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La universidad es un derecho

En la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 2013, conocí a Eduardo Rinesi, entonces rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Participó en una mesa de discusión con otros académicos y rectores en un congreso sobre los rumbos de la educación superior en los países del Mercosur. La convocatoria fue espléndida, por el cartel de los ponentes y los niveles de análisis en esas jornadas llenas de aprendizajes.

Al personaje, como a otros intelectuales en funciones de rectores o académicos de Argentina y otros países, no lo conocía. A algunos de ellos seguí en su obra, leyéndoles y refrescándome con posiciones distintas.

En la preparación de un capítulo sobre la universidad, esta tarde me encontré de nuevo a Eduardo Rinesi en una entrevista para la televisión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la provincia de Chubut, con asiento en Comodoro Rivadavia.

La entrevista, muy cortita, tiene por título: La universidad como derecho. Esencialmente lo que propone se expresa simple, pero es complejo de alcanzar: la universidad es un derecho, y si es un derecho quiere decir que es para todos; si es un derecho, no puede ser solo para algunos; si es para algunos, es un privilegio.

Me pregunté entonces, siguiendo el hilo de su reflexión: ¿en México, para quién es la universidad pública? ¿Quiénes tenemos el derecho, la suerte, la fortuna, el privilegio de asistir a las universidades? ¿Qué porcentaje de los pobres puede llegar a la universidad, y si llega, cuáles son sus resultados? Hoy no tengo respuestas.

La universidad frente a la crisis social

Los problemas de la sociedad interpelan a las universidades. Que las universidades se sientan aludidas es cosa distinta.

En las décadas reciente, la mayor resonancia de ese imperativo quizá brotó de París en 1989, durante la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. El artículo 6 de la Declaración emitida el 9 de octubre es un mandato inapelable; transcribo casi completos los cuatro incisos que lo componen, por su urgencia en una sociedad convulsionada por los lacerantes problemas de violencia, inseguridad, fragilidad económica e impunidad.

a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente.

b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario.

c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de planes de estudio e investigación educativa.

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El recorte a las universidades estatales

El impacto del recorte a las universidades públicas estatales será paralizante en muchas áreas y actividades centrales.

El 2 de noviembre un grupo de rectores, mediante desplegado en medios, reclamaron dos reducciones anunciadas: una ya aplicada del 30% en el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, y otro, por lo menos del 66%, en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones Educativas (Profocie), popularmente conocido desde su origen como PIFI.

El recorte se había previsto desde agosto, según puede constatarse en medios periodísticos. La postura de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en voz del secretario general fue inmediata ante el anuncio: rechazo y petición de incremento.

La respuesta del secretario de Educación en septiembre y hace cinco semanas había sido negativa: no habrá reducciones. El 25 de noviembre pasado pidió acatar el “inevitable recorte”.

El financiamiento que las universidades reciben para desarrollar sus proyectos con el fondo extraordinario del Profocie podía representar el cinco por ciento de su presupuesto. Parece marginal, pero habida cuenta de la forma como la maquinaria universitaria consume el presupuesto en salarios y prestaciones, ese porcentaje dedicado a actividades académicas, como la movilidad de profesores y estudiantes, la publicación de libros o la realización de cursos para maestros, el apoyo en la reestructuración de planes de estudio, conformará un escenario adverso.

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HOMO ACADEMICUS

Con el arribo de los meses finales del año se intensifican las reuniones académicas (con distintas denominaciones) en el campo educativo. Las hay de todos tipos, desde el masivo congreso nacional organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en sedes itinerantes, hasta otros más acotados en temáticas o ámbitos de influencia geográfica.

No soy tan habitual, así que no puedo calificar su calidad, pero sí llamo la atención sobre una variante, de los menos respetados, y que han sido alentados por las políticas que premian la productividad individual de los profesores con incrementos salariales selectivos.

Intentaré explicarlo breve. Una constancia como ponente tiene más valor según el estatus del congreso; ergo: los internacionales tiene valor superior a los nacionales, y estos a los estatales. Siendo tan clara la directiva, entonces, la tarea es organizar congresos internacionales, aunque nada más asista un ponente extranjero y tres de estados vecinos. No importa. Cuenta el nombre, y que así quedé consignado en papel.

¿Y los asistentes? Pues alumnos, ¡quién ha de ser! Son clientes cautivos de lo que sapientísimos profesores consideran relevante, porque es nuestra materia, nos gusta o está de moda.

Difícilmente estos congresos tienen la calidad suficiente como para repetirlos y llenarlos con inscripción libre. Difícilmente tienen la calidad como para recordarlos dos meses, tres semanas, tres días después. Difícilmente.

Estos múltiples congresos, muchos de ellos financiado con recursos públicos, son otra expresión de la despreciada calidad de la educación, de su falta de rigor o de la falta de prestigio ante otras profesiones o campos científicos. Pero qué se le va a hacer. Así ha sido, así es y nada indica que pueda cambiar.

PABLO LATAPÍ Y LA UNIVERSIDAD

Mañana la Universidad de Colima, mi casa como estudiante y profesor, cumple 75 años de existencia. La ocasión convoca reflexión. Lo haré en esta página y otras, pues estoy convencido que el pensamiento, la palabra, la deliberación son las vías más congruentes para honrar las casas de la cultura superior.

Las posibilidades analíticas que ofrece el tema son infinitas. Paseando por mi escritorio encontré un discurso memorable que leyó en 2007 Pablo Latapí Sarre, fundador de la investigación educativa en México, cuando recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Como don Pablo es también doctor honoris causa por la Universidad de Colima, quiero dejarles estos párrafos lúcidos y provocadores sobre el sentido de las universidades en momentos de turbulencias financieras, desazones políticas e incertidumbres sociales.

Hago propias las ideas del ilustre mexicano que hizo de nuestra alma mater, por un tiempo, su casa.

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