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Programa Sectorial de Educación: ¿a dónde vamos?

Tarde se publicó el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, sin justificación del retraso. Roberto Rodríguez, en su columna para Campus Milenio, escribió que el programa se entregó a finales del año pasado y probablemente lo detuvieron en las instancias donde deben aprobarlo: Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

El documento que leí, de 176 páginas en formato PDF, desarrolla seis objetivos prioritarios, 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

Inicia con un diagnóstico incompleto titulado “Análisis del estado actual”, sin datos, sin evidencias, solo con enunciados que afirman intenciones y descalifican a las administraciones pasadas. Después, en la explicación de las prioridades de cada uno de los seis objetivos, ya agregan indicadores en los renglones donde colocan la atención, en especial, en materia de inequidad de acceso, resultados y condiciones.

Emitido cuando el gobierno cumplió 18 meses pudo contener el resumen de las acciones emprendidas (supongo que habrá) para subsanar o comenzar a atender problemas; ruboriza leer, por ejemplo, que no hay un censo de las condiciones físicas de las 12 mil escuelas públicas de educación media superior y mil escuelas de educación superior. Eso ya lo sabíamos, debieron saberlo ellos hace un buen rato: ¿qué hicieron en estos meses?

El mismo déficit aparece cuando aluden al objetivo prioritario 5: garantizar el derecho a la cultura física y la práctica del deporte, para combatir los graves problemas de sobrepeso, sedentarismo y obesidad infantil, que colocan a México como campeón del mundo. Afirman que la SEP y la CONADE “trabajarán conjuntamente en el diseño e implementación de programas que fomenten la actividad física y el deporte…”. Desarrollarán también, expone, un modelo integral y multisectorial por nivel educativo para propiciar hábitos saludables en tres componentes: alimentación, hidratación y actividad física. De nuevo, confiesa no disponer de un inventario de infraestructura deportiva e instalaciones.

¿Cuándo vamos a tener dichos programas? ¿Cuándo los aplicarán? ¿A la mitad del sexenio? ¿Era tan complicado haber presentado ya primeros avances de dicha tarea? Ya sé que es un programa y no un informe, pero como digo, nos acercamos al primer tercio, y hace dos años comenzaron los trabajos del equipo que hoy dirige la Secretaría de Educación Pública.

Las lagunas son notorias en uno de los renglones donde se supone que los gobiernos que se declaran progresistas no darán pasos atrás: la infraestructura para hacer válido el derecho a la educación. Denunciado el abandono y la corrupción, traducido en carencia de condiciones, afirman que el recurso será insuficiente y, además, estarán concentrados en resolver los problemas derivados de los sismos de 2017 y 2018. ¿Entonces?

“El marco normativo que ha regido al SEN no ha estado a la altura de los retos resultantes de los constantes cambios sociales y mucho menos de los desafíos del siglo XXI”, afirma al explicar la relevancia del objetivo 6. Aquí la pregunta se desliza sola: con la nueva Ley General de Educación y las leyes secundarias adoptadas, ¿ya tenemos el marco para el siglo XXI?

El Programa pondera en todos los casos la búsqueda de la equidad y la inclusión; el énfasis es loable. Hay repetición de propuestas inconclusas, como la creación de un espacio común de educación superior; y otras interesantes, como la “democratización de la lectura” o “garantizar el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”. También omisiones tremendas: a punto de cumplir 100 años, las misiones culturales fundadas por José Vasconcelos no tienen una mención siquiera: ¿desaparecerán?

Vimos y seguiremos observando la congruencia entre las herramientas, condiciones, recursos y las pretensiones del Programa, porque algunas parecen inalcanzables, como el combate al grave problema del abandono escolar en media superior con distintos programas de tutorías y acompañamiento, en escuelas donde no existen profesores de tiempo completo o pagados para realizar esas actividades.

Las metas son, como es habitual, ambiciosas, pero luego se acompañan de una nota: “el cumplimiento de la meta está sujeto a la disponibilidad presupuestal”. Hay algunas deseables pero desmesuradas, como aumentar la cobertura de educación superior de 39.7% en 2018 a 50% en 2024, por tres razones, al menos: por el financiamiento que se precisaría, por la ampliación de cupos y la solución del grave problema de abandono en ese tipo educativo.

Desde el voluntarismo y la declaración de buenas intenciones alcanza para resolver algunas cuestiones, pero no los problemas estructurales. Ojalá las etapas porvenir sean más convincentes en lo que prometieron la transformación más profunda del sistema educativo.

 

 

LA POBREZA EN EL ADN

La pobreza es una marca congénita en México. La gesta de independencia dejó un país destrozado, empobrecido, explotado, como toda la América Latina después de varios siglos de salvaje colonización. Así queda claro en la historia, en obras magistrales como Las venas abiertas de América Latina (Eduardo Galeano).

