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Las finanzas universitarias

En un texto sobre las universidades públicas mexicanas (La universidad pública en México, Miguel Ángel Porrúa/UNAM-SES, 2009) Humberto Muñoz, investigador de la UNAM, escribe un capítulo que examina las relaciones entre el subsidio federal de las casas de estudio, el tamaño de la matrícula, el número y porcentaje de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores y el porcentaje de cobertura estatal que atienden en sus entidades. Una de sus conclusiones explicaría parte de la problemática en la educación superior mexicana: “la diferenciación –tema central en su reflexión- de las universidades está ligada al monto del subsidio federal que reciben, al apoyo económico de los gobiernos estatales, al tamaño de las instituciones, al contexto demográfico y educativo en el que operan y a sus potencialidades para hacer investigación”.

A su juicio, el panorama descrito no es consecuencia de un proceso natural sino resultado de políticas educativas. La política educativa, dice Muñoz en alusión los dos más recientes programas sectoriales, insiste en ampliar la matrícula y equilibrarla territorialmente, apoyando a las instituciones educativas y entidades con menor cobertura. Además de elevar la matrícula se les exige, continúa, mejorar sus resultados, pero se escatima el subsidio, que suele entregarse con retrasos que provocan dificultades, entre otras, pasivos cuantiosos y plazas no reconocidas.

Agrega otra variable: se les pide generar recursos por fuentes alternas, en un contexto que no siempre es propicio. Y las dificultades económicas tienen otros impactos: líos en la gestión administrativa, las formas no siempre adecuadas que adoptan los rectorados y la gobernabilidad institucional.

El cuadro no termina allí. Se imponen criterios homogéneos para todas las universidades públicas estatales y una premisa común: que los rectores controlen a las comunidades y mantengan relaciones de sumisión frente a las políticas dictadas a nivel central. Los rectores no aceptaría tal conclusión, pero Muñoz construye una argumentación plausible.

Entre otros rasgos (como las alianzas políticas por el financiamiento o la mayor presencia de estructuras centrales rígidas), estos son algunos de los que definen hoy la gestión de la educación superior y la sobrevivencia de las universidades públicas frente a una política financiera restrictiva. Los efectos son, como podrá inferirse, poco estimulantes de la vida académica y de la mejora de los procesos sustanciales de la universidad; y sólo ello nos obliga a su examen crítico.

La problemática de las universidades no se puede entender lejos de sus finanzas y de su vida política, condicionadas por el entorno, pero en la medida que las instituciones educativas sean capaces de construir proyectos sólidos, menos sujetas estarán a los vaivenes tan característicos en la política y en la vida nacional. Lo que resta a las universidades, en consecuencia, es construir tal fortaleza y espera mejores tiempos, resistiendo los que hoy no son favorables. La pregunta que ahora me ronda es: ¿podemos esperar otros vientos que soplen en su favor o empezamos a trazar un itinerario distinto? (twitter@soyyanez)

Fuente: Periódico El Comentario

La universidad, conciencia crítica

Perdidos en los vericuetos que a cada uno interesan, solemos perder de vista lo esencial, el sentido de las instituciones, los programas o los seres humanos. Eso concluí después de la lectura de un lúcido ensayo de Carlos de la Isla, eminente profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quien ofrece un excelente compendio de reflexiones sobre la misión de las universidades.

En principio, invita a precisar qué entendemos por universidad. No es una pregunta irrelevante, pues más que de la universidad, en singular, tenemos que hablar de las universidades, en plural y con una enorme y a veces contradictoria diversidad. Hay de universidades a universidades. Milton y Rose Friedman, padres del neoliberalismo, propusieron hace algunas décadas la noción de universidad mixta (algo así como pública-privada), también existen las universidades empresariales ligadas a los grandes monopolios comerciales, las públicas y privadas, cada una con sus múltiples variantes, desde las auténticas grandes universidades hasta aquellas que, en estricto sentido, sólo podríamos calificar como “establecimientos educativos”, un eufemismo para referirse a mercaderes de diplomas.

La disertación introductoria no es una pregunta alimentada por el ocio intelectual. Merece la pena de ser pensada y repensada para estimar, por ejemplo, cuál es su papel en la sociedad y cuánto contribuye a su desarrollo económico, pero también democrático y cultural.

