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Nueva etapa en la UdeC

En veinte días la Universidad de Colima comenzará formalmente otra etapa en su historia, con el rectorado de Christian Torres. En una periodización distinta, basada en los acontecimientos mundiales y locales, esa etapa se podría ubicar nueve meses atrás, con el confinamiento que paralizó las actividades de más de 1,500 millones de estudiantes en la mayor parte de los países.

La pandemia exige a las universidades mexicanas replantearse a fondo en un escenario global y nacional inéditos, con factores que desafían su sobrevivencia, entre muchos, con el diseño de modelos pedagógicos alternativos, sin menoscabo de la calidad o el rigor formativo.

No será suficiente con las medidas anunciadas para mantener la continuidad a mitad del año pasado. Se requieren nuevas formas, no variaciones sobre el mismo molde, rebasado por las circunstancias desde hace tiempo, pero que la pandemia exhibió. El debate sobre el sentido de la universidad en el siglo XXI es anterior, pero cobra mayor relevancia hoy.

Un entorno económico precario reta a las universidades a cumplir sus funciones sin perspectivas de crecimiento presupuestal. Esa condición no es privativa de México, pero la petición que recientemente hizo el presidente de la República a las universidades, de aumentar la capacidad de ingreso de estudiantes, sin exigir más recursos, sino mejorando esquemas y reduciendo ineficiencia o despilfarro, deja claro que es vano esperar aumento de recursos financieros en el sexenio. Las universidades no podrán darle vuelta a este llamado, por la aprobación de la educación superior como derecho de los personas y obligación del Estado.

La Universidad de Colima habita la misma burbuja. La coyuntura del nuevo rectorado es una buena oportunidad para valoraciones profundas e identificar los logros, en especial durante la última década, así como los desafíos para construir la institución de calidad y avanzar en el tablero global de las instituciones educativas.

Los puntos cardinales del mapeo de problemas y avances son claros, desde mi punto de vista. Abrevio. El bachillerato como punto de partida de cualquier proceso de transformación de la Universidad, pues es de ahí de donde egresan la mayoría de sus estudiantes de licenciatura. Un salto cualitativo en la enseñanza superior, replanteando la formación con base en las necesidades sociales; el vertiginoso desarrollo científico, tecnológico y profesional, así como la vinculación con el mundo laboral.

En la investigación científica la Universidad tiene nichos de excelencia que debe consolidar, al mismo tiempo que empuja otros. El compromiso social de la Universidad, es decir, su tercera gran función sustantiva, la extensión y difusión de la cultura, precisa formas novedosas. Esta función implica que los beneficios del trabajo universitaria sean accesibles para la sociedad, con mecanismos no ensayados todavía.

En todos esos ámbitos, las lecciones de la experiencia aquí y en otras latitudes son inestimables. Habrá que abrevar de ellas con humildad y apertura, con ganas de inyectar vitalidad.

Todo eso será posible por la convocatoria del rector entrante a construir un proyecto de largo aliento, donde quepan todas las opiniones y se admitan distintas interpretaciones. Miguel Ángel Aguayo, en su rectorado, solía decir una frase que tiene mucho sentido: en la universidad cabe todo, menos lo absurdo. El proceso de confección del plan de desarrollo institucional será propicio para un acuerdo que renueve compromisos. El ejercicio a que convocó Carlos Salazar Silva es buena muestra.

Las finanzas de la Universidad son tema crucial, por lo dicho antes, y por el problema (también nacional) de las pensiones y jubilaciones que padecen varias universidades. Ingenio, honestidad, mucha capacidad y disciplina deben conducir el rediseño de las estrategias.

El nuevo rectorado es plataforma para la transformación que exigen las condiciones actuales. Será posible por el liderazgo del rector, su tino en la elección del equipo cercano y por la participación de quienes laboramos en la Universidad.

La responsabilidad no es sólo con el presente. La universidad es siempre un compromiso con el futuro. La universidad colimense de los próximos veinte años será producto de lo hecho en el rectorado que termina pero, sobre todo, de la historia que empezará a escribirse unos días antes, cuando se conforme el equipo que conducirá la Universidad en un momento incierto.

Una ley para la educación superior 2

La semana anterior presenté la primera parte de mi participación en el foro al que convocó el senador Joel Padilla, donde analizamos la propuesta para la Ley General de Educación Superior. Allí expuse algunos rasgos para el diagnóstico de ese nivel educativo; hoy, sigo con los alcances de dicha iniciativa frente esos problemas.

