En una nota publicada el 16 de marzo pasado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se afirma: “Un reciente seguimiento global revela que 114 sistemas educativos ya cuentan con una prohibición nacional del uso de teléfonos móviles en las escuelas, lo que representa el 58 % de los países del mundo. La expansión ha sido rápida. Menos de uno de cada cuatro países (24 %) tenía prohibiciones en junio de 2023, cuando se realizó el primer seguimiento en el Informe GEM de 2023. A principios de 2025, esta cifra había aumentado al 40 %, y en marzo de 2026, ese porcentaje era casi 20 puntos porcentuales mayor”.

La ola no es uniforme: algunos países prohibieron los teléfonos en los primeros grados de la enseñanza, como Francia, donde no se pueden usar en primaria y secundaria menor; otros los prohiben durante la jornada escolar o en las aulas; algunos permiten su uso para fines educativos, o grupos específicos, como personas enfermas o con discapacidades. En varios sistemas hay regulaciones para que cada escuela establezca normas propias.

La Unesco informa que, además, se debate el tema al interior de los países, en lo que llama “regulaciones subnacionales”, como los casos de Alemania, Argentina e incluso México. Estados Unidos es otro ejemplo: no tiene dictado nacional, pero sí regulaciones en 39 estados. La diversidad es inabarcable.

En el movimiento global contra la liberación absoluta de las pantallas y el acceso a redes sociales, hay un abanico de argumentos, desde la disminución de la atención en las aulas, problemas de ciberacoso, presiones sociales y estéticas, trastornos alimentarios, contenido dañino y bienestar emocional, entre otros.

Un consenso es más o menos palmario: la prohibición o regulación del uso de pantallas en los sistemas escolares es una medida insuficiente. Por sí sola, no revertirá las dificultades advertidas.

Le pregunto a ChatGPT su opinión una vez que lo conversamos e intercambiamos mensajes. Me responde: “conviene evitar un enfoque simplista: no se trata de una ‘vuelta romántica al pasado’ ni de un rechazo irracional a la tecnología. En muchos casos, estos movimientos son reacciones a evidencia concreta (dispersión, fatiga digital, caída en comprensión lectora) más que nostalgias”. Estoy de acuerdo.

La decisión reguladora expone preocupaciones innegables, al mismo tiempo, hipotetizo, certifica que los beneficios de la tecnología han sido menores que los perjuicios, pese a las concepciones tecnofílicas o las promesas redentoras del mundo digital.

Es evidente que cambiar el paisaje de la escuela con pantallas no se traduce en automático en una modernización o progreso pedagógico; tampoco se puede asegurar que la innovación educativa llega de la mano de las tecnologías, sobre todo, cuando se descuidan dos aspectos torales: la formación docente para el uso sensato y las desigualdades que se introducen con innovaciones tecnológicas inadecuadamente planteadas.

Políticas y gobiernos se confundieron creyendo (o tratando de hacer creer) que acceso equivale a aprendizaje. En la escuela la tecnología no es el problema, sino el uso: es verdad de Perogrullo. Sí son gran obstáculo las taras que alientan su expansión: la memoria es irrelevante, los chicos son multitarea, nacieron digitales… como si escrolear sin saber leer (y sin leer) concediera un estatus intelectual superior o unas capacidades superlativas.

La escuela no puede trabajar de espaldas a la realidad. O no debería. Las pantallas y el mundo digital son parte de esa realidad, entonces, deben ser medio de aprendizajes y contenido de exploración crítica, por las implicaciones éticas que subyacen, la necesidad del pensamiento crítico y de conformar una ciudadanía más educada también en el componente digital.

Estamos en la cresta de ola y no hay manera de bajarse. En los próximos años la Unesco planea publicar dos informes más; cuando se difundan constataremos virajes o tendencias. Mientras, en México, entre una actitud (prohibicionista) y otra (indiferente) el tema no puede ser ajeno a las secretarías de educación y los actores principales: docentes y autoridades escolares. El debate razonable aquí, también, ya es imperativo.