El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior serán obligatorias”.

En el inciso A de la fracción II se lee: “Será democrática (la educación) considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

El inciso C de la misma fracción afirma: “Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Otros párrafos del máximo ordenamiento podrían citarse para sustentar la idea que pretendo, pero bastan los transcritos para ilustrar el vacío que abrieron históricamente las autoridades municipales con respecto a sus obligaciones.

Una confusión lamentable y más o menos generalizada explica el soslayo o incumplimiento de aquellas directivas. Es evidente la tergiversación del sentido de los conceptos educación y escolaridad. Educación es un proceso que ocurre en la escuela, pero no solo allí; por su parte, la escolaridad es el ritual de asistir cotidianamente a clases. La educación no es patrimonio de las escuelas, e implica también a los gobiernos. Hay que recordárselos y exigírselos para que lo hagan ya.

Concebida la educación como territorio de las secretarías de educación, circunscrita a las escuelas y los maestros dentro de un horario restringido, descuida los componentes que deben fomentarse en ámbitos extraescolares. Pero la educación va más allá; es tarea de otras instituciones sociales, de las familias, de los ciudadanos, por supuesto.

En los pueblos y ciudades todo educa, y para que dicho proceso sea positivo en el desarrollo de cada uno de sus habitantes y de la ciudadanía en general, debe dirigirse y potenciarse por sus implicaciones sociales. Los espacios públicos educan a través de la limpieza de sus parques y jardines, los camellones, el cuidado de los edificios públicos, la seguridad pública, el respeto a los transeúntes, la vialidad, el ruido, la tranquilidad, los espacios para la convivencia o el juego de los niños.

Esto es parte del currículum de los alcaldes, esas son las materias donde deben enseñar; y allí, no se puede reprobar más.