La salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública ha generado una reacción intensa en distintos espacios mediáticos. El estilo que caracterizó su gestión y las controversias en torno a la elaboración de los libros de texto gratuitos asociados a la Nueva Escuela Mexicana explican, en parte, la magnitud de las respuestas.

Más allá de simpatías o antipatías personales, conviene distinguir planos. La permanencia o relevo de funcionarios es una decisión administrativa y política que corresponde a las autoridades competentes. Otra cuestión, distinta, es la calidad del debate público que se produce a partir de ese hecho.

Es inobjetable que durante la gestión de Arriaga hubo decisiones discutibles y posturas que crearon tensiones innecesarias. En mi experiencia, en un encuentro académico celebrado en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Colima, durante la discusión del Plan de Estudio 2022, pude constatar un intercambio en el que sus generalizaciones sustituyeron a los argumentos. Ese tipo de respuestas, provengan de quien provengan, dificultan el diálogo y empobrecen la deliberación que exige la política y la gestión educativas.

Sin embargo, reducir un proceso complejo a la figura de un solo funcionario tampoco contribuye a comprenderlo. Las transformaciones curriculares, la definición de materiales educativos y la orientación de una política pública de alcance nacional responden a decisiones institucionales más amplias.

Concentrar toda la responsabilidad —en sentido positivo o negativo— en una persona simplifica en exceso lo que, por naturaleza, es colectivo.

La discusión reciente muestra, además, una tendencia preocupante: el recurso a etiquetas ideológicas como sustituto del análisis. Clasificar a un actor público en un reducto no resuelve el examen de sus propuestas ni resultados. La deliberación exige argumentos, evidencias y evaluaciones, no consignas.

Algo similar ocurre cuando se invocan tradiciones intelectuales para descalificar posiciones contemporáneas. La obra de Paulo Freire, referente central de la pedagogía latinoamericana, puede ser objeto de crítica o adhesión, pero difícilmente puede reducirse a un estereotipo. El debate académico demanda lectura rigurosa y discusión conceptual, no caricaturas o memes.

Es posible considerar que el relevo del funcionario era necesario y, al mismo tiempo, cuestionar el tono de celebración o condena sumaria que ha predominado en ciertos espacios. La educación pública es un asunto de interés nacional que requiere análisis riguroso, no reacciones pirotécnicas.

El episodio reciente deja una lección más amplia. Nuestro debate público en materia educativa sigue siendo frágil. Abundan los juicios categóricos y escasean los argumentos razonables; se multiplican las posiciones polarizadas mientras disminuyen los espacios de interlocución informada. En ese contexto, cualquier discusión sobre currículo, libros de texto o modelos pedagógicos corre el riesgo de diluirse en la confrontación ideológica.

La educación mexicana enfrenta desafíos estructurales de enorme magnitud: desigualdad persistente, rezagos de aprendizaje, tensiones entre centralización y autonomía, formación docente, financiamiento. Abordarlos exige un debate público más exigente, capaz de distinguir entre crítica fundada y descalificación, entre evaluación técnica y disputa partidista.

Si algo revela la controversia actual no es la trayectoria de un funcionario, sino la necesidad de elevar el nivel de nuestra conversación colectiva sobre educación. Ese es un desafío que trasciende a cualquier persona y que compromete por igual a autoridades, especialistas, medios de comunicación y ciudadanía.