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Una ley para la educación superior

La semana anterior participé en el foro abierto por el senador Joel Padilla para analizar los alcances de la propuesta de Ley General de Educación Superior que se elaboró en el Senado. A continuación, la parte inicial de mi discurso, en la cual expongo algunos de los retos que enfrenta la educación superior, especialmente la universitaria. Retomo algunos ideas del capítulo escrito para el libro “35 años de Pedagogía. Balances y perspectivas”, de aparición próxima.

¿Es necesaria una Ley General de Educación Superior en México? Sí, sin duda. Los rezagos y desafíos que ahondó la pandemia volvían imperativo un nuevo marco para conceptualizar, regular y operar la instituciones de enseñanza superior. Pero es insuficiente.

Quiero referirme, de manera breve, a algunos de esos rezagos producto del modelo instaurado hace 30 años desde la Subsecretaría de Educación Superior.

Primero. La educación en México como derecho sigue siendo una eterna e incumplida promesa. De acuerdo con información de este gobierno, por cada 100 niños que comienzan la primaria, sólo 24 terminan una carrera profesional. De esos 100, ocho abandonan en la primaria. El abandono escolar, la mal llamada deserción, se encarniza en la educación media superior, de la cual son expulsados cada año más de 700 mil estudiantes. Tenemos todavía un sistema educativo y social inequitativos, cuyos efectos perniciosos se volvieron visibles con la pandemia.

Segundo. Hay un crecimiento considerable de la matrícula entre la última parte del siglo 20 y la segunda década del 21. Un informe reciente de la OCDE registra un crecimiento de 2.4 millones de estudiantes entre el año 2000 y el ciclo 2017-2018. La tendencia representó el acceso de jóvenes de sectores sociales que no tenían esa posibilidad, destacando la feminización. No obstante, en cobertura estamos lejos de los países más desarrollados o los del continente. Además, la matrícula se concentra en algunas carreras y estudios de licenciatura, en desmedro del posgrado.

Tercero. Domina un discurso de la calidad educativa convertida en tótem, en medio que sustituye los fines, que pliega la acción formativa a las prescripciones del rendimiento y privilegia los paradigmas oficiales de capacidad y competitividad académicas. Esa visión tecnocrática requería estrategias para comprobarla; creo una industria evaluadora para certificarla, un mercado de evaluación regado generosamente con recursos públicos que subsidiaban las evaluaciones para la acreditación. El resultado puede resumirse en la expresión con la que Luis Porter tituló su libro: La universidad de papel.

Cuarto. Reconfiguración de la profesión académica, que fragmentó al cuerpo docente entre profesores de carrera y de tiempo parcial, con distintos estamentos entre ellos. Con precarización para los de tiempo parcial, la gran mayoría, que sostiene el esfuerzo formativo de las instituciones.

Quinto. La mayor parte del esfuerzo cotidiano de las instituciones se invierte en la formación de varios millones de estudiantes, muchos de los cuales siguen proviniendo de hogares donde no hay títulos. La acción principal, en la mayoría de ellas, se deposita en la docencia. Pero no se estimula a los profesores para que enseñen mejor, sino para elevar la productividad. Si la docencia es una tarea socialmente respetable, su precarización laboral y profesional se exacerbó con los esquemas de estímulos que nacieron también, no podemos olvidarlo, como estrategias de compensación salarial frente a la pauperización.

Sexto. En general, existen pocas evidencias contundentes de una elevación de la calidad de los procesos formativos: no hay más rigor o más innovación educativa; los grupos académicos no maduran orientados por la necesidad de realizar mejor sus funciones sustantivas y las de sus facultades, centros o universidades. El mundo de indicadores gana la batalla: importan el número de programas acreditados por organismos autorizados; el nivel de consolidación de los cuerpos académicos; el grado de habilitación de sus profesores; los procesos de gestión certificados con normas ISO; las tasas de retención, egreso y titulación… la cuantofrenia, como si cada uno fuera garantía indiscutible de la calidad y rigor.

Séptimo. Severa restricción económica: presupuestos limitados para la operación de la universidades e instituciones públicas, que restringen las posibilidades de usar recursos en la renovación del “parque pedagógico”, con escenarios de austeridad, recorte de funciones y limitaciones extraordinarias. Un serio problema, no privativo de las universidades, es la financiación de los fondos de pensiones, fantasma que se tornará más dramático.

Octavo. Los procesos de multirregulación y fiscalización asfixian. Vivir bajo presiones externas y a veces insustanciales, atados por procedimientos burocráticos, obligados a aportar “evidencias” de reuniones, comisiones, tutorías, asesorías… no ofrecen el clima intelectual y laboral más estimulante. Una ventaja tienen esas condiciones: forzar la rendición de cuentas, la transparencia. Aquí cobran sentido las reflexiones sobre la autonomía, que no es el fin de la universidad, sino medio que garantiza libertad académica, pensamiento crítico y ejercicio intelectual riguroso.

