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Una ley para la educación superior

La semana anterior participé en el foro abierto por el senador Joel Padilla para analizar los alcances de la propuesta de Ley General de Educación Superior que se elaboró en el Senado. A continuación, la parte inicial de mi discurso, en la cual expongo algunos de los retos que enfrenta la educación superior, especialmente la universitaria. Retomo algunos ideas del capítulo escrito para el libro “35 años de Pedagogía. Balances y perspectivas”, de aparición próxima.

¿Es necesaria una Ley General de Educación Superior en México? Sí, sin duda. Los rezagos y desafíos que ahondó la pandemia volvían imperativo un nuevo marco para conceptualizar, regular y operar la instituciones de enseñanza superior. Pero es insuficiente.

Quiero referirme, de manera breve, a algunos de esos rezagos producto del modelo instaurado hace 30 años desde la Subsecretaría de Educación Superior.

Primero. La educación en México como derecho sigue siendo una eterna e incumplida promesa. De acuerdo con información de este gobierno, por cada 100 niños que comienzan la primaria, sólo 24 terminan una carrera profesional. De esos 100, ocho abandonan en la primaria. El abandono escolar, la mal llamada deserción, se encarniza en la educación media superior, de la cual son expulsados cada año más de 700 mil estudiantes. Tenemos todavía un sistema educativo y social inequitativos, cuyos efectos perniciosos se volvieron visibles con la pandemia.

Segundo. Hay un crecimiento considerable de la matrícula entre la última parte del siglo 20 y la segunda década del 21. Un informe reciente de la OCDE registra un crecimiento de 2.4 millones de estudiantes entre el año 2000 y el ciclo 2017-2018. La tendencia representó el acceso de jóvenes de sectores sociales que no tenían esa posibilidad, destacando la feminización. No obstante, en cobertura estamos lejos de los países más desarrollados o los del continente. Además, la matrícula se concentra en algunas carreras y estudios de licenciatura, en desmedro del posgrado.

Tercero. Domina un discurso de la calidad educativa convertida en tótem, en medio que sustituye los fines, que pliega la acción formativa a las prescripciones del rendimiento y privilegia los paradigmas oficiales de capacidad y competitividad académicas. Esa visión tecnocrática requería estrategias para comprobarla; creo una industria evaluadora para certificarla, un mercado de evaluación regado generosamente con recursos públicos que subsidiaban las evaluaciones para la acreditación. El resultado puede resumirse en la expresión con la que Luis Porter tituló su libro: La universidad de papel.

Cuarto. Reconfiguración de la profesión académica, que fragmentó al cuerpo docente entre profesores de carrera y de tiempo parcial, con distintos estamentos entre ellos. Con precarización para los de tiempo parcial, la gran mayoría, que sostiene el esfuerzo formativo de las instituciones.

Quinto. La mayor parte del esfuerzo cotidiano de las instituciones se invierte en la formación de varios millones de estudiantes, muchos de los cuales siguen proviniendo de hogares donde no hay títulos. La acción principal, en la mayoría de ellas, se deposita en la docencia. Pero no se estimula a los profesores para que enseñen mejor, sino para elevar la productividad. Si la docencia es una tarea socialmente respetable, su precarización laboral y profesional se exacerbó con los esquemas de estímulos que nacieron también, no podemos olvidarlo, como estrategias de compensación salarial frente a la pauperización.

Sexto. En general, existen pocas evidencias contundentes de una elevación de la calidad de los procesos formativos: no hay más rigor o más innovación educativa; los grupos académicos no maduran orientados por la necesidad de realizar mejor sus funciones sustantivas y las de sus facultades, centros o universidades. El mundo de indicadores gana la batalla: importan el número de programas acreditados por organismos autorizados; el nivel de consolidación de los cuerpos académicos; el grado de habilitación de sus profesores; los procesos de gestión certificados con normas ISO; las tasas de retención, egreso y titulación… la cuantofrenia, como si cada uno fuera garantía indiscutible de la calidad y rigor.

Séptimo. Severa restricción económica: presupuestos limitados para la operación de la universidades e instituciones públicas, que restringen las posibilidades de usar recursos en la renovación del “parque pedagógico”, con escenarios de austeridad, recorte de funciones y limitaciones extraordinarias. Un serio problema, no privativo de las universidades, es la financiación de los fondos de pensiones, fantasma que se tornará más dramático.

