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La educación también es buena noticia

En semanas recientes tuve el privilegio de participar en distintas actividades de tres universidades públicas estatales. Varias lecciones extraje de las andanzas Tres me interesa resaltar. Mi primera conclusión es esperanzadora: la educación también es buena noticia. La segunda, reafirma convicciones: en todas las escuelas hay buenos maestros, en todas las universidades hay gente comprometida, decidida a resolver con imaginación, tenacidad y determinación los problemas en su trabajo profesional, como el aprendizaje de los estudiantes o sus propias prácticas de enseñanza. La tercera: los maestros demandan espacios para ser escuchados, aprender, reconocerse y entusiasmarse.

En las tres universidades autónomas, de Coahuila, Yucatán y San Luis Potosí, encontré muchos colegas, maestros de bachilleratos y facultades, autoridades y directores, convencidos de la urgencia de cambiar, de la necesidad de transformaciones ante dificultades o por la búsqueda de cuotas más altas de calidad. Profesores convencidos y comprometidos.

Lo más enriquecedor fue el contacto personal, la conversación en la sala donde los maestros exponen carteles con sus ponencias y la forma emotiva en que narran sus ideas o proyectos, el involucramiento de los alumnos; me gusta escucharles con atención; mirarles a los ojos, además de las letras e imágenes de las mamparas, preguntar y asentir, esto es, reconocerles el esfuerzo genuino.

Por supuesto, también me gustan las preguntas y comentarios al terminar las conferencias. Una charla que concluye sin ellas es fracaso, pues no concitó diálogo o no resultó interesante. En una ocasión, un ponente antes que yo, terminó y el moderador ni solicitó interrogantes: agradeció y entregó un regalo al conferencista. Advertido, pedí previamente a los organizadores que no me hicieron lo mismo. Es que si uno tuvo 40 minutos o una hora para hablar, los asistentes deben tener tiempo para decir lo que piensan, sus acuerdos o disensos.

Los talleres o cursos son ocasión muy rica en posibilidades de comunicación, donde el coordinador puede aprender más de lo que comparte. Y de eso también tuve oportunidad, con una treintena de profesores de varias regiones coahuilenses, de bachilleratos y facultades, con quienes analicé un tema controvertido y apasionante: la evaluación docente.

Esa experiencia, esto es, el aprendizaje, el contacto personal en una profesión que es sustancialmente humana, es el más reconfortante de los beneficios de compartir tiempos y espacios con colegas de otras geografías y formaciones profesionales.

La educación también es una buena noticia cuando se busca y se promueve, cuando observamos atentos la tarea de los maestros o directores, cuando las autoridades abren los espacios y se instalan como protagonistas quienes deben serlo. Un privilegio de esta profesión a veces agotadora, desgastante, pero siempre estimulante.

La universidad que deseamos

Una institución comprometida con la transformación social solo puede cumplirlo si está dispuesta a la transformación de sí misma. Y la transformación de sí misma pasa, necesariamente, por pensarse en voz alta, con los otros, en interlocución. Ambas premisas tienen vigencia perpetua en las universidades. La lección es casi una perogrullada: los cambios en las universidades no se consiguen por los dictados de la autoridad; el respaldo de las comunidades es imprescindible. La obra educativa es social. Pero también pensar la universidad, y que sus actores se piensen a sí mismos es condición para cualquier avance.

Las ideas vienen al vuelo porque esta semana la Universidad Autónoma de Coahuila realiza un encuentro académico al que titula con el nombre de esta colaboración: la universidad que deseamos. En la denominación se lee una aspiración, una invitación provocadora; pretextos estupendos para el coloquio, para el juego de las palabras. Seré testigo privilegiado del acontecimiento, pues los organizadores me invitaron para compartir una conferencia y coordinar un taller. ¡Asisto con gusto y honrado por el privilegio!

La conferencia que preparé tiene como nombre: La universidad que soñamos. Articula la intención del encuentro y mi libro “La escuela que soñamos”. Aunque el libro toma como referencia a la escuela en tanto institución social, sin identificarla con un nivel educativo, la conferencia desafía a imaginarme los rasgos de la universidad que sueño, la universidad que, estoy seguro, algunos soñamos.

