El futuro inmediato de la universidad pública mexicana tiene los mismos rasgos de los recientes años electorales en que se eligió al presidente de la república: un contexto crítico en el país (violencia, inseguridad, pobreza) y con restricciones financieras para el desarrollo social, producto del modelo neoliberal adoptado a principios de la década de los ochenta. Un tercer rasgo completa el cuadro: alta expectativa sobre las responsabilidades de las universidades. En suma: menos recursos, sociedad convulsa y más exigencias.
¿Cuál puede ser el resultado de tal combinación? Más allá de la buena voluntad u optimismo, no vislumbro un camino que conduzca a conclusiones prometedoras. Explicarlo trasciende este espacio y lo dejaré para posterior ocasión.
En la literatura sobre la educación superior mexicana hay consensos en torno a los retos para construir un sistema educativo eficiente, socialmente pertinente y relevante en sus aportes científico, humanístico y cultural. Tres son, por lo menos, bastante visibles:
1) Edificar una política de Estado para las universidades e instituciones de educación superior, que trascienda sexenios y gobiernos, lo que demandaría, entre otras acciones, promulgar una ley nacional para la educación superior, e incluso la creación de una secretaría separada de la actual SEP, como en otros países.
Lo más importante de este desafío es que la educación permanezca al margen de voluntades coyunturales o facciosas, de las desavenencias entre poderes; que las universidades no tengan que ser obligadas a cabildeos anuales que pueden atarlas a grupos externos, y evitan la realización de proyectos de mediano y largo plazos, los únicos que realmente logran transformaciones sustanciales en la educación.
2) Presupuestos plurianuales, basados en proyectos de esa perspectiva, con rutas estratégicas y evaluaciones académicas de procesos y resultados; con revisiones financieras ad hoc, en sistemas eficientes y desburocratizados, que eliminen la racionalidad tecnocrática y la coloquen en la justa dimensión que debe ocupar: no son los soportes los que dan identidad, son las funciones sustantivas.
Por otro lado, no amerita explicaciones: el tema financiero es crucial para la sustentabilidad no sólo económica, también para su vida académica y la propia gobernabilidad de las instituciones universitarias.
3) El ejercicio de una autonomía firme, respetuosa del Estado y comprometida socialmente, de ninguna forma sujeta a caprichos y voluntades personales; una autonomía responsable, obligada a rendir cuentas desde la comprensión de su lógica, como proyecto cultural y social más y no como entidad empresarial.
Hoy, bajo el imperio de la llamada “era de la evaluación” (en realidad, examinación) ligada al financiamiento, el resultado es una autonomía acotada, severamente determinada. No se trata de erigir un poder extraterritorial sino del reconocimiento de lo que en otros países es obvio: las universidades son autónomas o no lo son.
Si en estos retos se puede avanzar en la coyuntura de las próximas elecciones presidenciales, habremos transitado hacia un porvenir menos incierto para las universidades. Eso no será suficiente, por supuesto, pero sin eso es inviable.