La semana pasada, en distintas notas de prensa, se informó que el Congreso del Estado había aprobado la iniciativa que promete educación superior gratuita y obliga al estado a garantizar ese derecho. Con ella se aprobaron también modificaciones respecto a la educación inicial y la que ofrecen los particulares; me detengo en la superior.
En principio, el Dictamen 127 de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Educación y Cultura es ambiguo: textualmente los artículos 97 y 99 no mencionan la gratuidad ni la obligatoriedad de la enseñanza superior. El transitorio segundo señala que para la educación inicial (no menciona la superior) el “Gobernador del Estado preverá” recursos en función de la disponibilidad presupuestaria (pequeño hueco formal siempre útil para eludir compromisos grandes); es decir, que no tiene obligaciones financieras para impulsar el acceso gratuito a las universidades.
Al margen de las eventuales erratas del dictamen, conviene la reflexión. El reconocimiento de la educación superior como derecho ciudadano y obligación de los estados no es nuevo. Se ha discutido y acordado así desde el siglo pasado en distintas reuniones internacionales, en el mundo y en el continente. Que se asiente en los máximos ordenamientos legales es un paso adelante, pero la evidencia muestra que siendo necesario es insuficiente en México.
Aprobados desde tiempo atrás en su obligatoriedad, ninguno de los niveles educativos ha logrado la promesa de inscribir a todas las personas, garantizar su permanencia los tres o seis años y la calidad de los aprendizajes. Ninguno; ni en México ni en Colima. Las cifras oficiales emitidas por la SEP antes y ahora son palmarias.
Quede claro: nadie puede estar en contra de una medida como la anunciada, pero de su aprobación en los congresos a la consumación como derecho, suelen existir largos y, a veces, insalvables socavones. No hay actos de magia para transferir la bondad de una ley a su cumplimiento en la realidad, menos, en una tan asimétrica e injusta como la educativa.
El próximo año la media superior tendría que ser universal para todos los adolescentes. Hoy estamos lejos. No es un acto de mala fe declarar que será imposible alcanzar la meta, porque todavía faltan uno de cada cuatro en las escuelas, y detener la sangría de expulsados del bachillerato, los mal llamados desertores.
Paradójicamente, la modificación del Congreso local ocurre en el mismo momento en que el gobierno estatal que prometía felicidad y seguridad admite su fracaso financiero. Digo paradójicamente, porque lograr que la educación superior sea gratuita requerirá para Colima la mayor inversión en la historia.
Decretar la educación superior como gratuita introduce una presión gigantesca a las finanzas públicas, para ampliar cupos, crear instituciones, contratar profesores y todo eso, en un momento de austeridad que no favorece la reforma constitucional.
Las becas prometidas por la gobernadora electa son insumo necesario, pero no basta. Sí, hacen falta becas para los estudiantes, pero con una estrategia que las vincule a sus probabilidades de aprendizajes relevantes; además, la creación y fortalecimiento de instituciones de enseñanza superior públicas de buena calidad, financiadas adecuadamente en un marco de transparencia y responsabilidad presupuestal.
Para que la educación superior sea un derecho real, debe serlo en instituciones de calidad, porque así se define en la Constitución del país y porque las exigencias (y la decencia) lo imponen.