Las cifras sobre los rechazados de las instituciones educativas acarrean un alud de cuestionamientos sobre los presuntos responsables, y las medidas que debieron tomarse para evitar la exclusión. Regresa entonces, cíclicamente, un debate que siendo urgente, así colocado en la agenda, poco aporta en la construcción de políticas públicas y estrategias efectivas.
Este año es inevitable recordar la iniciativa que se presentó para establecer la obligatoriedad del llamado bachillerato y que parece acercarse a un esperable e indeseable final. Las observaciones sobre insuficiencias técnicas son un argumento menor, frente a las condiciones financieras y de infraestructura que requeriría su aprobación, de una cuantía que sólo podría solventarse con una determinación histórica que no hemos conocido en décadas recientes.
Desaprobar la medida es una decisión inminente. Como dicen que reconoce el Senado, no se discute la pertinencia de una reforma de ese tamaño, pero las condiciones, a juzgar por las tendencias, no son los más amigables para emprender una cruzada a favor de hacer vigente el derecho a la educación media superior y superior. La iniciativa era, es positiva, sin duda. Un paso adelante en el camino hacia la incorporación constitucional de un derecho humano universal es el comienzo de la reparación de un rezago, pero de la iniciativa a su factibilidad hay una distancia con tintes de insalvable.
La idea de hacer obligatorio el bachillerato no es nueva. En el año 2000 el Estado de Jalisco la contempló como tal en su constitución; allí se dicta que la educación media superior es obligatoria y gratuita. Después, una iniciativa con ese propósito fue presentada, discutida y desechada en el Congreso de la Unión. Leer más…
