Anoche leí con interés la carta (fechada el 20 de julio) que firman estudiantes del Tec de Monterrey, en la cual piden el auxilio a sus autoridades para una reducción del 35% en el costo de las colegiaturas en todos los programas y carreras, al margen de las becas que reciben.
Los estudiantes comienzan su carta aludiendo a los estragos de la pandemia: “una fuerte crisis económica que ha afectado los ingresos de todas las familias mexicanas y ha mermado la capacidad que tiene la población para satisfacer los pagos y obligaciones a su cargo”.
Luego van al foco:“las autoridades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de manera anticipada, decretaron un cambio en la modalidad en que se estaban impartiendo las materias conviertiéndose en un modelo educativo flexible, digital y a distancia, situación que orilló a los alumnos a tener que cursar casi tres cuartas partes del semestre ya empezado por medio de videoconferencias, dejando de hacer uso de las instalaciones universitarias y recluyéndose en sus respectivos hogares.”
Introducen enseguida un pasaje para análisis profundos acerca de la calidad de la enseñanza por vías remotas, cuando los sistemas no están diseñados ad hoc: “Dicha modalidad ha sido considerada por las autoridades institucionales como un rotundo éxito para darle continuidad a las materias impartidas, pero esta es una opinión que los alumnos que hoy suscribimos el presente no compartimos.”
Profundizan: “siendo los principales usuarios de los servicios educativos, en el mismo sentido en que se nos ha enseñado a ser críticos en cuanto a los contenidos que aprendemos, hoy manifestamos que hemos sido testigos de los efectos negativos que este modelo tiene sobre nuestro aprendizaje y cómo ha disminuido la calidad educativa de los cursos”.
Su petición es triple; solo transcribo la primera: “Exigimos la reducción del 35% del monto de la colegiatura en el semestre ‘Agosto-Diciembre 2020’, pues al no mantenerse los altos estándares de calidad educativa, resulta una injusticia pagar las mismas cantidades por servicios que no se están prestando…”
En la segunda pide que no haya sanciones, presiones o cualquier forma de violencia contra los firmantes. Por último, exigen la apertura de canales de comunicación para el seguimiento de todas las denuncias hechas.
No sé si tendrán una respuesta positiva o no, pero siempre valoro que los estudiantes asuman la defensa de sus derechos, incluida la libertad de expresión, y traten de hacerla respetar.