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Volver a las escuelas: cómo y cuándo

El debate por la vuelta a las escuelas en estos tiempos de pandemia tiene dos posturas firmes: no a la presencialidad, hasta que haya condiciones sanitarias y laborales o vacuna; la otra, prolongar la modalidad remota de educación perjudicará más las posibilidades de los que menos tienen, es preciso, por lo tanto, volver a las aulas, pues distintas evidencias muestran que los niños no son el foco de propagación supuesto.

Se discute el tema en distintas latitudes; en México menos, pero ocurrirá en algún momento con fuerza.

Esta mañana leí el pronunciamiento de un grupo diverso de educadores argentinos; proponen un “acuerdo de concertación educativa” para que el 2021 sea mejor que 2019 y logremos el retorno seguro y con los aprendizajes adquiridos de estos meses.

Mariano Narodowski, uno de los promotores de la iniciativa, en su cuenta de Twitter plantea una idea sugerente para invitar a la lectura: proponer la vuelta a clases sin ideas y criterios concretos, para funcionarios concretos y escuelas concretas, no parece muy productivo. Así lo creo. El debate debe superar la grieta o fractura entre posiciones políticas y pedagógicas e instalarse en otra perspectiva. En México también aplica.

A continuación, por su valía para un debate con ideas, comparto en forma breve los 12 puntos de la iniciativa suscrita por un abanico creciente de personas con posturas divergentes, pero que suman a la necesidad de superar la situación que enfrentan Argentina y otros países del continente.

1. Todos queremos que las escuelas reabran y así regresar a la educación presencial.
2. La educación debe ser prioridad real, no una mera declaración.
3. La vuelta a clases requiere un consenso que incluya a todos los actores de la educación.
4. No queda margen para seguir descuidando la infraestructura sanitaria básica en las escuelas.
5. Es urgente garantizar las condiciones de conectividad y equipamiento para los sectores que no cuentan con ellas.
6. Es preciso mapear y movilizar todos los recursos para garantizar el derecho a la educación, priorizando a los sectores desfavorecidos.
7. La vuelta a la escuela no puede ser improvisada.
8. Los docentes conocen como nadie el territorio real. Es imprescindible que las decisiones incluyan también a directivos y docentes en los ámbitos de gestión y decisión, dado que las respuestas deberán ser diversas, según las características de cada institución.
9. El peor escenario es la autonomía escolar perversa, en la que cada institución y cada docente resuelven los problemas aisladamente y con muy escasos apoyos y acompañamiento
10. La escuela es también ese lugar en el que se detecta y actúa ante la vulneración de derechos.
11. Los problemas socio-pedagógicos emergentes requieren un abordaje que articule macro y micro políticas educativas.

La número doce la copio completa por su valor y convocatoria: “2021 tiene que ser mejor que 2019. No hay certezas; hay desigualdades y problemas socioeducativos que se arrastran desde hace mucho tiempo. Pero contamos, por un lado, con una enorme experiencia pedagógica y didáctica acumulada gracias al gran esfuerzo que realizaron los docentes este año en todas las escuelas del país, y por el otro con investigación en territorio desde universidades públicas, privadas e institutos de formación docente. Con esa materia prima se pueden dar respuestas nuevas para los desafíos que se nos imponen, esperando que la política educativa las promueva, las apoye, las acompañe y las potencie”.

Un debate educativo razonable, informado y al margen de las posturas pro o contra el gobierno federal (para salvar la “grieta”, dicen los colegas argentinos), es indispensable para que en el regreso a las escuelas aprobemos el examen de las lecciones que no está dejando, a manos llenas, la pandemia.

La necesidad del encuentro pedagógico

Hace un mes comenzamos la agenda de presentaciones del libro Cuando enseñamos y aprendimos en casa. La pandemia en las escuelas de Colima, registro de múltiples voces de distintas procedencias y funciones diversas al interior del sistema educativo local.

A la fecha, acumulamos ocho eventos en instituciones educativas, el portal periodístico Educación Futura y en la Secretaría de Educación, donde arrancamos el periplo. Las satisfacciones son inmensas, aunque también hemos tenido penas en el viaje.

Cada una de las sesiones en pantalla, con sus diferencias, por naturaleza de auditorio y comentaristas, estuvo llena de buenos momentos. La última presentación, el sábado anterior, tuvo otras particularidades: fue presencial en el Seminario Diocesano de Colima, ese pequeño oasis al norte del estado, con una asistencia reducida pero muy receptiva y con formato más dialógico.

