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DE LA DISCREPANCIA A LA BALCANIZACIÓN

La discrepancia es sana e inevitable. Según el diccionario de la Real Academia Española, en su segundo sentido significa: Disentimiento personal en opiniones o en conducta. La buena política –no solo ella, pero de manera privilegiada– se construye sobre la base de los acuerdos a partir de las diferencias, que permiten o pueden permitir la prosperidad social y la gobernabilidad del estado.

El fantasma de la balcanización, una especie de fundamentalismo incompetente o que reniega de conciliar la diferencia, se instaló en Colima y sigue vivo en el inicio de actividades para la segunda elección por gobernador.

Los discursos agresivos de las partes principales descalifican a sus emisores, antes que enlodar a sus destinatarios. No son bravuconadas ni ofensas lo que un sector de los ciudadanos quieren; aquellos que, me parece, representan las buenas intenciones para la entidad. Digo un sector, porque habrá gente, sin duda, que los celebre y aliente en la medida de sus posibilidades e intereses mezquinos.

No estoy pensando, bobamente, que la política debe ser un intercambio de mimos, sí, que la política que necesitamos debe construirse desde coordenadas distintas, con asideros más lúcidos, más transparentes y democráticos, que partan de que sus protagonistas políticos consideren a sus observadores como ciudadanos y no espectadores del pancracio.

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¿QUIÉN EDUCA A LOS NIÑOS MEXICANOS?

Juan Marsé, escritor catalán, aseveró que en España el auténtico ministerio de cultura es la nefasta televisión. En México pasa lo mismo, y quizá de manera más cruda por ausencia de tal elefante burocrático que ya pretenden crear en un sexenio obsesionado con promover reformas.

Desde mi perspectiva, la cultura es todo aquello que queda cuando se agotaron las actividades programadas por la secretaría de cultura, o cuando se está lejos de la escuela. Es aquello que hace la gente por gusto en su intimidad, cuando nadie lo ve o para que los otros aprecien sus gustos. Allí, lejos de la parafernalia oficial, nuestros niveles culturales son inquietantes.

En una medición reciente del rating entre niños de cuatro a catorce años, el primer lugar lo ocupaban las telenovelas, enseguida, los reallity shows. Repito para escandalizar un poco: niños de entre cuatro y catorce años educan sus emociones con la maestra Laura en América y la basura que produce abundantemente la televisión mexicana, Televisa, principalmente.

Son ellas, Laura Bozzo y las telenovelas, las pedagogas más influyentes entre la gran mayoría de niñas y niños en este país. Ella son las educadoras emocionales de los niños de hoy, ciudadanos de mañana, futuros electores.

Según el Primer Informe para los Derechos de la Audiencia Infantil los niños mexicanos ven la televisión un promedio de cuatro horas y 34 minutos cada día. Y todo eso, durante siete días a la semana, tiene un poderoso efecto que sin duda compite (y combate) con la escuela. ¿Qué currículum es capaz de contraponerse a esos aprendizajes?

¿Le preocupa a la autoridades ese tipo de minucias, que no fueron tocadas ni por el pétalo de la más sensible reforma?

Una reforma educativa que desconoce, ignora o desdeña esa realidad, que niega la posibilidad de construir alternativas culturales y pedagógicas, es una reforma que está destinada al fracaso en lo más hondo: en los saberes de los niños y la transformación de las prácticas docentes.

Es esta una de las aristas por las que he sostenido que no tenemos una reforma completa, de largo aliento, pedagógica, centrada en la realidad y que conciba lo educativo en su más compleja dimensión: como un proceso que también ocurre en la escuela.

BREVÍSIMO MANUAL PARA ALCALDES

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior serán obligatorias”.

En el inciso A de la fracción II se lee: “Será democrática (la educación) considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

El inciso C de la misma fracción afirma: “Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Otros párrafos del máximo ordenamiento podrían citarse para sustentar la idea que pretendo, pero bastan los transcritos para ilustrar el vacío que abrieron históricamente las autoridades municipales con respecto a sus obligaciones.

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¿PODER O AUTORIDAD EN EDUCACIÓN? LECCIÓN MAGISTRAL

Mis convicciones en el tema, derivadas de la práctica y lecturas, se afianzaron con un breve artículo escrito por Miguel Ángel Santos Guerra, educador español. Se llama “Jefes tóxicos en educación”. Cada línea invita a su reflexión.