Alcances de la Ley General de Educación Superior
Algunos expertos identifican cinco rasgos deseables para las universidades de nuestra región continental: ejercicio responsable de la autonomía, democracia, calidad, formación integral y universidad virtual.

La propuesta de Ley recoge estas aspiraciones. Atisba esos horizontes y en ello reside parte de su acierto. Es insuficiente, lo sabemos. El Senado ha hecho parte de su tarea, pero tiene que construir y coadyuvar al entramado institucional, el diseño de políticas y la concreción de prácticas que en el mediano plazo reorienten a las instituciones públicas y privadas en el sentido deseable. Y muy importante: tiene que cumplir los compromisos para generar condiciones de certidumbre a los jóvenes, a los profesores y a las universidades, de tal suerte que el derecho a una buena educación sea asequible, accesible y aceptable.

La Ley General propuesta tiene virtudes que sólo en el papel serán ineficaces. Su defensa de la autonomía es virtud; y la intención de blindarla, indispensable, pero exige corresponsabilidad. La universidad tiene que ejercer su autonomía con responsabilidad. La universidad que ejerce a plenitud su autonomía está comprometida socialmente y es incluyente. La autonomía no es un fin, es medio, escudo pero no impunidad.

Instaurar vida colegiada donde hacía falta y refrescar la existente es otra virtud de la Ley comentada, con la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y el impulso a las Comisiones Estatales, así como con la propuesta de contar con un programa nacional y programas estatales del tipo educativo.

Sin calidad el derecho a la educación es un ropaje legitimador de desigualdades sociales. La revisión de la historia de la universidad, desde el año 124 a. C., con la fundación de la Universidad Imperial China, revela que ellas fueron o aspiraron a ser la casa de los más ilustres: no fue lugar para la charlatanería o la superficialidad. Así fue como se erigió el sistema de educación superior más prestigiado, el estadounidense, atrayendo a los mejores estudiantes y profesores del mundo.

Si la educación superior o la universidad no cambian por iniciativa propia, otras fuerzas van a dirigir su transformación. Si no es capaz de reinventar su misión, se la impondrán las condiciones históricas. La pandemia podría ser una fuerza inesperada que empuje transformaciones insospechadas.

La universidad tendría que ser el mejor lugar para innovar. En distintas partes del mundo los expertos se preguntan. ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué camina lento en su transformación? ¿Por qué, si en ella son centrales el pensamiento, el rigor, la libertad, la ciencia y el conocimiento, las universidades no son el modelo de innovación en las sociedades?

La educación superior, sin dejar de preparar profesionales, artistas, científicos, licenciados, médicos, ingenieros, forma ciudadanos, y ellos no se forjan en ambientes autoritarios. La democratización de la vida universitaria es uno de los mejores escenarios que puede depararnos el siglo 21, porque no se conformará por ínsulas ni federaciones de pequeñas monarquías.
La universidad es crítica y autocrítica; una institución que no es capaz de transformarse a sí misma no puede contribuir a la transformación social.

Las universidades no pueden fracasar, nos alerta António Nóvoa, ex rector de la Universidad de Lisboa. Eso también es nuestra responsabilidad, la de sus comunidades académica y estudiantil.

La Ley General de Educación Superior es un marco y pretexto ideal para emprender la más ambiciosa transformación un siglo después de la fundación de la SEP por un ilustre rector de la Universidad Nacional. Veremos el resultado al final de este sexenio.

Una ley para la educación superior

La semana anterior participé en el foro abierto por el senador Joel Padilla para analizar los alcances de la propuesta de Ley General de Educación Superior que se elaboró en el Senado. A continuación, la parte inicial de mi discurso, en la cual expongo algunos de los retos que enfrenta la educación superior, especialmente la universitaria. Retomo algunos ideas del capítulo escrito para el libro “35 años de Pedagogía. Balances y perspectivas”, de aparición próxima.

¿Es necesaria una Ley General de Educación Superior en México? Sí, sin duda. Los rezagos y desafíos que ahondó la pandemia volvían imperativo un nuevo marco para conceptualizar, regular y operar la instituciones de enseñanza superior. Pero es insuficiente.

Quiero referirme, de manera breve, a algunos de esos rezagos producto del modelo instaurado hace 30 años desde la Subsecretaría de Educación Superior.

