LA ENSEÑANZA PRIVADA TAMBIÉN ES PÚBLICA

Leí con interés varias notas periodísticas sobre la nueva ley de educación estatal en Puebla. Una lectura descuidada sesga juicios. Omitiré los míos, en tanto no se basen en la revisión del documento en cuestión.

No obstante, me detengo unos momentos para escribir al respecto, porque tengo algunas ideas con conocimiento de hechos. Puebla, como todos las entidades, tiene la obligación de armonizar su ley estatal con la nueva Ley General de Educación. En ese marco, se suscitó una polémica por el presunto atropello del gobernador poblano en contra de las escuelas particulares. El tema debe dirimirse legal y políticamente, porque tiene implicaciones serias, de comprobarse la verdad de las acusaciones contra el singular personaje.

La enseñanza privada cumple una función pública, como alfabetizar, socializar, instruir, preparar a los más jóvenes para incorporarse a la vida social y en algunos niveles, formarlos para la vida productiva y la ciudadanía.

Estoy convencido que la educación privada en México está flojamente regulada; que cualquier persona en casi cualquier espacio puede abrir una escuela sin muchas complicaciones, ni sujetarse a criterios mínimos de calidad educativa. Basta con cumplir un  procedimiento administrativo y las instituciones son aprobadas.

Eso no sucede en otros países. Pongo un ejemplo palmario: en México las instituciones de educación superior pueden abrirse sin pasar ninguna evaluación institucional o de las carreras, con objeto de acreditar su calidad. Una vez abiertas, tampoco están obligadas. O sea, puede ofrecerse instrucción basura sin problema, si los alumnos y sus familias aceptan y pagan.

Con aquel escenario es fácil adivinar consecuencias: la educación de los particulares no garantiza calidad académica; con frecuencia ofrecen muy pobre enseñanza en sitios precarios y con programas elaborados por inexpertos o despachos con todólogos. En fin.

Sí, creo que la educación privada en México debe regularse mejor, con criterios basados en la relevancia y solidez de sus programas, maestros, sistemas e instalaciones. Pero creo también que las autoridades educativas en todos los niveles, repito, en todos, tendrían que demostrar una sólida competencia o formación en el ámbito, y que no cualquiera podría sentarse en una silla desde la cual se toman decisiones que afectan las vidas de miles o millones de estudiantes y maestros.

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