La ligereza y desinformación, la improvisación e irresponsabilidad que abundan en el campo escolar confunden con frecuencia ambos términos: poder y autoridad. Las distinciones entre ambos son meridianas para Miguel Ángel Santos Guerra: “La autoridad, para ser tal, tiene que estar al servicio de la comunidad. Hablo de autoridad, no poder. La palabra autoridad proviene del verbo latino auctor, augere, que significa ‘hacer crecer’. De modo que tiene autoridad aquella persona que ayuda a que los demás se desarrollen, que ayuda a crecer.”

La autoridad escolar, es decir, quien ejerce la autoridad apropiadamente, tiene como tarea propiciar las condiciones para que en su institución, cada uno desempeñe los oficios con dedicación y entusiasmo; colabora siempre y encabeza la batalla contra las dificultades.

La definición es puntual: la autoridad sirve a la comunidad, no se sirve de ella para sus fines personales o grupales; menos para su egolatría. Quien ejerce la autoridad es el primer servidor, no el señor feudal de la escuela o institución, al cual deben rendir pleitesía los vasallos.

“Quien aplasta, humilla, silencia, castiga y, en definitiva, destruye, no tiene autoridad sino poder”, asegura Santos Guerra. Y esta condición tóxica no es privativa de los hombres. Aunque uno supondría que en las mujeres existe una sensibilidad distinta, un ejercicio diferente, no es norma que así sea, ni siquiera hay mediana garantía. Habría que extenderse, pero no hay tiempo. Dice el profesor jubilado de la Universidad de Málaga: “Lo más triste es que haya mujeres que asuman rápidamente los esquemas mentales del mando machista autoritario. Qué triste. Habría que esperar de ellas un estilo de dirección más sensible, más inteligente, más honesto”. ¡Habría que esperar, sí!

No es complicado ni requiere una metodología científica saber cuándo estamos ante un jefe tóxico, despótico y otro que ejerce la autoridad con sentido. Por supuesto, reconociendo que no es un asunto en blanco y negro, dice nuestro autor: “Existe para mí un criterio decisivo para valorar la actuación de un jefe: ¿a quién desea tener contentos, a los de arriba o a los de abajo?”. Abunda: “Mi pregunta es si la acción de los directores de las escuelas se dirige a finalidades educativas, o si se enmaraña en el ejercicio de la burocracia, el control, el autoritarismo y las intrigas”.

No hay recetas para ser buen o mal jefe. Ni es suficiente tener un doctorado en liderazgo o educación. Y debe quedar muy claro: la autoridad no es un don mágico que se transmite con un nombramiento rimbombante. En todos los casos, “La autoridad se gana con el trabajo, con el ejemplo, con la coherencia, con el diálogo, con la humildad”. Lo demás, no hay duda, se irá un día, como el polvo en la mesa después del trapo limpio.

 

EL PRESUPUESTO DE LA UDEC

Con una nota titulada “Desde la UdeC hasta el IEE, ¿cuánto le cuestan los órganos autónomos al Estado?”, Rosario Gutiérrez, reportera de Ángel Guardián, expuso el sábado 26 de septiembre el presupuesto que el gobierno colimense destinó en 2015 a siete instituciones autónomas. El tema es vital para valorar la coherencia entre discursos y hechos en un renglón sensible, para examinar la concreción de las prioridades. Colocarlo en la mira es un acierto de la cadena radiofónica.

De acuerdo con la información publicada, en total se invertirían (o gastarían, según la óptica) poco más de 349 millones de pesos en 2015. La principal destinataria de ese recurso es la Universidad de Colima, con 231 millones.

¿La cantidad es mucha o poca? ¿Es suficiente? ¿Es adecuada? Las respuestas variarán, como las perspectivas. Me interesa observar el asunto desde un ángulo: la evolución del presupuesto durante el sexenio que termina. Lo haré rápido. Según el primer informe de Mario Anguiano, en 2010, el gobierno subsidió a la Universidad de Colima con 218 millones de pesos; más de lo contemplado en el presupuesto de egresos de aquel año. Con esa medida ya podemos empezar a analizar.

Entre 2010 y 2015 el aporte del gobierno estatal a la UdeC creció 13 millones, a juzgar por los datos antedichos. ¿Hubo un incremento de las partidas aprobadas para este ejercicio fiscal? ¿En el informe próximo del gobernador se incluirán otras cifras?

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