Hace días, un colega uruguayo, Pablo Martinis, escribió un tuit que se me quedó dando vueltas y quiero comentarlo por su valía, pero también por la inminente llegada de vientos nuevos a la Secretaría de Educación colimense.

Dice Pablo: en la política social compensatoria de los años 90 “la alimentación escolar era sólo para quienes la precisaran”. Había que racionalizar el gasto, nos recuerda.

Sigue: “Luego entendimos que compartir la comida en la escuela es parte de la formación y socialización de niñas, niños y adolescentes. Tomar parte de una misma comida ayuda a comprender que se forma parte de una misma comunidad política y que lo que se está haciendo es ejercer un derecho, no paliar una necesidad. Hace al proceso educativo”.

Su distinción final merece lectura doble, triple: la alimentación escolar no es un gasto, ni siquiera una inversión “es parte de un proyecto de formación republicana y democrática”.

La mirada al programa Escuelas de Tiempo Completo es obligada. En lugar de expandirse con un gobierno republicano y democrático, se mutiló. En lugar de apostar a un proyecto de formación democrática, se racionalizó el gasto, como siempre postuló el neoliberalismo.

¿Podríamos ver en Colima un gobierno que asuma una noción distinta de la alimentación escolar? ¿Que no se la perciba como dádiva compensatoria, sino como parte de un proyecto político-educativo que transforme los cimientos sociales mediante la formación ciudadana?