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El INEE en Colima

Dos son las preguntas recurrentes sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La segunda, qué hacemos en Colima. La respuesta depende del tiempo y circunstancia, el interrogador e interés. A continuación, una respuesta breve al cuestionamiento.

El INEE es un órgano constitucionalmente autónomo, cuya actividad genérica es la evaluación de la educación, con la finalidad de contribuir a que se garantice el derecho a la educación de calidad con equidad para todos en el país. Ergo: no se evalúa por evaluar, aplicar exámenes y emitir reportes.

El cometido que los legisladores en 2013 le adjudicaron al Sistema Educativo Nacional, y al INEE, es imposible de alcanzar en un periodo corto. La lección universal es clara: transformaciones genuinas en los sistemas educativos no son factibles en un sexenio o una década. Lo cual no significa que deban esperarse 15 o 20 años, sino que deben realizarse evaluaciones periódicas que ofrezcan indicadores para ponderar avances e identificar dificultades o desaciertos en los actores, en las prácticas, políticas, programas y decisiones gubernamentales.

Al INEE, entonces, le corresponde acompañar ese inapelable desafío del sistema educativo, realizando evaluaciones, produciendo información y recomendaciones de política, pero no es responsable de ejecutarlas, pues es facultad de las autoridades en la federación y entidades. De la Reforma Educativa derivaron los compromisos que debe cumplir el INEE y que nosotros, en las entidades, operamos en coordinación con autoridades educativas y escolares, con profesores, estudiantes, padres de familias y organizaciones sociales.

En 2017, en Colima realizamos 4 proyectos: Evaluación de la Oferta Educativa en preescolar; dos operativos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en educación media superior y secundaria, y una prueba piloto de Planea en preescolar, que posteriormente aplicamos en 2018. En este año, además de Planea preescolar, realizamos el correspondiente a primaria; coordinamos dos evaluaciones internacionales y en unos días Evaluación de la Oferta Educativa en secundaria.

En cada proyecto preparamos una estrategia sobre la muestra definida a nivel central, buscamos personas adecuadas para las funciones de cada equipo, las entrevistamos, reclutamos y luego capacitamos. El tamaño de los equipos depende de la muestra: hemos tenido operativos con más de 100 personas y otros con 3 u 8.

Aplicados los instrumentos, digitalizamos, ordenamos y remitimos para su análisis estadístico a oficinas centrales. La siguiente es la parte más interesante, desde mi punto de vista. Recibimos un reporte nacional y el correspondiente a Colima, y preparamos una estrategia de difusión y análisis con los actores implicados, así, antes de que los conozcan por la prensa repasamos con ellos qué indican los datos y qué tendríamos o podríamos hacer.

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La otra caravana de migrantes

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tiene como tareas principales la evaluación de los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional; regula también la evaluación que otras instancias realizan y produce directrices que contribuyan a la mejora de la educación articulando calidad y equidad. La última, sin embargo, es una de las dimensiones menos conocidas e insuficientemente difundida.

La emisión de directrices proviene de la reforma al artículo tercero constitucional, que confirió la autonomía al INEE, creado en 2002. Se las define como recomendaciones para mejorar las políticas educativas orientadas a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Se elaboran con los resultados de evaluaciones, de la investigación educativa, la revisión de acciones gubernamentales en la materia, así como la consulta a los actores implicados en cada tema: docentes, autoridades, investigadores, alumnos, organizaciones de la sociedad civil y padres de familia.

Los cinco conjuntos de directrices que ha emitido el Instituto hasta hoy tocan áreas cardinales en el sistema educativo: dos están enfocadas a la formación inicial de maestros y al desarrollo profesional de los docentes en ejercicio. La premisa es sencilla: no hay sistema educativo bueno sin buenos profesores; o, en otras palabras, la calidad de la educación en un sistema escolar depende, en gran media, de la formación y compromiso de sus maestros.