Primero. La educación en México como derecho sigue siendo una eterna e incumplida promesa. De acuerdo con información de este gobierno, por cada 100 niños que comienzan la primaria, sólo 24 terminan una carrera profesional. De esos 100, ocho abandonan en la primaria. El abandono escolar, la mal llamada deserción, se encarniza en la educación media superior, de la cual son expulsados cada año más de 700 mil estudiantes. Tenemos todavía un sistema educativo y social inequitativos, cuyos efectos perniciosos se volvieron visibles con la pandemia.

Segundo. Hay un crecimiento considerable de la matrícula entre la última parte del siglo 20 y la segunda década del 21. Un informe reciente de la OCDE registra un crecimiento de 2.4 millones de estudiantes entre el año 2000 y el ciclo 2017-2018. La tendencia representó el acceso de jóvenes de sectores sociales que no tenían esa posibilidad, destacando la feminización. No obstante, en cobertura estamos lejos de los países más desarrollados o los del continente. Además, la matrícula se concentra en algunas carreras y estudios de licenciatura, en desmedro del posgrado.

Tercero. Domina un discurso de la calidad educativa convertida en tótem, en medio que sustituye los fines, que pliega la acción formativa a las prescripciones del rendimiento y privilegia los paradigmas oficiales de capacidad y competitividad académicas. Esa visión tecnocrática requería estrategias para comprobarla; creo una industria evaluadora para certificarla, un mercado de evaluación regado generosamente con recursos públicos que subsidiaban las evaluaciones para la acreditación. El resultado puede resumirse en la expresión con la que Luis Porter tituló su libro: La universidad de papel.

Cuarto. Reconfiguración de la profesión académica, que fragmentó al cuerpo docente entre profesores de carrera y de tiempo parcial, con distintos estamentos entre ellos. Con precarización para los de tiempo parcial, la gran mayoría, que sostiene el esfuerzo formativo de las instituciones.

Quinto. La mayor parte del esfuerzo cotidiano de las instituciones se invierte en la formación de varios millones de estudiantes, muchos de los cuales siguen proviniendo de hogares donde no hay títulos. La acción principal, en la mayoría de ellas, se deposita en la docencia. Pero no se estimula a los profesores para que enseñen mejor, sino para elevar la productividad. Si la docencia es una tarea socialmente respetable, su precarización laboral y profesional se exacerbó con los esquemas de estímulos que nacieron también, no podemos olvidarlo, como estrategias de compensación salarial frente a la pauperización.

Sexto. En general, existen pocas evidencias contundentes de una elevación de la calidad de los procesos formativos: no hay más rigor o más innovación educativa; los grupos académicos no maduran orientados por la necesidad de realizar mejor sus funciones sustantivas y las de sus facultades, centros o universidades. El mundo de indicadores gana la batalla: importan el número de programas acreditados por organismos autorizados; el nivel de consolidación de los cuerpos académicos; el grado de habilitación de sus profesores; los procesos de gestión certificados con normas ISO; las tasas de retención, egreso y titulación… la cuantofrenia, como si cada uno fuera garantía indiscutible de la calidad y rigor.

Séptimo. Severa restricción económica: presupuestos limitados para la operación de la universidades e instituciones públicas, que restringen las posibilidades de usar recursos en la renovación del “parque pedagógico”, con escenarios de austeridad, recorte de funciones y limitaciones extraordinarias. Un serio problema, no privativo de las universidades, es la financiación de los fondos de pensiones, fantasma que se tornará más dramático.

Octavo. Los procesos de multirregulación y fiscalización asfixian. Vivir bajo presiones externas y a veces insustanciales, atados por procedimientos burocráticos, obligados a aportar “evidencias” de reuniones, comisiones, tutorías, asesorías… no ofrecen el clima intelectual y laboral más estimulante. Una ventaja tienen esas condiciones: forzar la rendición de cuentas, la transparencia. Aquí cobran sentido las reflexiones sobre la autonomía, que no es el fin de la universidad, sino medio que garantiza libertad académica, pensamiento crítico y ejercicio intelectual riguroso.

Podríamos enunciar otros rasgos del diagnóstico, pero bastan para argumentar la necesidad de transformaciones profundas y eludir las cosméticas. La semana siguiente abordaré los alcances de la Ley propuesta ante esos retos.

La Ley General de Educación Superior

Este lunes nos reunimos para analizar la propuesta de Ley General de Educación Superior, a invitación del senador Joel Padilla, integrante de la Comisión de Educación del Senado. La reunión contó con la participación virtual del presidente de dicha Comisión, Rubén Rocha Moya.

