Cuando concluya el sexenio de Ignacio Peralta, la deuda del gobierno estatal con la Universidad de Colima se acercará a los 300 millones de pesos.
A una quincena del cierre de la administración el impago dejará un hoyo enorme en las finanzas de la institución educativa, en un momento en que las necesidades crecen por los efectos de la pandemia y la vuelta a las escuelas de miles de estudiantes universitarios.
La de Colima, como el resto de las universidades públicas del país, tiene frente a sí dos hechos que la desafían a una transformación no cosmética.
Por un lado, debe fortalecer el equipamiento, la conectividad en todos sus campus e instalaciones y profundizar la preparación de los maestros de cara a montar una universidad digital, diseño que va más allá de sólo comprar y usar pantallas o impartir clases por Meet o Zoom. Es un nuevo concepto de la Universidad. Otra idea, más rica y potente.
Por otro lado, con el concurso de los distintos niveles de gobierno, las instituciones públicas de educación superior deben hacer realidad el derecho a la enseñanza gratuita, como ya está definido en el artículo 3º de la Constitución del país.
Ambas circunstancias no pueden afrontarse con el mismo proyecto educativo, porque las condiciones cambiaron. Tampoco es posible sin recursos gubernamentales para atender los rubros indicados.
Así como devolver la lejana seguridad o concluir las grandes obras del sexenio son imposibles con puros discursos y austeridad, la educación reclama una participación tan extraordinaria como todavía no percibimos en el sexenio de López Obrador, con presupuestos y no sólo revalorizaciones de papel.
Este es, también, el panorama con el cual la gobernadora colimense asumirá el mando. Se terminó la etapa de promesas y declaraciones; siguen los hechos.
Ojalá la ciudadanía local hayamos aprendido las muchas lecciones que nos deja este sexenio que devastó esperanzas y multiplicó problemas.