El aumento de la cobertura en la educación superior colimense es impostergable. Las acciones más recientes de los gobierno federal, estatal y de las instituciones educativas locales se encaminan en esa dirección. Bienvenida la sinergia.

El indicador llamado “cobertura”, definido también por la SEP como “tasa bruta de escolarización”, se expresa en el “Número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar, por cada 100 personas del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel”. En educación superior, ese grupo etario se ubica entre los 18 y 23 años.

El acceso a la escolarización superior es un derecho humano contenido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, la reforma de 2019 estableció su carácter de derecho constitucional y la obligatoriedad del Estado para garantizarla procurando la apertura de espacios y condiciones apropiadas.

La historia impone cautela. La secundaria, obligatoria desde 1992, todavía hoy es una promesa vana para 18 de cada cien niños expulsados durante la educación básica (primaria y secundaria), según datos de la SEP. Situación semejante ocurre con la media superior, que ya debería ser universal, como lo definió la reforma educativa de 2013.

Es deseable ampliar la meta de cobertura para la educación superior, por supuesto. Las primeras acciones comenzaron. La semana pasada se realizaron en Colima los “Talleres para el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior (COEPES)”, según leo en “El Comentario”. Colaboraron la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación local, encabezada por el secretario Núñez, presidente de la COEPES.

La meta del gobierno federal es alcanzar una cobertura del 55 %. En términos coloquiales, significa que más muchachos con edades de asistir a la enseñanza superior se inscriban al primer semestre. Aunque no es suficiente. De acuerdo con la nota periodística, el rector de la Universidad de Colima, Christian Torres Ortiz, afirmó: “Queremos garantizar el derecho de las juventudes de acceder a una formación de excelencia bajo los criterios de equidad, inclusión, responsabilidad social y sostenibilidad”.

Según el documento “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2023-2024” (SEP), en ese ciclo escolar la cobertura en Colima fue de 41.9 %, con una matrícula de 29,352 estudiantes: 20,055 en escuelas públicas y 9,297 en particulares. Lograr el aumento pretendido, es decir, elevarlo 13 puntos porcentuales, implicaría pasar de esa cantidad a poco más de 38,500. Nueve mil más. ¿Es mucho o poco? Para la entidad, significaría crecer el sistema educativo una tercera parte.

¿Es posible? Probablemente sí, pero precisa un proyecto consistente y cantidad voluminosa de recursos. Para ilustrar el tamaño del esfuerzo tenemos la historia reciente. El Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (SEP) registra que en el ciclo 2010-2011 en Colima hubo 21,752 alumnos de educación superior; es decir, en los últimos 13 ciclos escolares aumentaron 7,627. El esfuerzo ahora, en menos tiempo, deberá superar esa cifra.

Hay otro indicador clave para el éxito de la meta gubernamental: la capacidad del sistema escolar de retener a los estudiantes y evitar que abandonen. Admitir a más jóvenes sin su permanencia aumentaría la sangría, llamada en otra época “deserción”.

Colima tiene un abandono por encima del promedio nacional. La cifra más reciente, del ciclo 2022-2023, indica que en el país fue de 7.2 % y en Colima de 10.2 %. Significa que por cada cien estudiantes que se inscriben, diez abandonan el ciclo escolar cada año.

En conclusión: es deseable y necesario aumentar la matrícula, pero la meta requiere una política inédita en la entidad, para que ingresen más y concluyan en la misma proporción.

La historia está por escribirse. Bienvenidas las declaraciones, esfuerzos y proyectos. Ojalá se rieguen con los recursos y la imaginación que la proeza amerita.