El 20 de noviembre se contempla como plazo límite para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del año próximo. La fecha, como se sabe, venció el viernes anterior, pero con un artilugio legal la Cámara de Diputados se declaró en receso y “paró el reloj legislativo”.

Se ha escrito y dicho abundantemente sobre las implicaciones, énfasis y recortes del proyecto enviado por el presidente de la República. Las protestas tienen paralizada a la Cámara y las negociaciones entre los sectores inconformes y los congresistas siguen candentes: el pronóstico no es reservado, negociarán; qué y cómo, quedará en las sombras.

De todos los temas educativos en juego me inquietan dos: las reducciones previstas para el programa escuelas de tiempo completo y para la formación de los maestros, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE).

El primero está proyectado para reducirse en 52 por ciento respecto a lo ejercido el año en curso. Las afectaciones son varias, dos lesionarán a los actores principales del sistema educativo: por un lado, los maestros y maestras que ahora tienen su plaza en una escuela de tiempo completo y que, al no permanecer en el programa, tendrán que dividirse de nuevo, organizarse en dos o tres centros y peregrinar cotidianamente multiplicando su trabajo pedagógico y burocrático.

Por otro lado, al desaparecer muchas de las más de 20 mil escuelas de tiempo completo dejarán de percibir recursos para alimentar a cientos de miles de niños. El impacto puede ser tremendo. Gracias al programa, para esos niños la escuela, además de enseñarles lectoescritura, matemáticas y todas las disciplinas del currículum, también es la alimentadora, el espacio donde los niños eran recibidos con un desayuno y luego con comida. En un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, el efecto puede ser devastador. A eso debemos agregar distintas evidencias que revelan los buenos resultados que estaban consiguiendo las escuelas participantes en el programa.

Si estas cuestiones contradicen la bandera de la equidad y el combate a la pobreza, el segundo tema refuta el discurso oficial de la revalorización del magisterio. ¿Cómo se puede revalorizar a un gremio cuando se le debilitan los insuficientes recursos? ¿Cómo se fortalecen las escuelas normales escamoteándoles dinero? Está claro que no todos los problemas de la educación, en particular, de las normales, se resuelven con presupuesto, pero hay carencias y problemas que lo reclaman con urgencia.

La austeridad en los recursos públicos es una premisa insoslayable, que debe fortalecerse y depurarse, sin duda, que se aplaude y reconoce, pero no debe ser pretexto para aplicar recortes indiscriminados que castiguen el estratégico sector educativo, menos cuando las evidencias lo avalan.

Más que discursos bondadosos, la escuela necesita fortalecerse, mejorarse todo lo posible, corregirse lo necesario y apoyarse con responsabilidad y sensibilidad. Hoy, tristemente, no lo vemos. ¿Se consumará la desgracia?