La nota periodística de La Jornada, escrita por Víctor Ballinas y Andrea Becerril el 10 de septiembre, comienza así: “Con el aval de todas las fuerzas políticas, se presentó ayer en el Senado la iniciativa de Ley de Educación Superior, en la que se establecen las bases para que el Estado cumpla con la obligación de garantizar el derecho de los mexicanos a la instrucción universitaria gratuita”.
Según la nota, en el artículo 64 de la iniciativa, el Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación “establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior”; ese fondo permitiría “apoyar el incremento de la cobertura de educación superior, mejorar la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa, y garantizar el financiamiento plurianual de la infraestructura, equipamiento, instalaciones, incremento de la planta docente y gastos de operación de las instituciones públicas de educación superior”.
A reserva de las discusiones que puedan suscitarse, el consenso para su presentación, con la participación de todos los partidos, supone que no habrá problemas para una aprobación rápida. Aplausos unánimes.
Pero aparecen las contradictorias posiciones en el partido gobernante respecto a la educación. Un día antes de la iniciativa, en el Senado se entregó el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2021. Desde los primeros análisis hubo rechazo en distintos sectores magisteriales. Destaca, tristemente, el recorte de varios programas federales que sostendrían el discurso de la educación con equidad, entre ellos, la desaparición de tres: Escuelas de Tiempo Completo, Expansión en la oferta en educación media superior y superior y Fortalecimiento a la excelencia educativa.
Lo mismo sucede con el no menos despiadado recorte del presupuesto para las escuelas normales, cuando el secretario de Educación Pública ha insistido durante dos años en la revalorización del magisterio, la relevancia de las escuelas normales y la sensibilidad de la SEP para trabajar junto a los maestros.
Contra el discurso, el presupuesto dicta otra línea. El mismo día la Junta de la Coordinación Nacional de Autoridades de Educación Normal, en representación de las 32 entidades, expresó su “preocupación” por el presupuesto que les asigna el Proyecto de Egresos. La educación normal sólo recibirían 20.6 millones de pesos, equivalente a 229 pesos por estudiante en 2021, denuncia en su pronunciamiento dirigido a los secretarios de Educación Pública y Hacienda y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Tijeretazo brutal de 95.3% con respecto al presupuesto 2020.
La primera decisión tendrá hondas implicaciones. Constituirá un punto y aparte en la historia de la educación nacional, aunque los cambios en la ley queden lejos de las realidades. Las universidades públicas autónomas tendrán que comenzar procesos de ajustes internos graduales, como todo el sistema, lo cual obligará a discutir seriamente los procesos de admisión, entre otros temas.
Pero el presupuesto para 2021 también tendrá repercusiones graves, aunque tal vez sea sólo pasajero y, lo mejor, pueda rectificarse en las discusiones del Congreso.
Los dos hechos están ahí. De alguna forma reflejan el estilo de gobernar, con mensajes contradictorios y decisiones que a veces no se sustentan en condiciones factibles. Dos de los programas que fortalecerían la decisión trascendente sobre la educación superior (Expansión en la oferta en educación media superior y superior y Fortalecimiento a la excelencia educativa) están orientados a esos propósitos; quizá su pecado es que no fueron creados en este sexenio. Es verdad que hay un ligero incremento global para educación media superior y superior, pero la organización “Mexicanos Primero” en su análisis lo atribuye a los programas de becas: financiamiento a la demanda, no a la oferta, propuesta clásica del neoliberalismo.
Cierro con preguntas obvias que circulan en el ambiente cuando se repasan estas noticias: ¿gratuidad de la educación superior sin recursos adicionales para que las universidades públicas se recuperen de los recursos que no obtendrán por concepto de cuotas? ¿Cómo se amplia el cupo de las universidades públicas sin más recursos para contratación de profesores? ¿Alguno de los magos de la política oficial tiene la respuesta?