En el inicio del ciclo escolar 2024-2025, el rector de la Universidad de Colima informó que la matrícula alcanzó los treinta mil estudiantes, un tercio de ellos, de nuevo ingreso a los dos tipos educativos; la mayor parte, en medio superior. La noticia es positiva. El esfuerzo que realiza la institución merecería del gobierno estatal algunas consideraciones financieras.
Los desafíos para la institución universitaria y el Estado son enormes. Los escuelas y facultades deben lograr que cada vez más alumnos ingresen, concluyan sus estudios a tiempo y con crecientes niveles de calidad. Egresar más y mejor preparados, con enseñanza relevante, se expresa simple, pero entraña retos y requiere condiciones extraordinarias, de distinta naturaleza, en las universidades y en los contextos familiares del alumnado.
Para el gobierno de Colima y el país entero, la educación debería ser una preocupación genuina, como los costosos proyectos estelares del gobierno federal. Preocupación no discursiva: real, traducida en recursos asignados, regulados y fiscalizados. No lo ha sido y las evidencias son contundentes: los indicadores, que muestran progresos, y el financiamiento, que mide coherencia política, vapulean discursos.
En una conferencia dictada el 9 de agosto para el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la UNAM, el experto chileno José Joaquín Brunner presentó cifras recientes sobre la tasa bruta de escolarización superior en la región: en Chile es de 99 %; 60 % en Brasil; 54 % en América Latina y 46 % en México. En las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio es de 79 %. No agrego juicios.
Para mejor comprensión, repito el concepto de “tasa bruta de escolarización” adoptado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco: “Número total de alumnos o estudiantes de cualquier edad matriculados en un determinado nivel de enseñanza, expresado en porcentaje de la población del grupo en edad oficial de cursar ese nivel de enseñanza”.
Significa que en México sólo acceden a educación superior menos de la mitad de la población en edad de cursarla, cuando el gobierno actual decretó su obligatoriedad y gratuidad, además del estatus de derecho constitucional. En otras palabras, tenemos un déficit enorme, contra la propia historia y comparados con los países de la región, para no incluir a los más ricos, que integran la OCDE.
El panorama al interior del país refleja inequidad. Colima no obtiene medallas. Las cifras más actuales de la Secretaría de Educación Pública (ciclo 2022-2023) encienden focos rojos: la cobertura (o tasa bruta de escolarización) en educación media superior del país es de 80.8 %, y en Colima, de 79.2 %, lo que ubica a nuestro estado en el lugar 12 entre las entidades. En tanto que la eficiencia terminal, o sea, la proporción de estudiantes que egresan, respecto a los ingresantes, es de 64.9 % en Colima, de 68.5 % en el país.
Si lo traducimos en personas, significa que en nuestro estado sólo cinco de cada diez muchachos tienen un certificado de bachillerato. El gobierno actual y los pasados le deben a la mitad la población el derecho a cursar su educación media superior, que debería ser universal desde hace cuatro años, porque así se estableció en la Carta Magna con la reforma de Enrique Peña Nieto, impulsada fervorosamente por el próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
En educación superior la situación empeora para Colima, según la SEP. Mientras que la cobertura promedio del país es de 43.5 %, la de nuestro estado apenas alcanza el 38.7 %, a la mitad entre las entidades federativas.
Abandono las cifras para no cansarles. Las conclusiones son lapidarias. Colima tiene que acelerar el paso. El gobierno estatal debe despertar ya. La Universidad de Colima hizo su parte. Si el gobierno federal y local de verdad quieren que la universidad pública sea gratuita y de calidad, y que la educación superior sea un derecho universal, tendrán que gastar menos saliva e invertir más dinero e imaginación.