El analfabetismo no es una hierba dañina que debe ser extirpada; es expresión de una sociedad injusta. Así definía a ese fenómeno social el educador brasileño Paulo Freire, adoptado como estandarte de la Nueva Escuela Mexicana.

Aunque los progresos en ese indicador son notorios en México, según las cifras oficiales, el problema estructural permanece y azota a millones de mexicanos. En 2015 la Secretaría de Educación Pública estimaba que cinco de cada 100 personas eran analfabetos. Para 2024, la cifra había descendido a cuatro de cada 100, y hoy se presume que se redujo a menos de 4 %, equivalente a cuatro millones cien mil personas, según informó La Jornada en marzo de este año. Las cifras son insuficientes para lanzar cohetes. Desmaquillemos datos.

La definición de analfabetismo en el país es muy pobre: personas mayores de 15 años incapaces de escribir o leer un “recado” (así escrito en el glosario de la SEP). Es decir, que apenas con balbucear un mensaje la persona se declara alfabetizada.

En tiempos de inteligencia artificial y adjetivos como “economía o sociedad del conocimiento”, esa medida descarrila casi todas las posibilidades de que una persona logre un nivel de vida superior a sus padres, indicativo de progreso social y desarrollo humano.

Otro indicador que ofrece evidencias para el análisis es el rezago educativo; curiosamente, no se incluye en el documento donde la SEP presenta lo que cada año publica con el título de “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2025 estimó que la población con rezago educativo en 2024 sumaba la cantidad de 24 millones de personas mayores de 15 años que no concluyeron su educación básica, incluidos los analfabetas.

Recientemente, el diario “El Economista” publicó una tabla con las cifras del rezago educativo por entidades federativas, calculado para 2025 con base en los datos del INEGI. Agrupa a las 32 en cuatro bloques, según la gravedad: en el grupo de mayor rezago se encuentran estados como Chiapas (44.9 %), Michoacán (40 %), Guerrero (39.3 %), Oaxaca (37.3 %), Veracruz (36.7 %) y Puebla (33.4 %).

En el segundo grupo, los de rezago medio, encontramos, entre otros, a Guanajuato (27.9 %), Jalisco (27.1 %), Campeche (26.3 %) y Colima (25.6 %), sí, nuestro Colima. Los estados con rezago moderado, menos de una cuarta parte de su población en ese grupo etario, son, entre otros, Tabasco, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México. Y en el grupo con mayores progresos, destacan Ciudad de México (16.6 %), Nuevo León (17.2 %), Coahuila (17.7 %) y Sonora (19 %).

La diferencia entre entidades es una enésima prueba de desigualdades inaceptables en el país. Entre Ciudad de México y Chiapas hay una distancia de 28 puntos porcentuales; significa que mientras en el estado del sureste 45 de cada 100 mexicanos no hicieron efectivo el derecho constitucional a la educación básica, en la Ciudad de México solo 17 personas fueron excluidas. Y “solo” es un eufemismo, pues la educación secundaria se instituyó como obligatoria en 1993.

La posición de Colima resulta sonrojante para el estado. Una cuarta parte de nuestros conciudadanos tienen inconclusa su secundaria. Ninguna explicación conozco, y difícilmente resultaría aceptable.

El rezago educativo, como el analfabetismo, citando al educador brasileño universal, retratan la radiografía de una sociedad injusta y excluyente, que expulsa a un porcentaje considerable de la población hacia los fangosos terrenos de la marginalidad.

Si el problema es grave en sí mismo, lo peor es que no aparezcan estrategias contundentes que le otorguen, a toda la ciudadanía, el derecho a la escuela, es decir, el derecho a los aprendizajes. Lo más inquietante es que a pesar del refrán de “primero los pobres”, su invisibilidad para este tipo de políticas estructurales desportilla cualquier discurso.