La semana pasada escribí que en México el problema más grave es la impunidad, no la corrupción; que la corrupción es una práctica más o menos universal, pero la impunidad se asienta en algunos países y regiones del mundo.

Mal generalizado, pero con diferencias notables: en algunos países, culturalmente distintos a nosotros, no tiene la gravedad que acá.

En la página de Canal Once leo hoy una nota que apuntala la tesis. Se titula: “México, penúltimo lugar en índice de impunidad”. Refiere los resultados, poco honorables, a partir del primer “Índice de impunidad global”, presentado por la Universidad de las Américas. Los evaluados, 59 países.

Se resaltan deficiencias en tres ejes: sistema de justicia, de seguridad y derechos humanos. También aporta datos: deberíamos tener 17 jueces por cada cien mil habitantes; tenemos cuatro.

A veces sería preferible estar equivocado, muy equivocado o ser imbécil en los juicios. Hoy, no fue el caso.

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Interesante artículo publica AF Medios en estos días sobre el costo de los votos en Colima. Con sus cálculos, afirman que si votáramos los 498,701 colimenses inscritos en el padrón nominal, cada voto para elegir gobernador, ayuntamientos y diputados locales costaría 180 mil 468 pesos. El dato resulta de dividir los 90 millones de pesos recibidos por el Instituto Electoral del estado (para el órgano y los partidos) entre los inscritos en el padrón.

Ese escenario es imposible: los votantes seremos menos. La agencia informativa colimense calcula entonces el costo de los votos si se repitiera el porcentaje de votación de 2009; si así fuera, la cantidad alcanzaría los 284 mil pesos.

¿Es mucho el costo de cada voto? ¿Es poco? Cada uno definirá su respuesta. Tengo la mía, y en ella no puedo dejar de lado que el cálculo es conservador, que las elecciones en Colima tendrán un costo todavía mayor, por los recursos que ingresarán sin ser parte de esos 90 millones.

La pregunta que hoy podemos plantearnos, y responder en dos o tres años, es simple: ¿valió la pena la inversión? O en otras palabras: ¿dilapidamos o invertimos en la transformación de Colima?