Se consumó la desaparición de 109 fideicomisos con la votación del Senado. Después, se anunció que pronto terminarán las auditorías y se denunciará a los responsables. Primero el castigo, luego el juicio.
A este gobierno federal hay que entenderlo antes de juzgarlo, para comprender su lógica. La nuestra, o la mía, es que primero debieron ser las indagatorias y los juicios justos, enseguida, las decisiones y sanciones correspondientes.
Insisto: a este gobierno, primero debemos entenderlo. Cortan de tajo 109 fideicomisos sin diseñar o hacer públicas las alternativas para incentivar, por ejemplo, la ciencia, la tecnología y la innovación, o la articulación entre universidades, centros de investigación, empresas y gobiernos.
Repito. No es fácil comprenderlo. Se mueve con otra lógica. El discurso del secretario de Educación Pública es reiterativo hasta el cansancio: apuesta a la dignificación del magisterio, pero a la hora de los presupuestos, cuando la demagogia se pone a prueba, recortan brutalmente el dinero para desarrollo docente y formación de nuevos maestros.
Con estas decisiones que desde alguna racionalidad parecen desconcertantes, no asoman buenos tiempos para las universidades públicas.
Esta semana, las instituciones de educación superior de la región centro occidente, agrupadas en la Asociación Nacional de Universidades, emitieron un comunicado con título elocuente: Por el rescate de la educación superior.
Sus titulares confiesan con cuidadosa oratoria: “vemos con gran preocupación y desánimo las políticas presupuestales” de los últimos dos años.
Hacen cuentas: de 11 fondos para las universidades en 2015, sólo quedan 3. De una bolsa de 6,900 millones de pesos, se redujo a 1,374 millones. Afirman que están operando con menos recursos que hace 5 años.
Sombrío panorama, dicen los rectores.
Algunos celebrarán los recortes bajo el discurso de la austeridad, o la corrupción. Que la segunda se investigue y castigue, de acuerdo; que la primera se produzca sin regatear lo esencial. ¿Es mucho pedir?
Los presupuestos recortados no castigan a los rectores o autoridades, atentan contra maestros y estudiantes.
Aunque nos cueste entender la lógica de este gobierno, la educación no es un adorno, y no se educa desde la demagogia o la incoherencia.