Dos notas periodísticas leí esta tarde sobre el impacto de la pandemia en la matrícula de las escuelas privadas. Primero, de La Jornada, con base en las declaraciones de padres de familia y el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Privadas. La segunda, de El Financiero, recoge las opiniones de Miguel Székely, exsubsecretario de Educación Media Superior, y Yoloxóchitl Bustamente, quien también ocupó ese cargo y es actualmente secretaria de Educación de Guanajuato.

En ambas se informa el cierre de escuelas, disminución de matrículas, incapacidad de las familias de costear los pagos y nula accesibilidad de los dueños de los colegios para diseñar esquemas que eviten la desbandada.

Los exsubsecretarios alertan que la migración de alumnos de escuelas privadas a públicas es inevitable, e imposible de negar porque se trata de un derecho constitucional, pero que los sistemas educativos públicos no tienen espacios ni están preparándose.

Las conclusiones eran previsibles por el enorme impacto económico que está dejando la crisis derivada del coronavirus, aunque los gorjeos oficiales insistan en minimizarlo.

En Colima también hace aire. Por mensajes directos me consultaron varias personas y me enviaron mensajes que circulan por WhatsApp, con inconformidades de padres de familia que solicitan una actitud distinta a las autoridades de colegios. No tengo detalles ni ánimo de ventilarlos.

Después del tendal de muertos veremos muchos otros cadáveres, entre empresas y empleos, que no verán el otoño. Terrible será, además, la cantidad de alumnos de escuelas públicas (ocurrirá con los de privadas, supongo, pero en menor grado) que no volverán nunca más a las aulas.