Las directrices que aparecieron como número cuatro, que promueven la permanencia en educación media superior, exponen la crudeza del enorme socavón que devora cada día del año escolar a 3,850 alumnos, expulsados de los bachilleratos en el país.

Las restantes tocan otras áreas delicadas del sistema educativo nacional, habitualmente oscuras o invisibles, lejos de las decisiones más trascendentes de la política educativa y destinatarias de magros presupuestos y programas: los niños y adolescentes hijos de jornaleros agrícolas migrantes y los niños indígenas.

Las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros migrantes” se anunciaron el 2 de agosto de 2016; las “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas”, el 27 de enero de 2017. La exigencia se impone: no hay posibilidad de construir un sistema educativa de calidad con equidad, sin que todos los niños y adolescentes en el país tengan posibilidades efectivas de ingresar a la escuela, permanecer con regularidad y culminar con aprendizajes mínimos.

No abrumo con datos. Solo ilustro: en el caso de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, el INEE calculó entre 279 y 326 mil el número de niños en edad escolar, pero de ellos, solo entre 14 y 17% estarían en la escuela. Con los indígenas, que suelen ser los mismos jornaleros agrícolas, la situación empeora. Resumen: los más pobres entre los pobres reciben la peor educación.

Hay un imperativo democrático, ético y político: visibilizar esa enorme caravana, los millones de personas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes e indígenas, con políticas específicas y presupuestos suficientes. Sin atenderlos en condiciones dignas dentro del sistema escolar, no existe educación de calidad con equidad; ella solo será si cubre a todos, incluidos los que hoy son invisibles.

La caravana de los expulsados

Con esta colaboración retorno a las páginas de El Comentario, que me albergaron tantos años y de las cuales me retiré voluntariamente para enfocarme en distintas actividades. Las tareas siguen, aumentan y se complejizan, pero la necesidad de pronunciarme crece también. El momento es propicio, así que abro puertas y ventanas para ventilar preocupaciones, problemas, convicciones y algunas ilusiones en el intrincado, apasionante y exigente campo de la educación. ¡Bienvenidos a mi Diario de Educación!

La caravana de los expulsados

En 2012, una decisión histórica del Congreso de la Unión determinó que en 10 años la educación media superior sería universal. En el ciclo escolar 2022 todos los niños y adolescentes con edad de cursar la educación media superior (15-17 años) deben estar inscritos en una escuela.

Después de los aplausos [antes, es verdad], vinieron las preguntas: ¿es posible lograrlo?, ¿qué políticas educativas de largo aliento lo favorecerán?, ¿cuánto dinero y programas auténticamente estratégicos se destinarán? Muchas más se desataron. Por ejemplo: si la secundaria se decretó obligatoria en 1992 y, por tanto, ya tendría que ser universal, por qué todavía no se alcanza en el país 26 años después. Entre paréntesis, en Colima, la cobertura de secundaria en el ciclo escolar 2016-2017 fue de 98%. Es verdad. Son casi todos, pero no son todos. En la perspectiva nacional, en una población de millones, 2 o 3 por ciento son muchos miles. En 2015, según INEGI, en el país había 4,763,862 niños de entre 3 y 17 años fuera de la escuela.

¿Cuánto décadas del siglo 21 le llevarán al país alcanzar la cobertura universal en el tipo medio superior? No pocas. En el ciclo escolar 2015-2016 la cobertura fue de 73.2%. Pero ese promedio es relativo: en las zonas rurales el porcentaje desciende 10 puntos; entre los hablantes de lengua indígena, solo el 63.9% pudo llegar al bachillerato, y en las personas con discapacidad, apenas el 55.8%.

¿En Colima? Las cifras son un poco más alentadoras respecto a la media nacional. Del grupo de edad acceden 76 de cada 100. Repito: 76 de cada 100. ¿Qué significa esto? Que cuando faltan cuatro años para universalizar la enseñanza media superior, en Colima se quedaron fuera 24 de cada 100 personas. No es bagatela, sobre todo, cuando nos preguntamos: ¿qué hará el estado mexicano para acelerar el proceso de incorporación y la permanencia?

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