Intento seguir las noticias que todos los días producen las campañas para la gubernatura en mi estado. Me interesa especialmente el tema educativo, lo que declaran y prometen los candidatos.

Hasta ahora solo una declaración provocó una nota de cierta relevancia. Fue obra de la candidata del PRD. Afirmó que con ella la educación sería gratuita hasta licenciatura. Según la nota, textualmente dijo: “…ningún joven se quedará sin concluir estudios de profesional por falta de recursos, porque nuestra propuesta educativa está sustentada en costear toda la educación de las y los colimenses, desde los cero años de edad hasta que concluyan su carrera”.

El problema, a su juicio, es la falta de honestidad de la mayoría de los gobiernos.

En redes sociales la nota recibió algunos comentarios poco amistosos y burlas. Pero la declaración merece detenerse.

En nuestro contexto es uno de esos temas que revela con nitidez un sentido común extendido: que la educación superior no es para todos, debe tener un costo y cursarla es un mérito personal. En otras palabras, que fuera de ese marco de interpretación lo que se piensa es erróneo. Las evidencias y experiencias ajenas obligan a examen concienzudo.

Sobre la declaración de la candidata abundaré en próxima columna periodística semanal. Ahora quiero llamar la atención de lo señalado en el párrafo anterior, y recordar que la promesa (más allá de ambigüedades palmarias) pone a discusión lo que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce como un derecho en su artículo 26, pero que los hechos niegan contundentemente para millones y millones de mexicanos y miles de colimenses expulsados del sistema escolar.

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Esta tarde regresé a la Universidad Pedagógica Nacional unidad Colima. El motivo, presentar el libro “Las escuelas: desolación y encanto” a estudiantes y profesores del turno vespertino. Rostros familiares me vuelven grata la estancia en esa institución.

Pienso que la descentralidad de la UPN en la reforma educativa es uno de los rasgos que le roba carácter pedagógico. En otras palabras, que si la reforma educativa viniera o considerará las academias docentes, universidades pedagógicas, facultades universitarias y escuelas normales, está reforma podría tener un rostro distinto y menos ajeno a la realidad de los salones de clase.

Desechar el enorme potencial de talento acumulado en esos sitios es uno de los desatinos históricos en este país, aunque, a decir verdad, en otros contextos pasa lo mismo. Pienso en el caso español como ejemplo evidente.

Con las premisas en juego, en la medida en que nuestras reformas educativas se inspiren más en las recomendaciones de organismos como Banco Mundial o la OCDE, se alejarán del profesorado, el único que la puede hacer o no posible. Volveré.