Hay épocas en las que el mayor acto de civismo consiste en recordar lo inapelable: que nadie posee el monopolio de la verdad; que la democracia no fue inventada para proteger certezas de algunos, sino nuestro derecho a ponerlas en duda; que la libertad de expresión deja de serlo cuando sólo ampara aquello que el poder, la mayoría o un grupo consideran aceptable.

Vivimos tiempos extraños. En nombre de los derechos se justifican restricciones a las palabras. En nombre de la convivencia se alienta una conversación pública cada vez más hostil, pulverizada y pulverizadora. En nombre del pueblo se desacredita a quien piensa distinto. Entonces, el desacuerdo deja de verse como una condición natural de la vida democrática y se trata como amenaza.

Es un camino peligroso. No porque toda opinión sea igualmente valiosa (las personas todas la son, pero no sus ideas per se), sino porque ninguna autoridad política debería arrogarse el derecho de decidir cuáles ideas merecen circular y cuáles deben ser castradas.

La libertad de expresión no es absoluta. Existen límites que la sociedad democrática construyó: la incitación directa a la violencia, la calumnia, la amenaza, la difamación, la vulneración de derechos fundamentales. Esos límites existen para proteger a las personas, no para proteger a los gobiernos de la crítica ni a las ideologías de la discusión. Confundir ambas cosas constituye uno de los primeros síntomas del deterioro democrático.

Cuando el poder comienza a administrar la conversación pública desde la lógica de la sospecha o una idea de pureza, la democracia empieza a perder uno de sus pilares más delicados: la confianza en que los ciudadanos son capaces de escuchar, contrastar, discutir y formar su propio juicio. Que somos ciudadanos y no súbditos.

La democracia necesita gobiernos con autoridad para aplicar la ley, pero suficiente modestia para no pretender administrar las conciencias. Gobernar no significa pensar por los demás. Significa garantizar que los demás puedan pensar, incluso contra el propio gobierno.

La historia insiste en enseñarnos aquello que nos empeñamos en olvidar: ninguna democracia murió de la noche a la mañana. Primero se normalizó la descalificación. Después llegó la sospecha permanente sobre quien discrepaba. Más tarde aparecieron las listas de los buenos y los malos ciudadanos o instituciones. Finalmente, el silencio comenzó a parecer una virtud patriótica.

Recordémoslo siempre: el silencio nunca ha sido una prueba de concordia. Con frecuencia ha sido simplemente una prueba de miedo.

La mayor fortaleza de una democracia no consiste en producir unanimidades. Consiste en soportar desacuerdos profundos sin renunciar al respeto mutuo. La verdadera madurez cívica reside en comprender que el adversario político no es un enemigo moral y que una opinión incómoda no constituye, por sí misma, una agresión contra la patria.

Quien defiende la libertad debería hacerlo siempre, incluso cuando las voces protegidas le resulten incómodas. Y quien invoca los derechos humanos no puede celebrarlos en unos países mientras guarda silencio cuando son vulnerados en otros.

La democracia desfallece cuando sus principios se aplican según simpatías ideológicas.

No existen dictaduras buenas porque coincidan con nuestras preferencias. No existen autoritarismos aceptables porque hablen nuestro lenguaje.

Los derechos humanos dejan de ser universales en el instante en que se vuelven selectivos.

Quizá el problema más profundo de nuestro tiempo político mexicano no sea la censura. Es el desprestigio de la discrepancia. Hemos aprendido a responder con etiquetas antes que con argumentos. Preferimos descalificar antes que escuchar; escuchar antes que dialogar. Nos resulta más sencillo cancelar a quien piensa distinto que aceptar la posibilidad de que tenga, al menos en parte, razón.

Esa pobreza del diálogo no la resolverá ninguna ley. Es una tarea legal, por supuesto, pero también cultural y educativa.

Las escuelas, las universidades, los medios de comunicación y las familias tienen una responsabilidad que ninguna reforma puede sustituir: enseñar que disentir no equivale a destruir; que la conversación democrática exige inteligencia, paciencia y voluntad para revisar las propias convicciones.

Necesitamos menos fanáticos de las certezas y más ciudadanos capaces de convivir con la complejidad.

Necesitamos menos voces que aspiren a vencer y más voces dispuestas a comprender.

Necesitamos, sobre todo, recuperar una virtud antigua que hoy parece revolucionaria: sensatez.

Defender el derecho a discrepar no es tarea de unas cuantas personas. Es condición para que una sociedad siga siendo libre.

La democracia no se fortalece cuando todos repetimos lo mismo. Se vigoriza cuando nadie tiene miedo de decir algo diferente.