Podríamos enunciar otros rasgos del diagnóstico, pero bastan para argumentar la necesidad de transformaciones profundas y eludir las cosméticas. La semana siguiente abordaré los alcances de la Ley propuesta ante esos retos.

La Ley General de Educación Superior

Este lunes nos reunimos para analizar la propuesta de Ley General de Educación Superior, a invitación del senador Joel Padilla, integrante de la Comisión de Educación del Senado. La reunión contó con la participación virtual del presidente de dicha Comisión, Rubén Rocha Moya.

A la sesión asistieron casi todas las instituciones públicas y un buen número de las privadas. Fue un ejercicio plural, abierto, donde los representantes expusieron opiniones sobre la propuesta de Ley y otros asuntos de índole más operativa, o peticiones al senador Padilla.

La magnitud del subsistema de educación superior en Colima es adecuada para emprender un proyecto innovador ejemplar para México, aunque tal vez sea difícilmente replicable por las condiciones.

Un par de propuestas contenidas en la Ley podrían instrumentarse el margen de la inminente aprobación: el programa estatal de educación superior y la vigorización de la comisión estatal para la planeación de ese tipo educativo, como órgano deliberante que oriente, ordene, acompañe y evalué su transformación.

Muchas de las intervenciones expusieron irregularidades o deficiencias más de carácter procedimental, que no pueden subsanarse desde una Ley, prueba para sostener que un ordenamiento jurídico es insuficiente para concretar las aspiraciones colectivas.

Sobran argumentos para afirmar la necesidad de una Ley General de Educación Superior. En mi turno expuse varios de ellos. No son sencillos de resolver, como las dificultades para asegurar el derecho a la educación, la calidad deficiente o los modelos de enseñanza y evaluación predominantes, que están arraigadas en el sistema educativo y en las culturas institucionales; otros, como el financiamiento precario, que se asientan en otros territorios igualmente complejos.

Por esas y muchas razones, al principio de la tercera década del siglo, resulta ineludible comenzar ya la transformación más profunda de la educación superior mexicana, cuando se cumplirán 100 años de haberse creado la Secretaría de Educación Pública, de la mano de un ilustre rector de la Universidad Nacional.

Sucesión rectoral en la UdeC: otra perspectiva

En su libro La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora, Miguel Ángel Santos Guerra cuenta una leyenda que atribuye a los persas: en el principio de los tiempos, dice, los dioses partieron la verdad en pedazos y la repartieron; en consecuencia, nadie la posee y quien la pretenda, debe reunir todos los trozos. Luego aplica la lección al ámbito educativo: nadie tiene la verdad, ni el director sobre la escuela, ni el maestro sobre el aula; tampoco el secretario de educación sobre el sistema, o el rector sobre la universidad. Nadie.

La lección, válida para quien se asuma medianamente democrático, exige del concurso de todos: la opinión de los miembros del colectivo escolar, aúlico o universitario. Me gusta decir que en algunos temas, como hábitos higiénicos, por ejemplo, la persona que limpia los baños y asea las aulas puede opinar con más argumentos que nadie en la escuela o, por lo menos, ofrece otros elementos fehacientes.

Pensar democráticamente, como afirma Miguel Ángel Santos Guerra, y como define la propuesta de Ley General de Educación Superior que analizaremos este lunes en Colima, exige replantear las visiones centralistas y cuasi míticas que a veces prevalecen en las instituciones educativas superiores.

El nuevo rector (o rectora) de la Universidad de Colima, desde esta perspectiva, tendrá la oportunidad de practicar esa visión de la autoridad, dando cabida a todas las opiniones, o ejercerla de otras formas, que no admitan verdades distintas a las suyas, vicio encarnado en la cultura política mexicana. Y las universidades no son entidades angelicales. Paulo Freire aseguraba: la educación es sustantivamente política y adjetivamente pedagógica.

Cambio de coordenada al interior del campus. Hace diez años, cuando se celebraron los 70 de la Universidad de Colima, uno de los homenajeados el 16 de septiembre fue Ángel Díaz-Barriga, reconocido experto en México y América Latina. En el discurso por la obtención del doctorado honoris causa, Ángel postuló como tesis central que la tarea de pensar a la universidad es una obligación intelectual, social y ética. Al mismo tiempo, pensar a la universidad implica pensarnos a nosotros, quienes en ella laboramos.

La sucesión rectoral es una buena ocasión, inmejorable e ineludible, como se quiera, para pensar a la Universidad de Colima y pensarnos en ella, porque la Universidad que hoy tenemos es resultado de las generaciones que se fueron, pero la que vendrá es la que dejaremos, porque la rendición de cuentas no es solo un informe efímero. También es compromiso con el futuro.

Juntos, con nuestras diferencias, dando espacio a todas las voces, será menos complicado el nuevo viaje que debe emprender la Universidad de Colima a partir de los próximos días, en que tendremos otro rectorado. No es fácil, pero es necesario e impostergable abrir canales y recoger los pedacitos de la verdad que cada cual tiene.

