Con mezcla de estupor e indignación leo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) desapareció los archivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de la llamada Mejoredu, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, creada por el primer gobierno federal de Morena, y ahora enterrada sin piedad.
El secuestro de la información y el conocimiento producidos, sobre todo por el INEE, ha merecido rechazo y denuncia. La opacidad de la SEP admite explicaciones diversas, con buenas y peores intenciones. Más allá de las posturas de cada cual, es evidente que el ocultamiento de la ya considerable biblioteca acumulada en más de dos décadas es una decisión autoritaria y regresiva. En efecto, como han declarado varios académicos, significa una vuelta al peor pasado posible, a la dictadura del pensamiento único, del dato oficial como mantra, de la fe ciega que debe profesarse a quienes detestan el examen abierto de ideas y prefieren el silencio pagado por la nómina o el credo ideológico.
La decisión no solamente pretende borrar una huella indeleble, la existencia misma del INEE y su trayectoria, especialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto y la reforma educativa que, en su momento, jubiloso, suscribió el hoy secretario de Educación Pública. También es un rechazo al dato, al análisis riguroso, a la confrontación de pensamientos, a sustentar las políticas en evidencias.
Si con la decisión buscan borrar el nombre del INEE o de los consejeros y las figuras centrales, se equivocan otra vez: están despreciando el trabajo honesto, riguroso y profesional de cientos de personas, especialistas y trabajadores de distintos niveles que trabajaron durante más de veinte años en evaluaciones locales, nacionales e internacionales; en investigaciones de diversos temas; en la producción de documentos icónicos en la historia pedagógica, como el Panorama Educativo de México, monumental repositorio anual de indicadores; informes de distintos estudios; documentos con orientaciones para el diseño de mejores políticas en temas torales, a través de las denominadas “directrices”, centradas en visibilizar los neoliberales temas de la educación indígena, de los niños y niñas hijos de trabajadores agrícolas migrantes, del dramático abandono escolar en la educación media superior, entre otros; se proponen clausurar también la producción de manuales y textos con orientaciones didácticas, o la maravillosa colección de buenas prácticas que cientos de profesores de todos los rincones del país enviaron (en documentos o videos) para registrar sus esfuerzos cotidianos que producían buenos resultados y se compartían generosamente para tender puentes invisibles con otros colegas, ejercicio que reunía, sí, con recursos públicos, a dos personas de cada entidad federativa cada año, para mostrar sus productos, como reconocimiento a labores extraordinarias. Todo ello y un incontable inventario es lo que la decisión de la SEP quiere enterrar en el basurero de la ignominia.
Se sepulta y desprecia también la labor de miles de personas que eran contratadas temporalmente por el INEE, de manera transparente y legal, para realizar los levantamientos o exámenes de distintos tipos en miles y miles de escuelas del país; gente a quien se pagaba por su labor, se les cubrían gastos de alimentación y pernocta cuando se requería, y previamente a todo, se les capacitaba para realizar una labor apegada a lineamientos y supervisiones. Se repudia el trabajo de miles de profesores, directores y otras figuras que participaban como evaluadores, informantes o colaboradores que confiaban en el valor de la investigación y la evaluación educativas.
En suma, el alud de la Cuatro T en la materia entierra todo ello, memoria, trabajo profesional y responsable; y solo por ese hecho la decisión arbitraria es condenable, pero sus consecuencias serán mayúsculas.
Por el lugar geográfico desde donde escribo, Colima, debo señalar un hecho que a los colegas del centro del país les puede resultar nimio, pero que a las entidades federativas les resulta significativo en grado sumo. Sin la información que producía el INEE, estados como el mío se quedaron huérfanos de datos públicos, porque las secretarías de educación estatales no tienen como prioridad la provisión de información y datos abiertos, que constaten avances o problemas, que inciten análisis e investigación. Si realizan estudios o evaluaciones, esas oficinas se las guardan para sus archivos, y quizá para tomar decisiones, pero no alimentan la indispensable reflexión educativa, los análisis desde la academia y el periodismo, que coadyuven a la mejora del sistema escolar.
La quema de este capítulo de la historia admite todos los calificativos. Me abstengo de sumar otros. Lamento, y me indigna, que mientras en las universidades formamos para que nuestros futuros docentes y profesionales del sistema educativo sean mejores que las generaciones actuales, desde los gobiernos se entronice el disimulo, la desmemoria, la ocurrencia y el cinismo.