En América Latina y el Caribe la interrupción de la escuela no es una rareza: es la experiencia recurrente de millones de infantes. Terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, violencia armada, crisis humanitarias y desplazamientos forzados han convertido a la educación en situaciones de emergencia (EeE) en un desafío estructural para los sistemas escolares de la región. No se trata solo de escuelas que cierran temporalmente, sino de trayectorias educativas que se fragmentan, se postergan o, en muchos casos, desaparecen.

La EeE es un campo reconocido a nivel internacional, impulsado por organismos como la Unesco, Unicef, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, por sus siglas en inglés). La premisa es contundente: el derecho a la educación no se suspende en contextos de crisis. Por el contrario, la educación cumple un papel protector, estabilizador y reconstructor del tejido social, en especial para niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad, abundantes en los países de varias regiones planetarias, entre ellas, Latinoamérica.

Se estima que para 2030, cuando habrían de cumplirse las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en la región alrededor de 300 millones de niños y jóvenes tendrán serias deficiencias en comprensión lectora y matemáticas, mientras que unos 84 millones estarán desprovistos de servicios educativos formales.

Emergencias que no siempre lo parecen
En el imaginario colectivo, la educación en emergencia suele asociarse a conflictos armados o catástrofes súbitas. Sin embargo, en América Latina y el Caribe predominan emergencias de carácter crónico o recurrente. La violencia vinculada al crimen organizado en Centroamérica y México, los desplazamientos masivos de poblaciones —como las crisis venezolana o haitiana— o los impactos cada vez más frecuentes del cambio climático generan interrupciones educativas prolongadas y acumulativas.

Esta multiplicidad de situaciones afecta la oferta (escuelas destruidas, carencia de recursos de todos tipos, docentes desplazados, sistemas colapsados) y la demanda (familias que priorizan la supervivencia, trabajo infantil, migración forzada). El resultado es una reducción sostenida del acceso, la equidad y la calidad educativa, con efectos de largo plazo sobre la cohesión social y el desarrollo regional, lo que produce una transmisión intergeneracional del déficit formativo.

Las distintas expresiones de las crisis pueden cerrar escuelas, a veces por largos periodos, desplazar estudiantes y docentes, dañar infraestructura, interrumpir calendarios escolares e incrementar desigualdades preexistentes, sobre todo para grupos vulnerables (niñas, niños con discapacidad, migrantes, indígenas).

Según datos globales, más de 234 millones de estudiantes están afectados por emergencias y necesitan apoyo urgente, y millones de ellos han quedado fuera de la escuela por conflictos, ciclos climáticos extremos o desplazamientos.

En estos contextos, la educación en emergencia no es un “lujo” ni un complemento: es esencial y salvaguarda derechos humanos fundamentales. Es un desafío político y ético que cuestiona a los sistemas sociales y a las democracias. Por un lado, es una herramienta protectora y de vida, porque la escuela en situaciones de crisis se convierte en espacio que protege a niñas, niños y adolescentes de riesgos como abuso, explotación o reclutamiento en grupos armados, trabajo infantil, matrimonios forzados, daños psicológicos por trauma. En su conjunto, brinda estructura, apoyo psicosocial, información sobre seguridad y salud, y una sensación de estabilidad en medio de la ruptura de rutinas y comunidades.

Por otro lado, propicia la continuidad del aprendizaje y la resiliencia colectiva. Cuando los sistemas educativos tienen mecanismos para responder a crisis los estudiantes pierden menos tiempo lectivo, pueden regresar a clases más rápido, se construyen capacidades locales para enfrentar escollos futuros y se fortalece la cohesión social. En suma, contribuye a la resiliencia comunitaria y al desarrollo sostenible a largo plazo.

Un talón de Aquiles: la falta de datos
Uno de los hallazgos más apremiantes de los organismos y expertos dedicados al tema es que la educación en situaciones de emergencia es, en gran medida, invisible en los sistemas nacionales de información educativa. Cuando existen datos, suelen estar fragmentados, desactualizados o desalineados entre actores humanitarios y de desarrollo. No existe un ecosistema de datos institucionalizados y básicos para la toma de decisiones sensatas y con evidencias.

La carencia no es un problema técnico menor. La falta de datos confiables y desagregados impide identificar a los grupos más afectados, asignar recursos de manera justa y evaluar el impacto real de las intervenciones. En la práctica, debilita la capacidad de los ministerios de educación para liderar la respuesta en contextos de crisis y refuerza la dependencia de acciones aisladas o de corto plazo.

El enfoque contemporáneo de la EeE propone superar la lógica reactiva. No basta con “responder” más o menos aprisa y con titubeos cuando ocurre la catástrofe. Es necesario trabajar en un ciclo integral de gestión del riesgo, que incluya prevención, preparación, respuesta y recuperación, articulado con la planificación educativa de mediano y largo plazos.

En América Latina existen avances importantes, como los marcos de seguridad escolar, los sistemas de alerta temprana o las iniciativas regionales para monitorear la educación de estudiantes en movilidad. Sin embargo, estos esfuerzos aún enfrentan desafíos de coordinación intersectorial, sostenibilidad financiera y apropiación institucional.

Estudiantes en movimiento: prioridad regional
La movilidad humana es hoy uno de los principales vectores de la educación en emergencia en la región. Millones de niñas, niños y jóvenes migrantes o desplazados enfrentan barreras administrativas, curriculares y lingüísticas para acceder y permanecer en la escuela. En respuesta, la UNESCO y los países de la región han impulsado un Marco Regional de Monitoreo sobre Estudiantes en Movilidad, que busca mejorar la disponibilidad y el uso de información para la toma de decisiones educativas.

Este tipo de iniciativas muestra que la EeE no es un asunto marginal, sino un componente clave para avanzar hacia el ODS 4 y reducir las desigualdades educativas que históricamente han lastrado a América Latina.

Reflexión final: de la excepción a la política pública
La educación en situaciones de emergencia debe garantizar oportunidades de aprendizaje seguras, inclusivas y de calidad para personas de todas las edades que enfrentan crisis severas: conflictos armados o violencia social, desplazamientos forzados, migración masiva, desastres naturales (terremotos, huracanes, inundaciones), emergencias sanitarias (epidemias/pandemias) y choques económicos y sociales

La principal lección es contundente: las emergencias ya no pueden tratarse como excepciones. En una región atravesada por múltiples crisis, la educación en situaciones de emergencia debe integrarse de manera explícita en las políticas públicas, los sistemas de información y procesos de planificación. La disyuntiva es de expresión simple: visibilizar el problema y encararlo o perpetuar la inequidad. No hay tiempo para la dilación ni la ceguera voluntaria.

Invertir en datos, fortalecer la capacidad institucional y articular las agendas humanitaria y de desarrollo no es solo una cuestión de eficiencia. Es, ante todo, una apuesta ética y política por garantizar que, incluso cuando todo se rompe, la escuela siga siendo un espacio vital de cuidado, aprendizaje y esperanza.