La reforma educativa de Enrique Peña Nieto fue reducida a la evaluación docente, y más puntualmente, a la evaluación para la permanencia. No fue accidental. La creación del Servicio Profesional Docente atentaba contra intereses y prácticas rancias, contra redes de complicidad noqueadas con el encarcelamiento de la poderosa jefa vitalicia del Sindicato. La intención era aceptable, las formas de implementación fracasaron. La condena gubernamental juzgó, sin derecho a defensa, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) era el culpable y por eso, explicó el secretario de Educación, se le pretende eliminar. La historia es compleja y no se puede contar en 800 palabras.

La puesta en marcha de la evaluación docente fue desafortunada y dejó secuelas. Se suavizaron las formas, pero prevalecieron inconformidades. Las críticas expertas y las resistencias magisteriales, acentuadas en algunas entidades, anidaron cuestionamientos severos que nunca desaparecieron y fueron aprovechados en la campaña presidencial. El nuevo gobierno propone exterminar con la varita mágica de los 30 millones de votos y el control del Congreso de la Unión el sistema para evaluar docentes. Su alternativa todavía no se esboza: solo se anuncia una evaluación ligada a la formación. La intención por sí sola no basta, por su nivel de vaguedad. Veremos qué propone.

Entre los consensos en los expertos aprecio uno: que el ingreso a la carrera magisterial sea por concurso. Es decir, que desapareciendo el entramado creado con la reforma educativa, persista el examen de ingreso en una versión revisada y probablemente mejorada.

Una de las funciones que desempeñó el INEE en los procesos de evaluación de maestros fue la supervisión en algunas de las sedes de todas las entidades, así como la aplicación de una encuesta de satisfacción anónima y voluntaria. Explora aspectos como la convocatoria y el registro, la atención de las autoridades, la aclaración de dudas, la utilidad de las guías de estudio, la relación entre las guías y los exámenes, los contenidos del examen (claridad de preguntas, aspectos, extensión contextualización), las condiciones de las sedes, el funcionamiento de los equipos y el apoyo de los aplicadores.

En Colima, en el examen para el ingreso al ciclo 2017-2018 se aplicaron 740 encuestas, cifra que representa uno de los porcentajes más altos con respecto a la totalidad de sustentantes que se presentaron a concurso por una plaza. Las opiniones de los participantes fueron sistematizadas y sus resultados constituyen el tipo de evidencias que pueden analizarse a la hora de los juicios. Es imposible resumirlos aquí, solo citaré algunos resultados.

Respecto a la convocatoria, las respuestas de los profesores de educación básica (la mayor parte de los participantes por plazas y de encuestados) se concentran mayoritariamente en las opciones de muy satisfecho y satisfecho: tiempo de emisión y vigencia de la convocatoria (88%), claridad con que la autoridad resolvió las dudas (86.7%), facilidad para consultar la página del servicio profesional docente (87.7%).

Sobre el examen, las opiniones son más divergentes: en precisión de la redacción de preguntas, 52% contestó excelente y buena; 9.7% dijo que era deficiente. Sobre la cantidad de preguntas, 62% respondió excelente y buena; en la extensión de las preguntas la opinión fue más crítica: la mitad la calificó como regular o deficiente. En la contextualización de las preguntas, 63.9% opinó favorablemente, mientras el 8.1 declaró que era deficiente.

Otra parte de la encuesta recoge las opiniones de los sustentantes sobre las sedes de aplicación: mobiliario, accesibilidad, comodidad, iluminación, equipo de cómputo, infraestructura, así como la actuación de los aplicadores. En estos aspectos, los centros elegidos por las autoridades educativas fueron calificados de forma satisfactoria por la gran mayoría de los encuestados: Cbtis 19, Cbtis 157, Conalep 181 y Universidad de Colima.

Respecto a la calificación de los exámenes y la asignación de plazas, en porcentajes notables prevalece la desinformación sobre el número de plazas concursadas, la calificación de exámenes, listas de prelación y mecanismo para asignación de plaza, situación que podría evidenciar doble carencia: de mecanismos de difusión por parte de las autoridades e iniciativa de los sustentantes para conocer los documentos que sustentan los concursos (ley, convocatorias, lineamientos). Lo anterior es solo una muestra. En próxima colaboración presentaré las opiniones de los profesores que fueron evaluados para la permanencia.

Es deseable que las decisiones siguientes en política educativa se basen en evidencias, con argumentos, apoyados en la experiencia y no solo en consignas. Es verdad que la educación no se construye sin acuerdos entre las partes, sin negociaciones políticas, pero el interés superior debe dictarlo la formación de niños y jóvenes, no las prebendas ni declaraciones para ganar votos, menos las ocurrencias.