La semana anterior presenté la primera parte de mi participación en el foro al que convocó el senador Joel Padilla, donde analizamos la propuesta para la Ley General de Educación Superior. Allí expuse algunos rasgos para el diagnóstico de ese nivel educativo; hoy, sigo con los alcances de dicha iniciativa frente esos problemas.

Alcances de la Ley General de Educación Superior
Algunos expertos identifican cinco rasgos deseables para las universidades de nuestra región continental: ejercicio responsable de la autonomía, democracia, calidad, formación integral y universidad virtual.

La propuesta de Ley recoge estas aspiraciones. Atisba esos horizontes y en ello reside parte de su acierto. Es insuficiente, lo sabemos. El Senado ha hecho parte de su tarea, pero tiene que construir y coadyuvar al entramado institucional, el diseño de políticas y la concreción de prácticas que en el mediano plazo reorienten a las instituciones públicas y privadas en el sentido deseable. Y muy importante: tiene que cumplir los compromisos para generar condiciones de certidumbre a los jóvenes, a los profesores y a las universidades, de tal suerte que el derecho a una buena educación sea asequible, accesible y aceptable.

La Ley General propuesta tiene virtudes que sólo en el papel serán ineficaces. Su defensa de la autonomía es virtud; y la intención de blindarla, indispensable, pero exige corresponsabilidad. La universidad tiene que ejercer su autonomía con responsabilidad. La universidad que ejerce a plenitud su autonomía está comprometida socialmente y es incluyente. La autonomía no es un fin, es medio, escudo pero no impunidad.

Instaurar vida colegiada donde hacía falta y refrescar la existente es otra virtud de la Ley comentada, con la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y el impulso a las Comisiones Estatales, así como con la propuesta de contar con un programa nacional y programas estatales del tipo educativo.

Sin calidad el derecho a la educación es un ropaje legitimador de desigualdades sociales. La revisión de la historia de la universidad, desde el año 124 a. C., con la fundación de la Universidad Imperial China, revela que ellas fueron o aspiraron a ser la casa de los más ilustres: no fue lugar para la charlatanería o la superficialidad. Así fue como se erigió el sistema de educación superior más prestigiado, el estadounidense, atrayendo a los mejores estudiantes y profesores del mundo.

Si la educación superior o la universidad no cambian por iniciativa propia, otras fuerzas van a dirigir su transformación. Si no es capaz de reinventar su misión, se la impondrán las condiciones históricas. La pandemia podría ser una fuerza inesperada que empuje transformaciones insospechadas.

La universidad tendría que ser el mejor lugar para innovar. En distintas partes del mundo los expertos se preguntan. ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué camina lento en su transformación? ¿Por qué, si en ella son centrales el pensamiento, el rigor, la libertad, la ciencia y el conocimiento, las universidades no son el modelo de innovación en las sociedades?

La educación superior, sin dejar de preparar profesionales, artistas, científicos, licenciados, médicos, ingenieros, forma ciudadanos, y ellos no se forjan en ambientes autoritarios. La democratización de la vida universitaria es uno de los mejores escenarios que puede depararnos el siglo 21, porque no se conformará por ínsulas ni federaciones de pequeñas monarquías.
La universidad es crítica y autocrítica; una institución que no es capaz de transformarse a sí misma no puede contribuir a la transformación social.

Las universidades no pueden fracasar, nos alerta António Nóvoa, ex rector de la Universidad de Lisboa. Eso también es nuestra responsabilidad, la de sus comunidades académica y estudiantil.

La Ley General de Educación Superior es un marco y pretexto ideal para emprender la más ambiciosa transformación un siglo después de la fundación de la SEP por un ilustre rector de la Universidad Nacional. Veremos el resultado al final de este sexenio.