En Colima está ocurriendo algo inquietante: hay menos estudiantes, pero la educación privada tiene más. Entre 2019 y 2024, el sistema educativo estatal perdió casi 13 mil alumnos, mientras las instituciones particulares registraron más de seis mil. La paradoja se vuelve todavía más evidente en la educación superior: la matrícula pública creció poco, la privada se multiplicó por cuatro; y en el posgrado, ya representa más de la mitad del estudiantado. ¿Qué nos dicen estos números sobre la educación que se está construyendo en Colima?

Analizaré la pregunta con base en un documento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamado “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional”, de dos ciclos, 2019-2020, inicio de la pandemia, y el más reciente del que se disponen datos (2024-2025), así como el Sistema Interactivo de Consulta Educativa de la propia SEP.

Hallazgos
La educación en Colima se achicó en el periodo mencionado: pasamos de 202,197 estudiantes (ciclo 2019-20) a 189,283. Son 12,914 estudiantes menos. Una cifra considerable, por decirlo suave.

La educación pública total en Colima, en el ciclo 2019-20, era de 173,683, y se redujo a 154,437, en tanto que la privada creció de 28,513 a 34,846, un aumento significativo.

La educación media superior debió ser universal en el país hace un sexenio. Estamos lejos en México y Colima. La matrícula local de los llamados bachilleratos disminuyó de 32,217 a 31,595. ¿Qué sucedió? No hay una explicación oficial al respecto; no la conozco. En esta reducción, los más afectados fueron los planteles privados, que perdieron 1,562 estudiantes.

Por su parte, la enseñanza superior creció de manera notable, de 21,038 estudiantes a 29,543 entre los ciclos revisados. Podría creerse que las becas del gobierno federal funcionaron, pero es un juicio ficticio, porque la enseñanza pública aumentó 1,583 estudiantes, pero la privada se multiplicó por 4, al pasar de 2,068 a 8,981 alumnos. Así, para el ciclo 2024-25 la matrícula privada absorbió a 3 de cada 10 inscritos.

En posgrado se aprecia la misma tendencia en favor de las instituciones privadas: en el ciclo 2024-25 había 2,531 estudiantes, de los cuales, 1,419 estaban inscritos en instituciones de paga. Es contundente. Hay una tendencia a la privatización del posgrado en Colima: 56 por ciento de la matrícula se forma en esas instituciones.

Reflexiones y preguntas
Con base en los datos expuestos, las conclusiones desalientan el optimismo por el esfuerzo que realiza el gobierno estatal: matrícula decreciente en el conjunto del sistema colimense e incremento mínimo en la matrícula pública de bachillerato y enseñanza superior. Mientras, la enseñanza de las escuelas particulares se redujo un tercio en bachillerato, pero se multiplicó por 4 en la superior, para ser mayoritaria en posgrado.

En otro terreno, se asoma una discusión por la manera como se distribuyen los programas sociales: ¿el derecho a la educación es de las personas o de las instituciones? Si todos los adultos mayores tienen derecho a la pensión universal, con independencia de sus ingresos o de dónde laboraron durante su vida productiva, ¿por qué todos los niños y jóvenes no tienen un mismo derecho? ¿Por qué los alumnos de las escuelas particulares en Colima no tienen derecho a una computadora, por ejemplo? ¿Es un derecho o una prerrogativa? ¿Las familias que pagan en centros privados constituyen otra categoría política, ética o ciudadana?

Las escuelas privadas son un problema cuando no se les regula adecuadamente y no ofrecen un servicio de calidad; pero supervisarlas es obligación de los gobiernos (que definen los marcos legales) y de las instituciones que las reconocen, como las universidades públicas autónomas y las secretarías de educación, a través de los llamados Reconocimientos de Validez Oficial (REVOE) o de las “incorporaciones”.

En México, se comparta o no, la educación que ofrecen los particulares ha sido una puerta por la cual ingresan muchos estudiantes en busca de opciones distintas. Hay que debatir varias cuestiones sobre su calidad, sin duda, pero contenerla u obstaculizarla, sin razones transparentes, no es la más razonable de las políticas en una democracia abierta.