Octavo. Los procesos de multirregulación y fiscalización asfixian. Vivir bajo presiones externas y a veces insustanciales, atados por procedimientos burocráticos, obligados a aportar “evidencias” de reuniones, comisiones, tutorías, asesorías… no ofrecen el clima intelectual y laboral más estimulante. Una ventaja tienen esas condiciones: forzar la rendición de cuentas, la transparencia. Aquí cobran sentido las reflexiones sobre la autonomía, que no es el fin de la universidad, sino medio que garantiza libertad académica, pensamiento crítico y ejercicio intelectual riguroso.

Podríamos enunciar otros rasgos del diagnóstico, pero bastan para argumentar la necesidad de transformaciones profundas y eludir las cosméticas. La semana siguiente abordaré los alcances de la Ley propuesta ante esos retos.

El mejor momento en la Universidad

Alguna vez le preguntaron al doctor Carlos Salazar Silva cuál era el mejor momento en su trabajo como rector de la Universidad de Colima. No lo dudó. Cuando firmo títulos, respondió. Sabía que los títulos son, para miles de jóvenes egresados de las aulas universitarias, el primero en sus familias, y que a partir de ellos, pueden transformar historia y autoestima.

Yo no estaba en la entrevista; lo esperábamos para subir a la camioneta y parado, distraído, escuché la respuesta y la guardé. Me pareció inteligente y sensible. El propio rector no tuvo un acceso cómodo a su título como médico.

En la semana recordé aquel episodio porque participé en dos exámenes de titulación en la Facultad de Pedagogía. Sendos trabajos obtuvieron mención honorífica luego de las deliberaciones del jurado. Los hicimos a través de la pantalla y las sensaciones no dejan de desconcertar, porque momentos así son ideales de cara a cara, de preferencia, con las familias de los estudiantes como testigos de honor, orgullosos de ese acto que habrán soñado durante años.

Por varios motivos los exámenes de titulación fueron especiales. Los temas abordados (educación indígena y escuelas multigrado) no son comunes en la facultad; emprender investigaciones a nivel licenciatura sobre ellos implica una conciencia social, el propósito de convertir a los segmentos más descuidados del sistema educativo en objeto de atención define el talante de los estudiantes. Visibilizarlos es una exigencia política y pedagógica.

Además, dichos proyectos nacieron durante la permanencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Colima. Allí se nutrieron y desde ahí los asesoramos. Son productos que, muerto el Instituto, testimonian un poco de la pertinencia que tuvo para abrir ventanas insospechadas. Personalmente es una razón sentimental y racional que me alegra por partida doble.

Para mí, como para el doctor Salazar, las titulaciones de estudiantes son uno de esos momentos alegres en la vida universitaria que compensan, con creces, los amargos o insípidos que a veces se nos cuelan en la cotidianidad.

Acceso libre al bachillerato universitario

Hoy leí que dos universidades públicas importantes, como la Autónoma de Puebla y la de Guadalajara, tomaron una decisión aplaudible: todos los aspirantes a sus bachilleratos tendrán espacio seguro y no pasarán por ningún proceso de admisión.

La media superior de la universidad poblana no es muy cuantiosa, pero la UdeG debe ser, con la UNAM, las más grandes en el bachillerato nacional.

La medida podría ser secundada por otros subsistemas o instituciones públicas, habida cuenta de que no habrá las restricciones históricas de espacios físicos o maestros; con ello, de paso, envían el mensaje de que este año calendario no habrá vuelta completa a las aulas.

El anuncio no esconde ni alivia la otra desgracia que pronostica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: un millón 600 mil estudiantes no ingresarán a las aulas de media superior y universitarias.

Entrevistado ayer para dos medios, puse al abandono escolar como uno de los retos cruciales para el sistema educativo mexicano. Si ya era un problema, con la pandemia amenaza convertirse en la tumba para las aspiraciones legítimas de superación de millones de jóvenes y sus familias.

Ojalá las políticas sociales e institucionales contengan la sangría y no sacrifiquen la calidad de los aprendizajes con una estrategia para salir al paso sin soluciones de fondo.

Una buena y una mala

Tengo dos noticias que comentar. Voy a comenzar con la mala, para cerrar con buen ánimo.

