Leo en La Jornada la nota sobre la reunión de rectores con la presidencia de la Comisión de Hacienda en el Senado. El tema es la urgencia de recursos para las universidades, de cara a los desafíos de aumentar la matrícula y ampliar el acceso a la enseñanza superior, así como para enfrentar “carencias estructurales”: actualización de laboratorios, bibliotecas, formación docente y pensiones, entre otros.

Un gobierno que declara tener a la educación como una de sus prioridades más altas; que presume ser gobernado por una científica que trabajó en la Universidad Nacional; que decretó el acceso a la educación superior como un derecho ciudadano y obligación gubernamental, no debería tener ninguna duda en apoyar la petición hecha de frente. Con esos antecedentes, debería ser una negociación relativamente fácil, centrada en montos y controles, en ejes de atención primera y mayor impacto. Debería. Pero la historia corta de los gobiernos de la izquierda mexicana contradice casi cualquier optimismo.

Un reporte del Instituto Mexicano de la Competititividad fechado en octubre pasado desmenuza el prespuesto para 2026. Sobran razones para la preocupación y justifican la petición de los rectores.
• “En 2026, se destinarán 1.2 billones de pesos a educación, equivalente a 4% del PIB.
• “La educación básica recibirá el mayor presupuesto en 25 años debido a la universalización de la Beca Rita Cetina.
• “La educación superior alcanzará su nivel más bajo de financiamiento del siglo, con una reducción real de 40% desde 2015”.

Me aflojera un poco escribir una frase dulce para cerrar esta página; algo así como: “Ojalá la Secretaría de Hacienda y Palacio Nacional dejen atrás su inercia fatal”. Sinceramente, no lo creo.