalibilidad y superioridad moral, política e intelectual. Los ejemplos que desmienten no son excepción: en los años recientes dos presidentes mexicanos declararon y surtieron muestras inapelables de que no eran lectores consuetudinarios ni gozosos.

La lectura no es una patente de corso. Importa el hábito, sin duda, pero para las decisiones ciudadanas, también importa qué se lee, cómo se lee, para qué se lee y contra qué se lee; además, cuenta el contraste de opiniones, la diversidad y apertura.

Nunca olvido a José Saramago cuando dijo: el hombre más sabio que conocí (su abuelo) era analfabeto. El analfabeto no puede leer textos, pero eso no le degrada en su condición humana. El analfabetismo no es un pecado ni una hierba dañina que debe erradicarse, es una expresión de sociedades injustas, afirmó sabiamente Paulo Freire, quien sostenía también que nadie lo sabe todo y nadie lo ignoro todo en el acto educativo, y en la vida; con lecturas o sin libros.

Me indigna aquella expresión no porque vaya dirigida al próximo presidente de la República, sino porque anida odio a los otros, al otro sin el cual no somos, y con esa animadversión no se construyen sociedades civilizadas, respetuosas, divergentes pero tolerantes.

Esa fractura enorme que parece pronunciarse en la sociedad mexicana, que venía de antaño y sigue acentuándose es, probablemente, el reto político más trascendente. Parece invisible, pero está vivo y crece.

Sin alimentación ni educación un país no puede ingresar al siglo XXI, afirmó Carlos Fuentes en una conferencia en Costa Rica (julio de 1997), sobre la importancia de la educación en el entonces próximo nuevo milenio. La educación es más que enseñar el abecedario o las operaciones aritméticas, la ciencia o la historia, una profesión, es la formación de los ciudadanos en todas las dimensiones que lo componen, entre otras, la ética. En esa materia, que hoy se evalúa poco y pondera inadecuadamente, las redes sociales, las calles, la violencia y la impunidad nos colocan en estado de indefensión.

Leer es necesario, saludable, puede ser divertido y es políticamente correcto, pero no es suficiente para ser buen ciudadano. Formar el hábito es tarea de la escuela, pero no solamente de los maestros. Otra vieja enseñanza que nos legó Paulo Freire es que no se pueden leer textos sin contextos: palabras lejanas o de espaldas a la realidad. Solo nosotros, el colectivo, seremos responsables, y cada uno ha de empezar en sus mensajes en redes sociales y en su comportamiento familiar y ciudadano. ¿Podremos? ¿Queremos?

Agenda de temas educativos pendientes

Un apreciado periodista me invita a escribir del tema principal de mis artículos: la educación. Y luego me desgrana algunas de las líneas que considera relevantes en su jerarquía, que comparto en buena medida: formación de valores y el papel de la escuela, cuotas, corrupción en los centros educativos (con las cuotas y las parcelas escolares, específicamente) y la situación de las escuelas multigrado.

El coctel que me ofrece el periodista y amigo es apetitoso, pero también campo minado. Tengo por costumbre hilar mis artículos con ideas que puedo sostener y defender, con argumentos y eventualmente suposiciones o interrogantes. Opino cuando sé del tema, o creo saber; y cuando lo hago, asumo consecuencias.

Ante el temario sugerido me sorprendo por la precariedad de mis argumentos. Las cuotas están prohibidas y no se me ocurre pensar que un director de escuela en Colima, con tres dedos de frente, se atreva a implantarlas con disfraces o subterfugios; si es el caso, agradecería datos, pruebas, pistas.

En el asunto de las parcelas escolares quisiera pensar que siguen teniendo la vigencia pedagógica que las originó, como territorio natural para aprendizajes reales, de subsistencia vital y colectivas. Más allá de eso, no me atrevo a insinuar malos manejos; podrían decirme que peco de ingenuo, y lo acepto; repito: las pruebas son bienvenidas.

La formación de modales y valores en la escuela es un territorio para análisis que desbordan una página breve; y las escuelas multigrado también, aunque aquí caben primeras y firmes posturas: la escuela multigrado es, desde mi punto de vista, la expresión de sociedades injustas y políticas educativas obsoletas y rebasadas por la realidad y la legalidad.

Si la educación de calidad es un derecho de todos solo por haber nacido en el país, la escuela multigrado no debería existir como funciona habitualmente, fincada en el trabajo solidario y comprometido de sus profesores, pero sin proyecto educativo y curricular sólido, sin profesores preparados ni materiales ad hoc. No es un problema de voluntades o capacidades inherentes a la decisión de los maestros, es deficiencia estructural del sistema.

La invitación del citado colega y periodista es tentadora y la acepto, pero la iré desgranando con argumentos, con datos y no solo con las suposiciones que también caerán, por supuesto, pero con alguna evidencia.

 

¿Qué hacemos para mejorar la educación?

El 7 de mayo la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó en conferencia de prensa Educación para la democracia y el desarrollo de México, “un conjunto de reflexiones… cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional”. Responde a la pregunta que titula esta colaboración, desde una perspectiva fundada en las capacidades personales de los consejeros y el trabajo del Instituto durante los años recientes.

La pregunta es sencilla y urgente; la respuesta, compleja, se sintetiza con claridad en 32 y 74 cuartillas, extensión de las versiones disponibles en www.inee.edu.mx. La iniciativa es animada por las tareas centrales del INEE, especialmente la que indica, según el propio documento: “Crear una sociedad informada en materia educativa y estimular con ello la participación social en el debate educativo”.

El título es toma de posición: el Estado educa para la democracia y para el desarrollo integral de los individuos y la nación. La definición podría parecer inocua, pero es relevante, porque deriva procesos, mecanismos y criterios para evaluar avances.  Si el sentido de la educación es promover la ciudadanía, por ejemplo, los procesos que desarrolla el sistema escolar deben colocarlo en el centro; implica la asunción del hecho educativo como bien público y función social (por tanto, política), más allá de la alfabetización o certificación para la escolaridad.

El documento se compone de varios apartados de lectura ágil: principios de la política educativa, objetivos de la política educativa, problemas del sistema, actores principales, temas estratégicos, el INEE en la política educativa y diez propuestas.

La Introducción reconoce la centralidad de la educación para el país, a partir del condicionamiento que experimenta por el contexto económico y social. Recupera evidencia incontrovertible: “es difícil esperar que reformas internas del sistema educativo tengan el éxito deseado si no se remueven de manera simultánea circunstancias del contexto que colocan a muchos mexicanos en situación de extrema adversidad”.

Los resultados del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes en 2017, en secundaria y media superior, demuestran de manera rotunda el peso de las variables del entorno en el logro de aprendizajes en las áreas que miden las pruebas.

Cinco principios de la política educativa privilegia la Junta de Gobierno: la rectoría que el Estado debe ejercer en educación; el derecho a la educación, que no puede reducirse nunca más solo al acceso a la escuela; la educación con justicia, anhelo que tuercen las desigualdades sociales, y colocan en riesgo permanente a la escuela como reproductora de desigualdades entre regiones, grupos e individuos; atención a la diversidad, para combatir todas las caras discriminatorias que refleja el sistema educativo, como el abandono en secundaria y media superior, de cuyas filas son expulsados cada año más de un millón de estudiantes. Finalmente, el principio de la evaluación como pilar para la mejora, que no es suficiente en sí mismo, si no está ligado a la toma de decisiones y a la deliberación inteligente, plural y comprometida de los implicados en la gestión educativa y pedagógica. Leer más…

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