En el ensayo, Carlos de la Isla recoge varias opiniones sobre el significado de la institución universitaria. Expongo algunas. Para el Cardenal Newman, dice, la “universidad es la comunidad de estudiantes y profesores que se reúnen para pensar”. Para Sartre, “la universidad está hecha para hombres capaces de dudar”, mientras que Robert Hutchins la define como “el espacio recogido para meditar los problemas intelectuales del mundo”. Karl Jaspers afirma: “la universidad es el recinto sagrado de la razón”.

Es obvio el denominador común: pensar. Una universidad no se concibe alejada de la función de pensar, meditar, analizar, dudar, razonar. Las universidades piensan y enseñan a pensar. Entonces, concluye Carlos de la Isla, la universidad es conciencia crítica de la sociedad, en especial frente a la destrucción del planeta, guerras inhumanas y azuzadas por intereses comerciales, ante el hambre y la miseria, las asimetrías sociales, la injusticia y las falencias de la democracia. La universidad tiene que jugar un papel crucial; primero, dice Carlos de la Isla, no ser cómplice de la irracionalidad y la barbarie, a las que debe denunciar y desenmascarar: “la universidad debe conservar siempre su independencia, autonomía y libertad para juzgar, denunciar, anunciar e inventar para preservar la independencia y la libertad de la sociedad. Por eso se ha dicho con mucha razón que el pueblo que no fomenta la educación superior, que no robustece su Universidad, está destinado a la dictadura -de un hombre o partido, de la miseria, de la estupidez. Porque la actitud crítica de los universitarios, de los ilustrados, no sólo de los que aún piensan en las aulas, sino de todos los egresados que son la proyección de la Universidad, constituyen la gran defensa de la libertad. Aunque hay que decirlo también: existen universitarios ilustrados que caen en el servilismo y éstos son los que generan el despotismo ilustrado.”

Si esta es la definición, o el carácter que atribuimos a la universidad, cuánto estamos avanzando en ese camino, en México, en Colima: ¿en ellas cuál es el lugar del pensamiento, de las ideas, de la crítica? Un colega del profesor De la Isla, también del ITAM, José Ramón Benito, escribió un texto urgente: “Hay que defender la inteligencia si queremos salvar la universidad, si no queremos privar al hombre y a la sociedad de una óptima, más aún, necesaria condición para salvaguardar su dignidad y lograr su desarrollo integral.”

Fuente: Periódico El Comentario

Perspectivas para la educación

La inconclusa aprobación de la reforma constitucional que haría obligatoria y gratuita la educación media superior no es suficiente para mirar con optimismo la educación mexicana en 2011.

Siendo insuficiente, fuera de ella no encuentro otro signo alentador ante la urgente y rancia necesidad de transformar el sistema educativo nacional: las variables fundamentales siguen intactas para suponer cambios en el mediano y largo plazos. Estamos perdiendo, seguimos agotando el tiempo para mejorar la formación de los niños que hoy están en la puerta del sistema escolar.

Pero el cuadro es aún más crítico. Si la situación no apunta a su corrección, tampoco hay certidumbre de que se conserve. Puede ser peor, sin duda, particularmente frente a dos poderosos factores que definen la vida nacional: la economía y la política, es decir, los progresos tímidos que se esperan en el ámbito económico y el candente año preelectoral, de cara a 2012, con las adelantadas campañas, que dejarán casi todo en posición secundaria.

El único signo positivo tampoco es aval medianamente fiable. Aunque algunos agoreros cantan victoria, hacer obligatorio y gratuito el tipo educativo conocido imprecisamente como bachillerato podría elevar el déficit, pues la promesa en ciernes no hay forma de cumplirla sin un giro radical en la historia y apoyar al más desatendido de todos los niveles.

En efecto, en el pasado reciente las reformas constitucionales en México no han garantizado la concreción de lo decretado, así sucedió con el porcentaje del financiamiento para educación en general, y superior en particular, así sucede con la educación básica, cuya referencia es incuestionable en este momento. Ejemplifico; al hacerse obligatoria la educación básica (primaria y secundaria) y constituirse en un derecho para todos los mexicanos, no se avanzó sustancialmente en el cumplimiento de la promesa: hoy, 17 millones de mexicanos mayores de 15 años no han concluido su ciclo secundario, cifra enorme que representa la mitad de la matrícula global del sistema educativo.