No hay ninguna novedad en la recapitulación. Cuando se constituyó la nación la gran mayoría de la población mexicana era pobre; las cifras del analfabetismo, abrumadoras. A pesar de sus enormes potencialidades y riquezas, en su desarrollo la población se multiplicó en la pobreza y sigue sobreviviendo en las fronteras de la prosperidad, unos lejos, otros más lejos. Las cifras son inocultables, no hay forma de maquillarlas.

Se dice fácil y corto: presente y pasado pobres. El futuro no pinta de otro color. Sin cambio de rumbo, es decir, de prioridades, seguirá hundiendo en la pobreza a la mitad de su población. Los ejemplos hay que buscarlos en la historia, en la nuestra y en la de otros países de la región. El problema no es de colores partidistas. Es político, cultural, económico y ético.

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ENLACE Y LAS UNIVERSIDADES

En su artículo “La suspensión de ENLACE: ¿un asunto de fe o de reflexión?”, Pedro Flores-Crespo, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, preguntó: ¿quién ejerce la vigilancia y la contraloría social de las acciones que emprenden la SEP y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? La pregunta es pertinente e interesante.

En la actual visión político-educativa, la evaluación se constituyó en el timón de la nave, el mapa de navegación y el capitán; eso exige, desde una perspectiva medianamente democrática, que las acciones gubernamentales junto a las políticas públicas sean objeto de escrutinio riguroso. Si ellas fijan condiciones, establecen marcos normativos y supervisan, luego entonces son primeras responsables y no pueden excluirse a la hora de los juicios.

Por otra parte, Pedro Flores-Crespo advierte algunas ausencias en el debate por la denostada prueba y desliza un cuestionamiento al que quiero referirme de forma más extensa. Literalmente dice: “algunos rectores de universidades públicas prestigiadas ahora hacen mutis cuando en otro momento rechazaban tajantemente (la prueba) ENLACE”. No sé a qué rectores alude, sólo recuerdo una declaración del doctor José Narro afirmando que dicho examen no se aplicaría en la UNAM, pero es otra muy buena pregunta y habría que insistir: ¿por qué no dicen nada? El que calla no dice nada, interpreto, aunque no porque no lo piense o no tenga una postura.

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¿Nueva generación de políticas para educación superior?

Durante la campaña electoral pasada escuchamos en las voces de todos los actores políticos, en mayor o menor medida, declaraciones en torno a la centralidad de la educación. Sobre el ámbito de la educación superior, en específico, se insistió en su importancia para la transformación económica y política del país con adjetivos desmesurados respecto a las propuestas. No es novedad: prevalecen discursos demagógicos, semivacíos y propuestas poco originales. Poco se podría rescatar de las miles de proclamas vertidas en esos meses.

Para el caso de la educación superior la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, como en las elecciones presidenciales previas, preparó un documento que entregó a los candidatos, obteniendo de ellos aquiescencia y compromisos de apoyo; se llama “Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior”, preparado formalmente con un equipo de investigadores reconocidos en el campo educativo y funcionarios del organismo que agrupa a los rectores, encabezado por su dirigente, Rafael López Castañares. Contiene cinco pequeños apartados, a saber: “Avances y limitaciones en las políticas de educación superior”, “La inclusión social como principio rector de las políticas de educación superior”, “Ejes estratégicos y propuestas”, “Acciones prioritarias” y “Corolario”. Enseguida revisaré el balance hecho a las políticas, programas e instrumentos aplicados en la educación superior desde hace un par de décadas y, en particular, el contenido sobre la evaluación a las instituciones y profesores.

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¿Secretaría de Educación Superior?

El fin de semana en Campeche se celebró una reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Distintos asuntos aparecían en la agenda, entre otros, el análisis del documento Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior, que entregarán los rectores en mayo a los candidatos presidenciales. Desconozco los acuerdos adoptados en la asamblea, aunque en los días previos ya se preveía que dicho documento podría sufrir modificaciones “no significativas”. De las versiones preliminares pueden expresarse algunos comentarios.

Dos aspectos destacan, a mi juicio: la propuesta para la creación de una secretaría de estado, tentativamente denominada Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ligado a ello, la modificación del artículo tercero de la Constitución Política para reconocer el carácter “estratégico” de la enseñanza superior. Acorde con tales modificaciones, la reforma del artículo 25 de la Ley General de Educación, con la cual se destinaría cuando menos el uno por ciento del PIB a las instituciones públicas de educación superior. En el mismo renglón del financiamiento, se insiste en los presupuestos plurianuales y la corresponsabilidad de los gobiernos federal y estatales, de tal suerte que se garantice la suficiencia presupuestal, sometida a los controles de transparencia precisos.

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