Coyuntura delicada enfrentan las universidades públicas mexicanas. Por un lado, los fantasmas financieros amenazan la operación regular de muchas de ellas, lo que obligó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a solicitar una reconsideración del presupuesto para 2026. Lo hizo a finales del año pasado y de nuevo el 13 de enero, en un comunicado firmado por el Consejo Nacional del organismo.

Al mismo tiempo, la exigencia de austeridad surge desde la propia presidencia de la República, que pide el destierro de las “burocracias doradas” y medidas especiales para enfrentar la falta de recursos en las instituciones educativas públicas.

Si el escenario pinta complicado, los hechos en que se han visto involucrados distintos actores universitarios, principalmente rectores y exrectores, alientan críticas hacia las universidades. El repaso es casi innecesario para quienes siguen las noticias, pero es ilustrativo.

El 12 de enero el rector de la Universidad Autónoma de Campeche fue detenido por presunta posesión de droga. En la nota de la revista “Proceso” se informa brevemente la historia de quien ya había sido rector 23 años atrás y fue depuesto por un “grupo de porros” (la expresión es del mismo medio). Horas después, el ya exrector fue liberado por el juez, lo que aumentó las sospechas de un diferendo con el gobierno estatal, aunque continuarán las diligencias jurídicas.

Dos semanas antes había sido detenido el exrector de la Universidad Autónoma del Carmen, también en Campeche, junto con dos colaboradores, por presunto “desvío de más de 90 millones de pesos”.

En la Universidad Veracruzana atestiguamos el escándalo hace seis meses por la prolongación del periodo de Martín Aguilar, quien ha sido calificado como un rector “espurio”, por la ilegalidad del proceso.

En noviembre pasado, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, fue detenido por su presunta participación en La Estafa Maestra, con un desvío superior a 200 millones de pesos cuando ocupaba el cargo, según documentó “La Jornada”.

La lista es larga. Cierro en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que aporta momentos ominosos, como la muerte del exrector Héctor Melesio Cuén en los hechos que derivaron en la aprehensión del “Mayo” Zambada, y donde estuvo implicado otro exrector, el actual gobernador de un estado convulsionado por la violencia.

Es verdad que varios de los hechos no ocurrieron en las universidades, como lo de Sinaloa, pero sí que el ejemplo de conductas de universitarios es poco edificante y despierta animadversiones o desconfianza, incluso en una sociedad que parece normalizar la omnipresencia de la corrupción.

Corrupción y corrosión en sus funciones son dos fenómenos que deben evitar las universidades a toda costa, afirma el exrector de la Universidad de Lisboa, António Nóvoa. El mensaje es contundente. Y eso aplica para las autoridades universitarias, pero también para la comunidad académica, en una institución que sólo debe ser ejemplar porque tiene en sus manos parte del futuro de las juventudes y del país.