Esta mañana leí temprano que la secretaria de Salud informó que todo el estado de Colima ya se encuentra en la fase 3. El aumento sostenido de infectados por coronavirus y las muertes incesantes nos colocan en situación delicada. Para peor: estiman una duración de mes y medio, o sea, que todavía estamos muy muy lejos de respirar con alguna tranquilidad, mientras por las calles caminan a sus anchas la irresponsabilidad y los analfabetas funcionales. A pesar de ello, la Universidad anuncia que la siguiente semana volveremos a las escuelas para preparar el siguiente ciclo escolar, lo que resulta contradictorio con la situación emergente. Veremos.

La buena noticia, que alienta esperanza, es que las pruebas en humanos de vacunas contra el COVID-19 ya tienen resultados alentadores, especialmente la que se crea en la Universidad de Oxford. Me alegra por la vacuna, por supuesto, y porque sea en una universidad, lo que reconfirma que ellas tienen un rol protagónico, o pueden tenerlo, cuando se lo proponen y reúnen las condiciones para conseguirlo. Es un paso pequeño, y en algún momento será controvertido, pero ya habrá tiempo de analizarlo: ¿quiénes serán los primeros en vacunarse? ¿La vacuna será un privilegio de los países poderosos, donde se produce? ¿Primero los niños, los adultos, las mujeres? ¿Los pobres, países y personas, alcanzarán vacunas?

Había cerrado mi ciclo de conferencias en este periodo, pero no pude negarme a la invitación del Instituto Tecnológico de Roque, Guanajuato, interesados luego de haber conversado con profesores del Tec. de Celaya y otras instituciones. Será mañana a las 11, así que debo estudiar. Hoy no habrá música ni cine. ¡Buenas noches!

Universidades y pandemia

Fin de semana de vacaciones en la Universidad. Días de ocio indispensable. Leo por la mañana un capítulo de Carlos Alberto Torres, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Se llama “Ciudadanía global y el papel de las universidades”, presentado en un seminario organizado en agosto de 2015 por la UNAM. Está incluido en el libro ¿Hacia dónde va la universidad en el siglo XXI?, coordinado por Humberto Muñoz García y publicado por Miguel Ángel Porrúa y el Seminario de Educación Superior de la máxima casa de estudios nacional.

Lo analizo con una clave doble: por un lado, el texto reciente que escribí sobre las universidades en el pasado y el presente; por otro, con la pandemia que hizo sucumbir también los modelos educativos de las universidades mexicanas.

Cuando se acerca al final, Carlos Alberto Torres afirma las funciones características de las instituciones de educación superior y las distinciones entre ellas y los otros niveles del sistema escolar. Pondera la producción de investigación científica pura y aplicada y la preservación del conocimiento de las civilizaciones; luego, la formación de personas y las comunicaciones. Su énfasis probablemente no me conmovería si las circunstancias fueran distintas, pero es imposible leer los textos sin los contextos, como nos enseñó Paulo Freire.

El profesor Torres escribe: “Éstas -las universidades- tienen responsabilidades clave en relación con las tecnologías de la información, sobre todo cuando vivimos en una ‘sociedad virtual’, y cuando los modelos de educación a distancia están creando nuevos modos de aprendizaje permanente. Las universidades han tenido una responsabilidad histórica en la difusión del conocimiento en la sociedad en general”.

Me detengo ahí. Con ánimo inquisitivo y curiosidad repaso lo que hicieron las universidades mexicanas frente a la pandemia; lo que están haciendo, las decisiones que públicamente se conocen. Antes que balbucear respuestas, deslizo preguntas: ¿las universidades, en estos tiempos inciertos y frágiles para la condición humana y los sistemas educativos, han hecho lo que les correspondía? ¿Cumplieron su papel? ¿En efecto, las universidades están creando otros modos de aprendizaje permanente? ¿Atendieron la responsabilidad histórica en un momento en donde fallaron los mecanismos instituidos y se desafía la imaginación?

¿Más allá de lo que pudieron hacer, les corresponde una tarea principal en la reorientación de los sistemas educativos pospandemia?

Me circunscribo al ámbito de Colima: ¿es posible construir un espacio de colaboración efectiva entre el sistema educativo estatal y las instituciones de educación superior donde se forman especialistas y se investigan los temas educativos? ¿Es deseable una colaboración distinta, inédita, más allá de convenios y formalidades, una que constituya a Colima, ahora sí, en un referente para México en materia pedagógica?

Esta podría ser la oportunidad que no buscábamos ni esperábamos, pero podríamos aprovechar.