A la sesión asistieron casi todas las instituciones públicas y un buen número de las privadas. Fue un ejercicio plural, abierto, donde los representantes expusieron opiniones sobre la propuesta de Ley y otros asuntos de índole más operativa, o peticiones al senador Padilla.

La magnitud del subsistema de educación superior en Colima es adecuada para emprender un proyecto innovador ejemplar para México, aunque tal vez sea difícilmente replicable por las condiciones.

Un par de propuestas contenidas en la Ley podrían instrumentarse el margen de la inminente aprobación: el programa estatal de educación superior y la vigorización de la comisión estatal para la planeación de ese tipo educativo, como órgano deliberante que oriente, ordene, acompañe y evalué su transformación.

Muchas de las intervenciones expusieron irregularidades o deficiencias más de carácter procedimental, que no pueden subsanarse desde una Ley, prueba para sostener que un ordenamiento jurídico es insuficiente para concretar las aspiraciones colectivas.

Sobran argumentos para afirmar la necesidad de una Ley General de Educación Superior. En mi turno expuse varios de ellos. No son sencillos de resolver, como las dificultades para asegurar el derecho a la educación, la calidad deficiente o los modelos de enseñanza y evaluación predominantes, que están arraigadas en el sistema educativo y en las culturas institucionales; otros, como el financiamiento precario, que se asientan en otros territorios igualmente complejos.

Por esas y muchas razones, al principio de la tercera década del siglo, resulta ineludible comenzar ya la transformación más profunda de la educación superior mexicana, cuando se cumplirán 100 años de haberse creado la Secretaría de Educación Pública, de la mano de un ilustre rector de la Universidad Nacional.

Sucesión rectoral en la UdeC: otra perspectiva

En su libro La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora, Miguel Ángel Santos Guerra cuenta una leyenda que atribuye a los persas: en el principio de los tiempos, dice, los dioses partieron la verdad en pedazos y la repartieron; en consecuencia, nadie la posee y quien la pretenda, debe reunir todos los trozos. Luego aplica la lección al ámbito educativo: nadie tiene la verdad, ni el director sobre la escuela, ni el maestro sobre el aula; tampoco el secretario de educación sobre el sistema, o el rector sobre la universidad. Nadie.

La lección, válida para quien se asuma medianamente democrático, exige del concurso de todos: la opinión de los miembros del colectivo escolar, aúlico o universitario. Me gusta decir que en algunos temas, como hábitos higiénicos, por ejemplo, la persona que limpia los baños y asea las aulas puede opinar con más argumentos que nadie en la escuela o, por lo menos, ofrece otros elementos fehacientes.

Pensar democráticamente, como afirma Miguel Ángel Santos Guerra, y como define la propuesta de Ley General de Educación Superior que analizaremos este lunes en Colima, exige replantear las visiones centralistas y cuasi míticas que a veces prevalecen en las instituciones educativas superiores.

El nuevo rector (o rectora) de la Universidad de Colima, desde esta perspectiva, tendrá la oportunidad de practicar esa visión de la autoridad, dando cabida a todas las opiniones, o ejercerla de otras formas, que no admitan verdades distintas a las suyas, vicio encarnado en la cultura política mexicana. Y las universidades no son entidades angelicales. Paulo Freire aseguraba: la educación es sustantivamente política y adjetivamente pedagógica.

Cambio de coordenada al interior del campus. Hace diez años, cuando se celebraron los 70 de la Universidad de Colima, uno de los homenajeados el 16 de septiembre fue Ángel Díaz-Barriga, reconocido experto en México y América Latina. En el discurso por la obtención del doctorado honoris causa, Ángel postuló como tesis central que la tarea de pensar a la universidad es una obligación intelectual, social y ética. Al mismo tiempo, pensar a la universidad implica pensarnos a nosotros, quienes en ella laboramos.

La sucesión rectoral es una buena ocasión, inmejorable e ineludible, como se quiera, para pensar a la Universidad de Colima y pensarnos en ella, porque la Universidad que hoy tenemos es resultado de las generaciones que se fueron, pero la que vendrá es la que dejaremos, porque la rendición de cuentas no es solo un informe efímero. También es compromiso con el futuro.

Juntos, con nuestras diferencias, dando espacio a todas las voces, será menos complicado el nuevo viaje que debe emprender la Universidad de Colima a partir de los próximos días, en que tendremos otro rectorado. No es fácil, pero es necesario e impostergable abrir canales y recoger los pedacitos de la verdad que cada cual tiene.