Comenzamos la mañana con la participación de tres estudiantes, Oscar, Heliodoro y Aldo, quienes leyeron sus opiniones en tonos distintos pero muy interesantes. Luego vino el diálogo con un puñado de preguntas de los estudiantes y del rector, el presbítero José Luis Torres Govea, atento con cuaderno y pluma a la mano.

La jornada, bien planeada por Juan Carlos Meza Romero, fue un encuentro pedagógico espléndido. Reencuentro con los otros, en torno a un fenómeno mundial que interpela de raíz la vocación magisterial y el sacerdocio de los ahí actuantes, pues ambos sufrimos los efectos que nos obligan a cuestionarnos por el sentido de nuestras labores.

Los meses de confinamiento pedagógico han dejado una estela de efectos negativos, unos temporales y otros que podrían ser estructurales, pero también nos han ofrecido posibilidades nuevas, que eludíamos o no habíamos visto, entre otras, para la valoración del diálogo frontal, de mirarnos a la cara al mismo tiempo y encontrarnos con diferencias, pero atados por las misiones, para reconocer que en el acto educativo, sin emoción, la posibilidad del aprendizaje y la buena educación se difuminan.

Una ley para la educación superior 2

La semana anterior presenté la primera parte de mi participación en el foro al que convocó el senador Joel Padilla, donde analizamos la propuesta para la Ley General de Educación Superior. Allí expuse algunos rasgos para el diagnóstico de ese nivel educativo; hoy, sigo con los alcances de dicha iniciativa frente esos problemas.

Alcances de la Ley General de Educación Superior
Algunos expertos identifican cinco rasgos deseables para las universidades de nuestra región continental: ejercicio responsable de la autonomía, democracia, calidad, formación integral y universidad virtual.

La propuesta de Ley recoge estas aspiraciones. Atisba esos horizontes y en ello reside parte de su acierto. Es insuficiente, lo sabemos. El Senado ha hecho parte de su tarea, pero tiene que construir y coadyuvar al entramado institucional, el diseño de políticas y la concreción de prácticas que en el mediano plazo reorienten a las instituciones públicas y privadas en el sentido deseable. Y muy importante: tiene que cumplir los compromisos para generar condiciones de certidumbre a los jóvenes, a los profesores y a las universidades, de tal suerte que el derecho a una buena educación sea asequible, accesible y aceptable.

La Ley General propuesta tiene virtudes que sólo en el papel serán ineficaces. Su defensa de la autonomía es virtud; y la intención de blindarla, indispensable, pero exige corresponsabilidad. La universidad tiene que ejercer su autonomía con responsabilidad. La universidad que ejerce a plenitud su autonomía está comprometida socialmente y es incluyente. La autonomía no es un fin, es medio, escudo pero no impunidad.

Instaurar vida colegiada donde hacía falta y refrescar la existente es otra virtud de la Ley comentada, con la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y el impulso a las Comisiones Estatales, así como con la propuesta de contar con un programa nacional y programas estatales del tipo educativo.

Sin calidad el derecho a la educación es un ropaje legitimador de desigualdades sociales. La revisión de la historia de la universidad, desde el año 124 a. C., con la fundación de la Universidad Imperial China, revela que ellas fueron o aspiraron a ser la casa de los más ilustres: no fue lugar para la charlatanería o la superficialidad. Así fue como se erigió el sistema de educación superior más prestigiado, el estadounidense, atrayendo a los mejores estudiantes y profesores del mundo.

Si la educación superior o la universidad no cambian por iniciativa propia, otras fuerzas van a dirigir su transformación. Si no es capaz de reinventar su misión, se la impondrán las condiciones históricas. La pandemia podría ser una fuerza inesperada que empuje transformaciones insospechadas.

La universidad tendría que ser el mejor lugar para innovar. En distintas partes del mundo los expertos se preguntan. ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué camina lento en su transformación? ¿Por qué, si en ella son centrales el pensamiento, el rigor, la libertad, la ciencia y el conocimiento, las universidades no son el modelo de innovación en las sociedades?