Educación superior gratuita sin presupuesto

La nota periodística de La Jornada, escrita por Víctor Ballinas y Andrea Becerril el 10 de septiembre, comienza así: “Con el aval de todas las fuerzas políticas, se presentó ayer en el Senado la iniciativa de Ley de Educación Superior, en la que se establecen las bases para que el Estado cumpla con la obligación de garantizar el derecho de los mexicanos a la instrucción universitaria gratuita”.

Según la nota, en el artículo 64 de la iniciativa, el Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación “establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior”; ese fondo permitiría “apoyar el incremento de la cobertura de educación superior, mejorar la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa, y garantizar el financiamiento plurianual de la infraestructura, equipamiento, instalaciones, incremento de la planta docente y gastos de operación de las instituciones públicas de educación superior”.

A reserva de las discusiones que puedan suscitarse, el consenso para su presentación, con la participación de todos los partidos, supone que no habrá problemas para una aprobación rápida. Aplausos unánimes.

Pero aparecen las contradictorias posiciones en el partido gobernante respecto a la educación. Un día antes de la iniciativa, en el Senado se entregó el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2021. Desde los primeros análisis hubo rechazo en distintos sectores magisteriales. Destaca, tristemente, el recorte de varios programas federales que sostendrían el discurso de la educación con equidad, entre ellos, la desaparición de tres: Escuelas de Tiempo Completo, Expansión en la oferta en educación media superior y superior y Fortalecimiento a la excelencia educativa.

Lo mismo sucede con el no menos despiadado recorte del presupuesto para las escuelas normales, cuando el secretario de Educación Pública ha insistido durante dos años en la revalorización del magisterio, la relevancia de las escuelas normales y la sensibilidad de la SEP para trabajar junto a los maestros.

Contra el discurso, el presupuesto dicta otra línea. El mismo día la Junta de la Coordinación Nacional de Autoridades de Educación Normal, en representación de las 32 entidades, expresó su “preocupación” por el presupuesto que les asigna el Proyecto de Egresos. La educación normal sólo recibirían 20.6 millones de pesos, equivalente a 229 pesos por estudiante en 2021, denuncia en su pronunciamiento dirigido a los secretarios de Educación Pública y Hacienda y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Tijeretazo brutal de 95.3% con respecto al presupuesto 2020.

La primera decisión tendrá hondas implicaciones. Constituirá un punto y aparte en la historia de la educación nacional, aunque los cambios en la ley queden lejos de las realidades. Las universidades públicas autónomas tendrán que comenzar procesos de ajustes internos graduales, como todo el sistema, lo cual obligará a discutir seriamente los procesos de admisión, entre otros temas.

Pero el presupuesto para 2021 también tendrá repercusiones graves, aunque tal vez sea sólo pasajero y, lo mejor, pueda rectificarse en las discusiones del Congreso.

Los dos hechos están ahí. De alguna forma reflejan el estilo de gobernar, con mensajes contradictorios y decisiones que a veces no se sustentan en condiciones factibles. Dos de los programas que fortalecerían la decisión trascendente sobre la educación superior (Expansión en la oferta en educación media superior y superior y Fortalecimiento a la excelencia educativa) están orientados a esos propósitos; quizá su pecado es que no fueron creados en este sexenio. Es verdad que hay un ligero incremento global para educación media superior y superior, pero la organización “Mexicanos Primero” en su análisis lo atribuye a los programas de becas: financiamiento a la demanda, no a la oferta, propuesta clásica del neoliberalismo.

Cierro con preguntas obvias que circulan en el ambiente cuando se repasan estas noticias: ¿gratuidad de la educación superior sin recursos adicionales para que las universidades públicas se recuperen de los recursos que no obtendrán por concepto de cuotas? ¿Cómo se amplia el cupo de las universidades públicas sin más recursos para contratación de profesores? ¿Alguno de los magos de la política oficial tiene la respuesta?

Mundos paralelos

Contradictorias, por decirlo suave, son las posiciones que desde el partido gobernante en el país surgen respecto a la educación. Por un lado, la recién presentada iniciativa que propone la gratuidad de la educación superior pública, y por otro, el presupuesto para educación en el proyecto de egresos 2021, que recorta 13 programas federales, todos importantes, pero destaco la brutal decisión de desaparecer tres: Escuelas de Tiempo Completo, Expansión en la oferta en educación media superior y superior y Fortalecimiento a la excelencia educativa.

Lo mismo sucede con el no menos despiadado recorte del presupuesto para las escuelas normales, cuando el secretario de Educación Pública ha insistido durante dos años en la revalorización del magisterio. Cada uno amerita análisis propio, que dejaré para otra ocasión.

Por ahora quiero preguntarme: ¿gratuidad de la educación superior sin recursos adicionales para que las universidades públicas se recuperen de los recursos que ya no obtendrán por concepto de cuotas? ¿Cómo se amplia el cupo de las universidades públicas sin más recursos para contratación de profesores, principalmente? ¿Alguno de los magos de la política oficial tiene la respuesta?