No, no parece que 2011 sea un año alentador para la educación mexicana, menos si hacemos caso a una voz preclara como la del novelista Carlos Fuentes quien dijo, recientemente, que el sexenio ya terminó.

Fuente: Periódico El Comentario

¿Cómo se llamó la obra?

Releyendo los artículos sobre el financiamiento para educación superior que escribí por estas semanas en los tres años previos, la conclusión es elocuente: cualquiera de ellos, con leves ajustes, podría servirme para el compromiso semanal con nuestro periódico.

En efecto, lo escrito en 2007, 2008 ó 2009 podría publicarse hoy, porque el fondo del problema sigue siendo el mismo, asombrosamente semejante. La tendencia es contundente, hasta ahora.

Una sola nota es distinta entre los dos años recientes y antes: la presencia de la UNAM en la negociación del presupuesto, junto a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, hecho atribuido al rector de la máxima casa de estudios nacional, que prefirió sumarse al conjunto de las universidades y no continuar en solitario, aunque le beneficiara.

El resto de la negociación presupuestal es idéntico: discurso falso, presupuesto regateado, negociaciones en bloque, pasarelas, cabildeos, disputas y desgastes innecesarios. La historia se repitió en estos años, como en 2010.

La semejanza es desalentadora. Significa que persiste la incongruencia entre los discursos y las decisiones, entre los compromisos declarados oficialmente y el presupuesto proyectado. No vale la pena extender esta colaboración con citas y datos para comprobarlo.

Esta vez algunos podrían justificar el monto proyectado por la difícil situación financiera mundial y su repercusión aún más grave en México, por desaciertos propios. Es una explicación parcial o falsa, como se quiera juzgar. El regateo que sufren la educación o la salud no es constante en otras áreas, tampoco es gratuito ni somos el único país con el fenómeno.

No quiero apelar a confabulaciones mundiales o perversos acuerdos de los organismos financieros multinacionales; ahora sólo quiero dejar testimonio del hecho curioso y dramático. Cada uno elabore sus conclusiones. En mi caso, espero fervientemente equivocarme, pero advierto que el próximo año la historia se repetirá.

Fuente: Periódico El Comentario

La vulnerabilidad de las universidades

Dos universidades públicas estatales enfrentan problemas delicados, de distinta naturaleza pero con un fondo común: el menosprecio a la educación pública y a las universidades, sus instituciones más simbólicas.

La Universidad Juárez del Estado de Durango ha sido intervenida de manera autoritaria por el congreso local, con el voto de la mayoría priista, y vulnerado sus procesos internos y autonomía. Los diputados cambiaron unilateralmente y de manera acelerada la Ley Orgánica, desconocieron un proceso electoral interno, definieron los nuevos tiempos y designaron una rectora interina para, en siguiente capítulo, elegir un nuevo rector.

La Universidad de Guadalajara, por su parte, enfrenta un litigio con el gobierno del Estado. Mil millones de pesos le debe el gobierno panista a la Universidad y no lo pueden negar, para su colmo, el gobierno federal también ha declarado tácitamente la procedencia de la deuda.

El congreso local duranguense y el gobierno estatal de Jalisco no tienen margen de maniobra frente a una repulsa pública. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en sendos desplegados exigió a ambos actores rectificar.

El congreso de Durango comete violaciones jurídicas y debe pagar por sus actos contra el estado de derecho. El gobernador la tiene más fácil: pagar. Ya empezó: adelantó 170 millones de pesos y solicita mayores recursos federales para la Universidad que atiende a más de 122 mil estudiantes de bachillerato y más de 80 mil en enseñanza superior.

Ambos actos, con motivaciones particulares, constituyen clara muestra de una vulnerabilidad sabida, por la dependencia económica y por la tentación autoritaria de políticos que pretenden hacer de la universidad un trampolín para fines partidistas o sectarios. Contra ambos tiene que continuar el repudio y la exigencia de resolverlos con justicia, es decir, a favor de las universidades. Así sea, por salud de las instituciones educativas y de la sociedad.

Fuente: Periódico El Comentario

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