La educación superior, sin dejar de preparar profesionales, artistas, científicos, licenciados, médicos, ingenieros, forma ciudadanos, y ellos no se forjan en ambientes autoritarios. La democratización de la vida universitaria es uno de los mejores escenarios que puede depararnos el siglo 21, porque no se conformará por ínsulas ni federaciones de pequeñas monarquías.
La universidad es crítica y autocrítica; una institución que no es capaz de transformarse a sí misma no puede contribuir a la transformación social.

Las universidades no pueden fracasar, nos alerta António Nóvoa, ex rector de la Universidad de Lisboa. Eso también es nuestra responsabilidad, la de sus comunidades académica y estudiantil.

La Ley General de Educación Superior es un marco y pretexto ideal para emprender la más ambiciosa transformación un siglo después de la fundación de la SEP por un ilustre rector de la Universidad Nacional. Veremos el resultado al final de este sexenio.

Una ley para la educación superior

La semana anterior participé en el foro abierto por el senador Joel Padilla para analizar los alcances de la propuesta de Ley General de Educación Superior que se elaboró en el Senado. A continuación, la parte inicial de mi discurso, en la cual expongo algunos de los retos que enfrenta la educación superior, especialmente la universitaria. Retomo algunos ideas del capítulo escrito para el libro “35 años de Pedagogía. Balances y perspectivas”, de aparición próxima.

¿Es necesaria una Ley General de Educación Superior en México? Sí, sin duda. Los rezagos y desafíos que ahondó la pandemia volvían imperativo un nuevo marco para conceptualizar, regular y operar la instituciones de enseñanza superior. Pero es insuficiente.

Quiero referirme, de manera breve, a algunos de esos rezagos producto del modelo instaurado hace 30 años desde la Subsecretaría de Educación Superior.

Primero. La educación en México como derecho sigue siendo una eterna e incumplida promesa. De acuerdo con información de este gobierno, por cada 100 niños que comienzan la primaria, sólo 24 terminan una carrera profesional. De esos 100, ocho abandonan en la primaria. El abandono escolar, la mal llamada deserción, se encarniza en la educación media superior, de la cual son expulsados cada año más de 700 mil estudiantes. Tenemos todavía un sistema educativo y social inequitativos, cuyos efectos perniciosos se volvieron visibles con la pandemia.

Segundo. Hay un crecimiento considerable de la matrícula entre la última parte del siglo 20 y la segunda década del 21. Un informe reciente de la OCDE registra un crecimiento de 2.4 millones de estudiantes entre el año 2000 y el ciclo 2017-2018. La tendencia representó el acceso de jóvenes de sectores sociales que no tenían esa posibilidad, destacando la feminización. No obstante, en cobertura estamos lejos de los países más desarrollados o los del continente. Además, la matrícula se concentra en algunas carreras y estudios de licenciatura, en desmedro del posgrado.

Tercero. Domina un discurso de la calidad educativa convertida en tótem, en medio que sustituye los fines, que pliega la acción formativa a las prescripciones del rendimiento y privilegia los paradigmas oficiales de capacidad y competitividad académicas. Esa visión tecnocrática requería estrategias para comprobarla; creo una industria evaluadora para certificarla, un mercado de evaluación regado generosamente con recursos públicos que subsidiaban las evaluaciones para la acreditación. El resultado puede resumirse en la expresión con la que Luis Porter tituló su libro: La universidad de papel.

Cuarto. Reconfiguración de la profesión académica, que fragmentó al cuerpo docente entre profesores de carrera y de tiempo parcial, con distintos estamentos entre ellos. Con precarización para los de tiempo parcial, la gran mayoría, que sostiene el esfuerzo formativo de las instituciones.

Quinto. La mayor parte del esfuerzo cotidiano de las instituciones se invierte en la formación de varios millones de estudiantes, muchos de los cuales siguen proviniendo de hogares donde no hay títulos. La acción principal, en la mayoría de ellas, se deposita en la docencia. Pero no se estimula a los profesores para que enseñen mejor, sino para elevar la productividad. Si la docencia es una tarea socialmente respetable, su precarización laboral y profesional se exacerbó con los esquemas de estímulos que nacieron también, no podemos olvidarlo, como estrategias de compensación salarial frente a la pauperización.

Sexto. En general, existen pocas evidencias contundentes de una elevación de la calidad de los procesos formativos: no hay más rigor o más innovación educativa; los grupos académicos no maduran orientados por la necesidad de realizar mejor sus funciones sustantivas y las de sus facultades, centros o universidades. El mundo de indicadores gana la batalla: importan el número de programas acreditados por organismos autorizados; el nivel de consolidación de los cuerpos académicos; el grado de habilitación de sus profesores; los procesos de gestión certificados con normas ISO; las tasas de retención, egreso y titulación… la cuantofrenia, como si cada uno fuera garantía indiscutible de la calidad y rigor.

Séptimo. Severa restricción económica: presupuestos limitados para la operación de la universidades e instituciones públicas, que restringen las posibilidades de usar recursos en la renovación del “parque pedagógico”, con escenarios de austeridad, recorte de funciones y limitaciones extraordinarias. Un serio problema, no privativo de las universidades, es la financiación de los fondos de pensiones, fantasma que se tornará más dramático.

Octavo. Los procesos de multirregulación y fiscalización asfixian. Vivir bajo presiones externas y a veces insustanciales, atados por procedimientos burocráticos, obligados a aportar “evidencias” de reuniones, comisiones, tutorías, asesorías… no ofrecen el clima intelectual y laboral más estimulante. Una ventaja tienen esas condiciones: forzar la rendición de cuentas, la transparencia. Aquí cobran sentido las reflexiones sobre la autonomía, que no es el fin de la universidad, sino medio que garantiza libertad académica, pensamiento crítico y ejercicio intelectual riguroso.

Podríamos enunciar otros rasgos del diagnóstico, pero bastan para argumentar la necesidad de transformaciones profundas y eludir las cosméticas. La semana siguiente abordaré los alcances de la Ley propuesta ante esos retos.

Sucesión rectoral en la UdeC: otra perspectiva

En su libro La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora, Miguel Ángel Santos Guerra cuenta una leyenda que atribuye a los persas: en el principio de los tiempos, dice, los dioses partieron la verdad en pedazos y la repartieron; en consecuencia, nadie la posee y quien la pretenda, debe reunir todos los trozos. Luego aplica la lección al ámbito educativo: nadie tiene la verdad, ni el director sobre la escuela, ni el maestro sobre el aula; tampoco el secretario de educación sobre el sistema, o el rector sobre la universidad. Nadie.

La lección, válida para quien se asuma medianamente democrático, exige del concurso de todos: la opinión de los miembros del colectivo escolar, aúlico o universitario. Me gusta decir que en algunos temas, como hábitos higiénicos, por ejemplo, la persona que limpia los baños y asea las aulas puede opinar con más argumentos que nadie en la escuela o, por lo menos, ofrece otros elementos fehacientes.

Pensar democráticamente, como afirma Miguel Ángel Santos Guerra, y como define la propuesta de Ley General de Educación Superior que analizaremos este lunes en Colima, exige replantear las visiones centralistas y cuasi míticas que a veces prevalecen en las instituciones educativas superiores.

El nuevo rector (o rectora) de la Universidad de Colima, desde esta perspectiva, tendrá la oportunidad de practicar esa visión de la autoridad, dando cabida a todas las opiniones, o ejercerla de otras formas, que no admitan verdades distintas a las suyas, vicio encarnado en la cultura política mexicana. Y las universidades no son entidades angelicales. Paulo Freire aseguraba: la educación es sustantivamente política y adjetivamente pedagógica.

Cambio de coordenada al interior del campus. Hace diez años, cuando se celebraron los 70 de la Universidad de Colima, uno de los homenajeados el 16 de septiembre fue Ángel Díaz-Barriga, reconocido experto en México y América Latina. En el discurso por la obtención del doctorado honoris causa, Ángel postuló como tesis central que la tarea de pensar a la universidad es una obligación intelectual, social y ética. Al mismo tiempo, pensar a la universidad implica pensarnos a nosotros, quienes en ella laboramos.

La sucesión rectoral es una buena ocasión, inmejorable e ineludible, como se quiera, para pensar a la Universidad de Colima y pensarnos en ella, porque la Universidad que hoy tenemos es resultado de las generaciones que se fueron, pero la que vendrá es la que dejaremos, porque la rendición de cuentas no es solo un informe efímero. También es compromiso con el futuro.

Juntos, con nuestras diferencias, dando espacio a todas las voces, será menos complicado el nuevo viaje que debe emprender la Universidad de Colima a partir de los próximos días, en que tendremos otro rectorado. No es fácil, pero es necesario e impostergable abrir canales y recoger los pedacitos de la verdad que cada cual tiene.